Okupación
Hogar disponible hasta el 1 de junio

En el pasillo de la segunda planta huele a guiso. Es casi mediodía e hijos, yernas y nietos empiezan a llegar a este piso ocupado de la urbanización Monte Pedrera, en Dénia (Alicante). Cecilia y Alberto [nombres ficticios] cocinan en el fuego un gran puchero con aroma a invierno. Viven aquí desde hace tres años, aunque probablemente este mes de enero tengan que despedirse del que consideran su hogar.

La de esta pareja es una de las últimas familias ocupas de este edificio, conocido por los lugareños como “el monstruo amarillo”: una urbanización laberíntica que en mayo de 2019 fue noticia en los periódicos por una denuncia de los propietarios, quienes aseguraban vivir bajo amenazas y continuas agresiones. Las cámaras de casi todos los informativos nacionales acudieron a la urbanización e incluso hubo una conexión especial con un matinal de Telecinco. Les bautizaron como “okupas de lujo”, pero no se profundizó en los motivos por los que esas 23 familias habían llegado a esa situación en un enclave tan turístico. Las cámaras se fueron sin mencionar que el edificio de Monte Pedrera es solo el rostro más salvaje de la escasez de vivienda accesible en la capital de la Marina Alta, la punta del iceberg de un fenómeno silencioso y perverso que contrasta con el exceso de apartamentos vacacionales.

De inquilinos a okupas

En la ciudad de la gamba roja y el descanso en primera línea de playa, conseguir un alquiler anual es una odisea para los residentes que mantienen viva Dénia durante las cuatro estaciones. En ese contexto, hace cuatro años, Monte Pedrera se presentó como una oportunidad. Vecinos y vecinas llegaron a la urbanización atraídos por los bajos precios de alquileres anuales, una suma de dos variables muy difícil de encontrar en la ciudad.

Elena [nombre ficticio] no se lo pensó y, en 2016, se mudó con su hija a uno de estos apartamentos. Pagaba 250 euros de alquiler sin contar los gastos. El arrendador era una empresa que se encargaba de gestionar las 51 viviendas de la urbanización que la constructora Japsa no había podido vender a causa de la crisis. Elena cuenta que un día llegó un hombre que no conocían a pedirles el alquiler. Se presentó como miembro de la promotora y aseguraba que todos los inquilinos tenían deudas: “Entonces éramos mucha gente, trabajadores de todo tipo, que habíamos caído en una estafa por buscar un alquiler asequible”, recuerda Elena.

“Hubo un momento en el que no sabíamos a quién debíamos abonarle la renta porque se personaban dos hombres diferentes para recogerla, así que un abogado nos dijo que dejáramos de pagar hasta que no se aclarara a quién pertenecían esas 51 viviendas”, declara Elena. Japsa tenía deudas con la comunidad —a día de hoy ascienden a unos 250.000 euros, según el administrador de la finca— y había dejado de pagar el préstamo al banco, así que en diciembre de 2018 la titularidad de las viviendas pasó a ser del Sabadell.

La entidad bancaria las vendió a un fondo todavía anónimo que empezó un proceso de desalojo y desocupación con la intención de recuperar las viviendas y ponerlas en venta. “Fuimos a juicio y al final nos dijeron que pagáramos el alquiler atrasado y que nos fuéramos”, recuerda esta antigua inquilina. Muchos pagaron y se quedaron, algunos se fueron y otros se quedaron sin pagar el alquiler atrasado. “Yo me fui por todo el estrés que me había causado vivir allí, pero tardé un poco porque me costó encontrar un sitio para mi y para mi hija”, asegura Elena, que ha pasado de pagar 250 euros de alquiler a abonar 650. Ahora mismo, más de la mitad de su sueldo es para el piso y los gastos de luz y agua.

Sabadell vendió las propiedades a un fondo todavía anónimo que empezó un proceso de desalojo y desocupación con la intención de recuperarlas y ponerlas en venta

Cecilia y Alberto se quedaron porque no sabían adónde ir. Sus hijos y nietos habían empezado a llegar a la urbanización y no encontraban un lugar al que moverse. “Aquí pagábamos 350 euros de alquiler más gastos de luz y agua”, aseguran. Su yerna, Raquel [nombre ficticio], tiene 23 años y tres hijos. Entró a vivir directamente como ocupa y asume las acusaciones de los propietarios de Monte Pedrera hacia su familia, pero argumenta la dificultad de acceder a una vivienda anual que pueda permitirse. “Yo nunca ocuparía una vivienda que fuese de alguien”, asegura. “A mí me gustaría pagar un alquiler normal y vivir tranquila, pero no tenemos ingresos fijos ni nóminas que presentar, y además somos gitanos, así que lo tenemos más difícil”, afirma.

Ricardo [nombre ficticio] fue uno de los vecinos que llegó a Monte Pedrera en este periodo de inestabilidad por la titularidad de los pisos. Volvió de trabajar fuera y estuvo un mes viviendo en casa de unos amigos mientras buscaba un alquiler. Tenía dinero para pagar la entrada y varios meses, pero le pedían un contrato de trabajo fijo, de lo que carece. Trabaja en hostelería y sus empleos acostumbran a ser temporales. Estuvo viviendo allí más de un año hasta que encontró un alquiler que podía asumir: “No creo que nadie quiera vivir de ocupa y que te corten la luz y el agua con frecuencia, como pasaba en Monte Pedrera a pesar de que había familias con niños”. No es una opción fácil, reconoce, pero alquilar una vivienda también es algo complejo “cuando atraviesas un momento difícil”.

En el ecuador del verano del año pasado, Ricardo consiguió una casita vieja muy barata que tiene que reparar, pero en la que puede vivir sin irse cuando llega el periodo estival. “Si tuviera que pagar un alquiler de 400 euros todos los meses lo tendría muy difícil”, asegura. Cuando los turistas se van, se va con ellos una parte importante de la oferta de empleo. Según los datos oficiales del paro, cada año 3.000 trabajos desaparecen en Dénia cuando finaliza el verano, un dato que sumado a los elevados precios del alquiler, se traduce en inviernos duros.

Enrique, propietario de un bar en la zona céntrica, ha pasado meses sin poder pagar el alquiler de su casa para hacer frente a los gastos del negocio en invierno. Afortunadamente, cuenta, su arrendador entiende la ola estacional en la que se mueve la ciudad y le perdona algún atraso que debe pagar en verano. Pero esto, reconoce, no es lo habitual: “Cuando se van los turistas es muy difícil mantener tu negocio, aquí decimos que en invierno se sobrevive… A mí no me importa apretarme el cinturón, pero si no pago el alquiler del bar me echan y me quedo sin nada. Si tengo que elegir, prefiero deber el de casa”, cuenta. Enrique paga 350 euros de alquiler sin contar los gastos: “Es un importe bajo porque es una casa vieja del centro que me costó mucho conseguir. Si mi casero no me dejara quedarme cuando no puedo abonarlos, no sé qué haría”, concluye.

Una casa por persona

Una búsqueda rápida en portales web de alquiler de viviendas basta para ver cómo los precios se triplican los meses de mayo a octubre. El cartel “disponible hasta el uno de junio” es el que más veces se cuelga en los anuncios de este tipo. Jordi Pinyol, técnico asesor de Compromís para la elaboración del Plan General Estructural de la ciudad, tiene claro que ahora mismo la ciudad vive una crisis de la vivienda anual y que se debe a una falta de voluntad. “No es una cuestión de escasez de vivienda, en Dénia tocamos a una casa por habitante”, asegura. En este municipio costero, hay 43.000 viviendas construidas y seis de cada diez de ellas permanecen vacías todo el año. En los meses de temporada alta la población se triplica, superando en muchos casos los 120.000 habitantes. “Con estas cifras se pueden identificar muchos problemas”, asegura Pinyol, “como que estamos frente a una ciudad estacional con mucha presión turística y que esto influye, y mucho, en el precio de la vivienda”.

En Dénia hay 43.000 viviendas construidas y seis de cada diez permanecen vacías todo el año

Pinyol es consciente de que los ciudadanos están pagando las consecuencias de la burbuja inmobiliaria que, si bien se sufrió en toda España, sacudió especialmente a las zonas de costa. Pinyol apunta que “el 10% de todas las viviendas que se construían en España anualmente” se levantaban en el País Valencià. Esto, explica, se refleja en el coste de la vivienda: “El precio de las casas en Dénia era muy alto porque había mucha demanda —el metro cuadrado se llegó a pagar a 3.500 euros— y muchas personas que las compraban lo hicieron para venderlas”, contextualiza.

La crisis llegó y no pudieron sacar la rentabilidad esperada: “Los propietarios no consiguieron vender a un precio que dejara beneficio, así que se empezó a cobrar alquileres muy altos”, asegura. Esto explica que el alquiler vacacional haya sido siempre la primera opción: “Algunas personas vieron que en tres meses de verano y algún fin de semana podían sacar más beneficios que alquilando la vivienda durante todo el año”, resume Pinyol, “y además, en ocasiones el ingreso se hacía en negro”.

En Dénia concurren otros factores que encarecen el precio de la vivienda y, por tanto, del alquiler. El primero es el modelo de ciudad. La extensión de su playa —unos 14 kilómetros en total desde el principio de Les Marines hasta el final de Les Rotes— la convierte en una ciudad muy horizontal y poco compacta, en la que además predominan las urbanizaciones, un modelo de vivienda con muchos espacios comunes y piscinas. “Esto encarece mucho el precio, por una parte porque muchas viviendas están en primera línea de costa, que es la más cotizada; y por otra, porque en las urbanizaciones el metro cuadrado es más caro que un edificio compacto”, explica Pinyol. “Además, los gastos de mantener una ciudad extensa son más elevados; aunque la mayoría de casas estén vacías, el camión de la basura, la policía, el agua o los servicios tienen que llegar igual”, añade Pinyol, que también asegura que los residentes anuales son los principales perjudicados de esta situación.

Un problema que se hace más complejo todavía si se añade que la principal industria de Dénia es el turismo, y por ende, la hostelería. “Si a la estacionalidad del empleo le sumamos que la hostelería es un sector muy precarizado, el resultado es la inseguridad laboral”, asevera Pinyol. El técnico asegura tener claro que, con unos sueldos dignos y estables durante todo el año, no existirían tantos problemas para pagar los 600 euros mensuales que cuesta un alquiler promedio en la ciudad. Según datos de 2019 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario bruto en el sector de la hostelería es de 1.200 euros al mes.

“Aumenta la demanda, aumentan los requisitos para acceder a la vivienda y al mismo tiempo bajan las condiciones sociolaborales que te permiten demostrar solvencia”, resume Pinyol. A este rompecabezas hay que añadir el aumento del número de inmobiliarias. Cada vez más arrendatarios demandan este servicio y los requisitos de acceso a la vivienda se vuelven más estrictos: dos meses de fianza, contrato de trabajo fijo en una ciudad que vive en verano y una nómina solvente. “Aquí mucha gente vive del negocio inmobiliario porque con una inversión cero tienes márgenes de beneficios muy altos”, sugiere Pinyol. En 2012 había 212 inmobiliarias en Dénia; en 2018 se registraron 421.

Cada vez más arrendatarios acuden al servicio de inmobiliarias y los requisitos de acceso a la vivienda se vuelven más estrictos

“Estamos en un momento en el que hay que buscar soluciones a nivel institucional, como un parque de vivienda social”, sentencia el técnico. Mientras tanto, alerta, la pobreza buscará soluciones, también las más desesperadas. “Lo más terrorífico de hoy en día es que a veces no puedes vivir de tu sueldo. Creo que las ocupaciones son una medida de desesperación”.

DesalOJO en enero

Raquel cuenta que en este momento viven de ocupa en Monte Pedrera siete u ocho inquilinos que serán desalojados en enero. El mismo día de la visita de El Salto al lugar hay dos operarios cambiando cerraduras y vaciando casas. Alberto asegura que ha intentado llegar a un acuerdo de alquiler, pero que “la empresa no quiere alquilar más, y menos a esos precios”. 

Para ellos, el piso en el que viven es su hogar. Llevan allí tres años y está recién pintado. Un cuadro que imita el beso de Klimt cuelga sobre una pared roja en el salón. Desde su balcón se ven otras de las casas ocupadas. En uno de ellos airea ropa blanca de bebé pulcramente tendida; vive una mujer joven con su hijo y con su marido, quien tiene problemas de movilidad. Uno de los bajos está perfectamente cuidado, con las tumbonas de verano listas para tomar el sol y las cortinas a juego con las fundas del sofá.

Se asoma una mujer española de mediana edad que prefiere no hablar. En algunos rellanos las puertas tienen felpudos. Una cotidianeidad que contrasta con las cerraduras forzadas, la suciedad de la piscina y de los patios y con algunos enseres acumulados en las zonas comunes. Desde 2017, los propietarios dejaron de pagar el agua, la luz y el mantenimiento de la urbanización porque, explican, la promotora no les pagaba el porcentaje de gastos que le tocaba por poseer 51 viviendas que, de no haber sido alquiladas, hubiesen quedado vacías.

“EstAmos trabajando en ello”

Cristina Morera Vengut, concejala de Igualdad, políticas inclusivas y vivienda, asegura a este medio que el Ayuntamiento es consciente de “la difícil situación del acceso a la vivienda en Dénia” fruto de “alquileres altos y escasez de opciones de alquiler anual”. “Estamos en un municipio con mucha presión turística y muchas casas vacías”, declara la regidora, quien añade que de momento “no está en las manos del Ayuntamiento ocuparlas”. Tampoco existe en el municipio un banco de vivienda social, pero Morera asegura que están trabajando con la Consellería de Vivienda para “buscar una solución a medio plazo”. En diciembre, el conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, visitó la ciudad para estudiar posibles soluciones, entre ellas, bajar el alquiler. 

No obstante, el Ayuntamiento no tiene datos de cuántas personas pueden estar en riesgo de exclusión social, de quiénes son los principales afectados por la dificultad de acceso a la vivienda, ni de cuántos desahucios ha habido en los últimos años. Informes independientes como el que elabora AIS Group sobre la pobreza en España, muestran que Dénia y Xàbia figuran entre los municipios españoles de más de 25.000 habitantes con más población en riesgo de exclusión social.

En la capital de la Marina Alta esta realidad afecta al 30,7% de los ciudadanos. No en vano, Cáritas alertó el año pasado de que la pobreza se estaba cronificando y que muchas familias no podían pagar el agua, la luz o el alquiler: “El 45% de las personas que atendimos eran nuevas”, aseguran desde la organización. En la ciudad de la bandera azul tampoco existe ningún albergue municipal donde las personas sin techo puedan pasar la noche.

En la capital de la Marina Alta, la población en riesgo de exclusión social supera el 30%

Son cifras que contrastan con los ingresos que dejan los 400 visitantes diarios que recibe Dénia durante julio y agosto. Pero se van los turistas y empieza otra etapa en esta ciudad de antiguos pescadores y comerciantes de pasas. El bullicio de los meses de verano deja paso a luces apagadas y persianas bajadas de los pisos costeros, y en las Marinas, una carretera de más de cinco kilómetros que bordea el mar, solo brilla alguna ventana solitaria. Llega el invierno a Dénia y los que se quedan, empiezan a sobrevivir.