Opinión
Fondos europeos: realidad y despropósitos

Decir sí a los fondos coloca a EH Bildu y Sortu más cerca de la posición de los partidos sistémicos que de los movimientos sindicales y sociales que confrontamos el modelo europeo neoliberal.
Iberdrola Bilbao
Álvaro Minguito A la izquierda, el edificio de la subdelegación del Gobierno español en Bilbao; al fondo, el rascacielos de Iberdrola.
Responsable de Estudios del sindicato ELA
31 mar 2021 05:50

Las bases de los fondos europeos se pusieron hace más de 10 meses. El primer elemento a destacar de este programa es su condicionalidad. Desde el principio quedó claro que para acceder a los fondos hay que comprometerse a aplicar recortes y políticas presupuestarias de austeridad. 

El Reglamento definitivo de los Fondos, publicado el 18 de febrero, regula un proceso permanente de reformas. Hay que comprometerse a ello al solicitar los fondos. La actual negociación entre el Gobierno español y Bruselas para concretar los recortes de las pensiones que se van a presentar en el Plan del Estado español es un ejemplo de ello. Además, habrá nuevos recortes a través de las Recomendaciones anuales de las instituciones europeas, dentro del proceso del Semestre Europeo. 

Si un Estado no cumple estos compromisos, deberá devolver los fondos recibidos, e incluso se vuelve a recuperar la Troika como elemento de presión, como en 2008. Como se ve, los fondos son un instrumento de intervención de las políticas públicas. 

La otra cuestión relevante es el destino de los fondos. Solo una parte ínfima de los fondos van a ir a parar a las instituciones para afrontar las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social. Los fondos, en realidad, están planteados para financiar los proyectos de las grandes empresas transnacionales, como Petronor (Repsol) o Iberdrola. 

La llamada transición ecológica de la Unión Europea consiste en favorecer los macroproyectos de las grandes multinacionales. Los fondos son vistos, desde esta lógica, como la oportunidad para impulsar la recomposición del gran capital europeo en una pugna internacional, un diseño que ya estaba en marcha. 

Afrontar la crisis ecológica de manera justa requiere de fuertes fondos en manos de los gobiernos, y unas políticas al servicio de las mayorías sociales y de la sostenibilidad de la vida. La propiedad pública y la gestión social de los sectores estratégicos (la banca, el sector energético, telecomunicaciones, etc.) son esenciales para ello. Los fondos europeos van en sentido contrario. 

Por tanto, es necesario confrontar con este modelo de fondos. Cuestionarlos de raíz, tanto por la condicionalidad que conllevan como por su diseño. Eso es lo que ELA lleva señalando desde hace casi un año, planteando diversas alternativas, tanto en el plano europeo como en el ámbito de Hego Euskal Herria. 

Críticas a nuestra postura

En las últimas semanas se han publicado en Gara y en la página web de Iratzar Fundazioa al menos 4 artículos de dirigentes de Sortu (Pello Otxandiano) y EH Bildu (Larraitz Ugarte) criticando directamente nuestra posición. Consideramos oportuno realizar algunas consideraciones sobre esas opiniones. 

En primer lugar, ambos autores asumen la tesis de que esa condicionalidad “dependerá de la presión que se ejerza en este país”. Visto lo aprobado definitivamente, relativizar la condicionalidad es como ir a jugar un partido de baloncesto que empieza 30-0 en contra, y en el que el árbitro, que lo ha puesto el equipo contrario, puede al final de cada cuarto cambiar de nuevo el marcador a su antojo. En nuestra opinión es mejor no aceptar esas reglas, cuestionarlas y exigir otras nuevas para ponerse a jugar. 

En segundo lugar llama la atención la lectura positiva que hacen de la actual Europa. Para Ugarte “la Unión Europea ha marcado unas prioridades que coinciden con los objetivos de cualquier fuerza de izquierdas”. Otxandiano califica el momento de “keynesianismo pandémico” y ve opciones de que se esté planteando un cambio de rumbo en la orientación del neoliberalismo. Pura abstracción de la realidad. La letra de los fondos ni es de izquierdas ni vaticina ningún cambio de rumbo, más bien al contrario. Si se ve ahí algo de izquierda es porque se abandona cualquier análisis crítico y existe un desinterés o incapacidad para plantear alternativas.

 Renunciar a cuestionar con rigor las políticas neoliberales y, encima, pasar a descalificar la falta de capacidad estratégica de quienes no compartimos esa posición es de nota

ELA hizo campaña por el NO en el referéndum del Tratado de la Unión Europea, entre otras razones porque suponía “constitucionalizar” un modelo neoliberal. Desde ese momento las cosas en la UE no han hecho más que empeorar, imponiéndose toda una estructura que trata de impedir la aplicación de políticas sociales. Eso es lo que se recoge en la letra de los fondos. Decir sí a los fondos coloca a EH Bildu y Sortu más cerca de la posición de los partidos sistémicos que de los movimientos sindicales y sociales que confrontamos el modelo europeo neoliberal. 

En nuestra opinión la única opción para cambiar el rumbo del neoliberalismo está en cuestionar con rigor sus políticas, plantear alternativas claras e impulsar la movilización social. Renunciar a ello, y encima pasar a descalificar la falta de capacidad estratégica de quienes no compartimos esa posición es de nota. Como señala el manifiesto de la iniciativa Euskal Herria Kapitalari Planto! (en la que participamos diferentes sindicatos y organizaciones sociales), es necesario “el cuestionamiento radical de la lógica neoliberal en la que se enmarcan los planes relacionados con los fondos europeos. Vamos a combatir esa lógica… Entrar al debate sobre el destino de los fondos, obviando su esencia, es una trampa, en la que no vamos a caer”. No solo ELA ve las cosas de esta manera. 

En tercer lugar, EH Bildu y Sortu parecen asumir que la transición ecológica es dar dinero público para que, por ejemplo, se construya una empresa de baterías sólidas para que Mercedes produzca vehículos eléctricos. “¿Cuál es el problema sindical?”, ha preguntado Arnaldo Otegi. El problema es que eso nada tiene que ver con la transición ecosocial, como antes hemos indicado. Y ELA no cree que, en su caso, haya que pagarla con dinero de todas y todos y a costa del recorte de las pensiones. Esos son los problemas. 

“¿Cuál es el problema sindical?”, ha preguntado Arnaldo Otegi. El problema es que eso nada tiene que ver con la transición ecosocial, como antes hemos indicado

Toda esta operación de insuflar miles de millones de euros a empresas privadas (Iberdrola ha presentado proyectos por un valor de más de 20.000 millones de euros), recuerda mucho a lo que pasó tras la crisis de 2008, salvando las distancias. En aquel momento se rescató a la banca. En 2021 se pretende engordar las cuentas, ya bien nutridas, de determinadas empresas multinacionales. 

En cuarto lugar, los autores asumen la idea de lluvia de millones, de maná que va a venir del cielo. El estado español podrá acceder como máximo a 140.000 millones de euros (la mitad créditos y la otra mitad transferencias). Pero el Banco Central Europeo estima que el saldo para el estado español será de 39.000 millones como tope. Es decir, de los 140.000 millones el Estado tendrá que devolver 100.000 (los créditos más el pago de la parte correspondiente del programa de transferencias). Y el Gobierno vasco y el Gobierno de Navarra tendrán que contribuir ampliamente vía cupo y aportación. Esto va a suponer una fuerte necesidad de endeudamiento, deuda pública que habrá que pagar, en detrimento de las inversiones sociales. Nada nuevo sobre esta materia. Como se ve, la operación dista de ser un chollo para las instituciones.  

La quinta consideración es que, tanto Ugarte como Otxandiano, dicen que no es posible acometer una reforma fiscal que pueda servir como alternativa a los recursos que, supuestamente, puedan llegar a Euskal Herria a través de los fondos. Es una afirmación de enorme gravedad, por un lado porque no es cierta, y por otro porque acredita una preocupante falta de voluntad y convicción en defender un elemento central para la izquierda, la distribución justa de la riqueza. Una renuncia política que para ELA no puede pasar desapercibida. 

Toda esta operación de insuflar miles de millones de euros a empresas privadas (Iberdrola ha presentado proyectos por un valor de más de 20.000 millones de euros), recuerda mucho a lo que pasó tras la crisis de 2008

La presión fiscal en Hego Euskal Herria está muy por debajo de la media europea. Para llegar a la media de recaudación europea se deberían obtener al año 6.000 millones de euros más en la CAPV y más de 2.000 en Navarra. Equiparar la presión fiscal a la europea supondría obtener en un solo año bastante más dinero que el total de lo que va a llegar en los próximos ejercicios a través de todos estos fondos. 

EH Bildu y Sortu hacen, de esta manera, una renuncia explícita a pelear una reforma fiscal justa. Es cierto que las mayorías son las que son. Pero, ¿son mejores las mayorías a nivel europeo para decidir la estrategia europea? ¿Es más fácil ir de la mano del PNV a defender en Madrid determinados proyectos de país? ¿De verdad alguien se cree eso en EH Bildu o Sortu? Decir que no se puede hacer una reforma fiscal pero que se puede hacer que los fondos sean buenos es un salto en el vacío imposible de justificar. 

Queda claro que la reforma fiscal no es una prioridad para EH Bildu. Esto explicaría, por ejemplo, que tras más de cinco años de la salida de UPN del Gobierno de Navarra se siga en ese territorio con la misma fiscalidad que con Barcina

Queda claro que la reforma fiscal no es una prioridad para EH Bildu. Esto explicaría, por ejemplo, que tras más de cinco años de la salida de UPN del Gobierno de Navarra se siga en ese territorio con la misma fiscalidad que con Barcina, a pesar de que EH Bildu haya apoyado los distintos gobiernos posteriores. 

Abrazar los fondos se puede entender como parte de una estrategia en la que la prioridad  de la acción institucional de EH Bildu no es la defensa de los derechos laborales y sociales. Es indefendible que EH Bildu haya votado a favor del Real Decreto Ley que regula los Fondos en el Estado español, que declaran la fiesta de la cooperación público privada y dejan en manos de Pedro Sánchez la decisión plena de qué presentar a Bruselas. Lo mismo se puede decir de haber dado por bueno el contenido del Pacto de Toledo, que lejos de dar respuesta a las reivindicaciones del movimiento de pensionistas y de la huelga general del 30 de enero de 2020, anticipaba ya los recortes que se están negociando con Europa. 

Tener otras prioridades es una opción, pero en ese caso es un despropósito pretender hacer comulgar con ruedas de molino a quienes todos los días estamos peleando en los centros de trabajo y en la calle para defender el empleo, atajar la precariedad, exigir la publificación de los sectores de cuidados, dignificar el sistema público de pensiones o una reforma fiscal fuerte y urgente. Que en Euskal Herria tengamos el mayor nivel de conflictividad laboral de Europa no es, precisamente, porque “algún sindicato”, como dice Ugarte, esté viendo los toros desde la barrera. 

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