Música
#FreeBritney

Es posible que te acuerdes de las imágenes. Con la cara desencajada y la cabeza recién rapada, Britney Spears golpea con un paraguas a los fotógrafos que rodean su coche. Era el año 2007 y la cantante llevaba casi diez en la cima del pop, cuatro en la cima de un acoso mediático que la perseguía desde su ruptura con Justin Timberlake. Los paparazzi la seguían a todas partes y la prensa sensacionalista comentaba entre burlas cada detalle de su físico, de su aspecto, de su vida privada. La fotografía robada de su rapado se convirtió en la más cara hasta la fecha, medio millón de dólares. La prensa no fue la única que quiso hacer carnaza: la peluquera puso a la venta su cabello en internet por el doble, un millón, junto a la maquinilla y la lata de refresco que se había tomado mientras estaba allí.

Años después, aquellas imágenes acabaron convertidas en memes. Si no las viste entonces, seguramente te hayan llegado por las redes sociales, acompañadas de un texto que dice algo parecido a “Si Britney pudo superar 2007, tú puedes superar esto”. Lo cierto es que no estoy segura de que Spears pudiese superar lo que sucedió entonces, o más bien, no estoy segura de que le hayan dejado hacerlo. El periodo de sufrimiento psíquico que atravesaba cuando le hicieron la foto acabó en una incapacitación judicial que se mantiene hasta hoy. En estos trece años, Spears ha permanecido bajo la tutela de su padre. Tiene prohibido hacer cosas como votar, conducir, contratar a un abogado o controlar su propio dinero, y tiene que pedir permiso para ver a sus amigos o subir contenido a sus redes sociales. En cambio, sí ha seguido trabajando y generando una ingente cantidad de beneficios en forma de giras, discos y programas de televisión. Los memes de Britney esconden una realidad bastante más dura de lo que parece a simple vista, pero además ponen sobre la mesa varios debates importantes.

Seguramente, el más relevante de todos tiene que ver con los derechos de las personas con sufrimiento psíquico y diversidad funcional que son incapacitadas judicialmente. La incapacitación supone una pérdida de derechos y de autonomía enorme, que no siempre parece justificada. Resulta difícil entender, por ejemplo, por qué una persona que es capaz de trabajar no puede votar. O por qué, si eres capaz de aguantar la presión de lanzamientos de discos, giras y programas de televisión, no puedes decidir libremente si quieres quedar con una amiga. La incapacitación no parece tener problemas cuando se trata de trabajar o producir beneficios, pero sí en lo referente a derechos básicos como el voto.

En el caso del Estado español, la situación también es bastante preocupante. Una reforma legislativa del año pasado dio por primera vez el voto a más de cien mil personas incapacitadas judicialmente, pero los derechos humanos se van por el sumidero cuando hablamos de las esterilizaciones forzosas. Las propias afectadas, las organizaciones de derechos humanos y las asociaciones de defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional han denunciado reiteradamente cómo se llevan a cabo procedimientos de esterilización sin que lo sepan las propias mujeres, a las que se engaña para ligarles las trompas. En otros casos, se hace contra la voluntad expresa de las afectadas, a las que se incapacita precisamente para poder esterilizarlas. No obstante, parece que esto va a cambiar pronto. Con doce años de retraso desde la firma de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, el 15 de octubre el Congreso aprobó finalmente la erradicación de esta práctica. Aunque todavía tardará un tiempo en entrar en vigor, puede suponer un paso importante en los derechos de las mujeres con diversidad funcional, especialmente si además se ponen medios para garantizar que, en los casos de consentimiento, este sea realmente libre e informado.

Por ahora, estas esterilizaciones siguen siendo realizadas a instancias de las familias, que sin duda piensan que hacen lo correcto en un contexto social e institucional patriarcal y capacitista. Esto es lo que piensa también el padre de Britney con la tutela sobre su hija, pero la orden de alejamiento de sus nietos y las peticiones de cambio de tutor por parte de la cantante parecen indicar otra cosa. No obstante, la situación de Spears y el movimiento de apoyo que se ha generado en las redes sociales, agrupado bajo la etiqueta #FreeBritney, son quizá una buena ocasión para, además de denunciar su situación, generar un debate social amplio sobre el capacitismo y el trato a las personas con sufrimiento psíquico o diversidad funcional. La violación de derechos humanos, las prácticas abusivas y la pérdida absoluta de capacidad de decisión no pueden seguir rigiendo el trato a ningún colectivo.