Patrimonio cultural
Anatomía de un destrozo: así se reventó el complejo arquitectónico de Canalejas

La batalla de Madrid Ciudadanía y Patrimonio por la conservación de bienes y elementos protegidos de la cultura, la historia y la arquitectura madrileña llevó a esta asociación a denunciar la intervención en el edificio Canalejas, en el metro Sevilla, a escasos metros de la Puerta del Sol. El motivo fue el expolio del patrimonio cultural, que tomó forma de destrucción de las partes del complejo que habían quedado a salvo de la demolición para la construcción de un complejo hotelero en el centro de Madrid

Ayer, 12 de junio, la Fiscalía hizo pública la petición de una pena de dos años y tres meses de prisión y la inhabilitación por cuatro años del arquitecto encargado de la obra, Carlos Lamela. Lamela reconoció haber cometido un error en la destrucción de la crujía —una galería sobre una de las fachadas del edificio— del complejo de Canalejas, que contaba con seis edificios construidos en los siglos XIX y XX.

La Fiscalía acusa a Lamela de daños al patrimonio histórico de Madrid, algo que uno de los portavoces de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio considera una buena noticia pese a que el daño “es irreversible”.

expolio y negocio

Actualmente, la parcela trapezoidal en la que se extiende Canalejas está enmarcada por la fachada, el único elemento que ha permanecido tras la destrucción del complejo edificado a finales del XIX por José Grases Riera, autor de la actual sede del Consejo General del Poder Judicial o de la actual sede de la Sociedad General de Autores Españoles. Durante más de 80 años, el complejo creció en interés arquitectónico, gracias a las intervenciones de arquitectos como Javier Barroso Sánchez-Guerra o a las vidrieras de la Casa Maumejean.

Dos edificios sobresalían en un conjunto característico de la arquitectura bancaria del desembarco madrileño en la era moderna: la sede del Banco Hispano Americano y la sede histórica del Banco Español de Crédito (Banesto, grupo Santander), llamada de La Equitativa, por su origen en esta agencia de seguros.

En 1999, al Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid estableció el Complejo de Canalejas como Bien de Interés Cultural (BIC). Pero faltaba por llegar el Partido Popular, que en 2012 revocó parcialmente la calificación de Bien de Interés Cultural: “El daño patrimonial fue por responsabilidad compartida del ayuntamiento de Ana Botella y de la Comunidad de Madrid, de Ignacio González. Y lo consumaron retirando la categoría de BIC que tenía el Conjunto Canalejas, limitándola a la fachada de la primera crujía”, dicen desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio.

Pocos meses después, el 20 de diciembre de 2012, el Grupo Obrascón Huarte Laín (OHL) —del marqués de Villar Mir— cerraba la compra al Banco Santan­der, por 215 millones de euros. Una parcela de 6.500 metros cuadrados con una edificabilidad de 46.330 m2. Para la operación, Villar Mir contó con el apoyo de Aguirre Newman, empresa de asesoría inmobiliaria vinculada a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid.

El tercer paso para el destrozo de este complejo en el corazón de Madrid, lo daría el Ayuntamiento de la capital, por obra de la exalcaldesa, Ana Botella. El 21 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno aprobaba la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para el área Sevilla-Canalejas, “para facilitar el incremento de la actividad comercial en el ámbito”. Una resolución que se haría oficial con el visto bueno del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en enero de 2014.

Quedaba expedito el camino para la transformación de los siete edificios en un solar. Y solo permanecía una condición, que se respetara la crujía de la fachada, única superviviente de la catalogación como Bien de Interés Cultural del edificio. A contrarreloj, Madrid Ciudadanía y Patrimonio presentó en marzo de 2014 una denuncia por “expoliación” de patrimonio histórico protegido.

En septiembre de 2014, las grúas y las piquetas iniciaban el proceso de demolición del conjunto, comenzando por el edificio del número seis de la calle de Alcalá. Solo un mes después, el juez desestimaba una denuncia del grupo R&A Palace por destrucción del Patrimonio y por reventa de terrenos por parte del Santander a OHL.

Al poco tiempo, en marzo de 2015, el propio área de Urbanismo paralizó las obras de OHL, ante la sospecha de que la constructora estaba demoliendo elementos protegidos, constatada tras una visita al complejo en febrero de ese año.

El cambio

Tras un tira y afloja de seis meses, en octubre del mismo año, OHL y el Ayuntamiento pactaban seguir adelante con el proceso. Una reducción de los permisos de construcción para las viviendas de lujo que el grupo de Villar Mir planea en el complejo comercial, que pasaron de 30 a 22 viviendas, y la eliminación del intercambiador de autobuses en el subsuelo del edificio, fue suficiente para que se diera luz verde a la reanudación del proyecto.

Pese a que Canalejas era la herencia recibida por el área de Urbanismo, desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio reconocen que habían esperado “que el actual Ayuntamiento hubiera sido más exigente con el proyecto, para evitar que este daño se consumara”, pero lamentan “que nada fue hecho para evitarlo”.

En 2017, el concejal de Urbanismo de Ahora Madrid, José Manuel Calvo, defendía en un artículo en prensa la habilidad de los gobiernos “responsables” para no espantar a los “inversores”. Pero Calvo olvidaba las causas abiertas en torno a la operación: la denuncia de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio por la expoliación, el frente abierto por R&A Palace y las sospechas de que la Comunidad de Madrid manipuló su Ley de Patrimonio a solaz de OHL. 

“Hay una máxima en el urbanismo madrileño que dice que todo el urbanismo lo paran los tribunales”, decía en una entrevista a Diagonal la concejala del PSOE en el Ayuntamiento Mercedes González. En el caso de Canalejas, sin embargo, hay un hecho que no tiene vuelta atrás. Quienes paseen por la zona pueden adivinar el cascarón vacío de un pasado que Madrid ha perdido de forma definitiva.