Laboral
¿Qué hay detrás del escrache a la secretaria de Estado de Investigación?

Los investigadores predoctorales se organizan contra el incumplimiento de una norma aprobada hace seis años para la puesta en marcha de un estatuto para el personal investigador que palíe la precariedad en el sector.

Asamblea investigadores predoctorales
Asamblea de investigadores predoctorales el 15 de febrero.
23 feb 2018 07:30

Si la ciencia fuera un río, los investigadores predoctorales compondrían sus primeros afluentes. No es en este sector reducido y precarizado donde se suelen dar las principales batallas en la universidad, sin embargo, las aguas parecen bajar revueltas últimamente y las asambleas de trabajadores están surgiendo como setas en los lugares más inesperados.

El pasado lunes Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, fue recibida en la Universidad Autónoma de Madrid con un escrache convocado por la Asamblea Dignidad Predoctoral en un preludio de lo que podría ser un nuevo ciclo de movilizaciones en uno de los sectores más golpeados por los recortes en investigación científica.

"Nuestro sector suele ser de gente muy individualista, muy metida en su rollo de trepar, pero ahora parece que la conciencia está cambiando", declara Dimas T, nombre ficticio de un miembro de la mencionada asamblea en la Autónoma de Madrid. La semana anterior al escrache, más de un centenar de investigadores predoctorales se reunieron en una inusualmente concurrida asamblea en esta universidad.

La movilización viene precedida, como suele ser habitual, de lo que los investigadores han considerado una "tomadura de pelo" por parte del Gobierno, al tratar de imponer un estatuto que supondría un grave empeoramiento de sus condiciones laborales.

Aunque poco sonado, el conflicto entre investigadores predoctorales y Gobierno viene de lejos. En el año 2000, los entonces becarios predoctorales fundaron la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI/P) y comenzaron una campaña de protesta bajo el lema "Becas no, contratos sí".

En 2011 se legisla finalmente, mediante la Ley de Ciencia y Tecnología, que el sector debe regirse por contratos laborales (aunque sin estar sujetos a ningún Convenio Colectivo) y no becas y se da un plazo de tres años para aprobar un nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF). En plena oleada de recortes durante lo peor de la crisis, los plazos no se cumplieron, y el tema quedó en un cajón hasta el año pasado.

Negociación y estafa

Hace nueve meses, la secretaría dirigida por Carmen Vela, abrió un proceso de negociación con la FJI/P, sindicatos y delegados de las Asambleas de Dignidad Predoctoral que habían ido surgiendo en los meses anteriores. En palabras de Dimas, "se iba avanzando poco a poco y dejaba de aparecer la palabra formativo" hasta que el Gobierno optó por regresar a su borrador inicial.

"Parecía que nos iban a hacer caso, no a todo, pero si a parte de nuestras propuestas junto con otras plataformas y colectivos", explica Javier Contreras, coportavoz de la FJI/P. "Pero a última hora se nos presentó un borrador que era igual que el de partida, nos sentimos estafados". 

Las reivindicaciones del personal investigador predoctoral no iban más allá del establecimiento de un salario mínimo, una indemnización de fin de contrato y un máximo de horas de docencia que permita tener un tiempo razonable para la investigación. El borrador del Gobierno, al que ha tenido acceso El Salto, no recogía ninguna de ellas.

"Ahora se ha planteado que volvamos a la mesa de negociación. Nosotros mantendremos una actitud constructiva y, en este caso, seguiremos negociando, pero si hay que pegar un puñetazo encima de la mesa simbólico seguiremos denunciando y protestando cuando consideremos necesario", declara el coportavoz de la FJI/P.

Las Asambleas Dignidad Predoctoral, por su parte, se han fijado los objetivos de visibilizar el conflicto y ser reconocidas como interlocutoras y han declarado a El Salto que no les vale cualquier negociación: "Estamos dispuestas a sentarnos en una mesa para garantizar los derechos laborales de las investigadoras precarias, pero no para empeorar aún más nuestras condiciones de vida".

"Nuestro problema no es solo frenar el EPIF sino que hay una reflexión colectiva de tratar de cuestionar los mecanismos en los que estamos metidos a nivel académico. sobre todo la cuestión del individualismo", declara Dimas T. "El objetivo es crear una estructura asamblearia con la que, sin intermediarios, podamos defendernos nosotras mismas contra las agresiones del Gobierno".

Por el momento han surgido asambleas en distintas ciudades aparte de Madrid, como Valencia o Granada, e incluso en centros de investigación más pequeños, como el Doñana. El movimiento, en cualquier caso, está dando sus primeros pasos y el desarrollo del conflicto definirá si puede pasar de ser un pequeño arroyo a un nuevo torrente de movilización en la universidad.

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