Juicio del 1 de Octubre
El fiscal afirma que los acusados cayeron en desobediencia reiterada e impulsaron movilizaciones

“Agitar a miles de ciudadanos que, como muros humanos, han protegido las urnas y colegios electorales”. Esta ha sido una de las acusaciones formuladas hoy contra las doce personas que se sienta en el banquillo de acusados del Tribunal Supremo por el fiscal Javier Zaragoza.

Zaragoza ha sido el primero en intervenir en la segunda jornada del juicio contra el Procés, que dedicará su jornada a que Fiscalía, Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox respondan a las cuestiones previas planteadas en la pasada jornada por las defensas de los doce detenidos, entre ellas la falta de imparcialidad del juez instructor —del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona—, el no haber tenido acceso los abogados de la defensa, aún a día de hoy, a toda la prueba admitida por la sala, la denegación masiva de las pruebas propuestas por las defensas o que cuatro magistrados de la sala fueron también parte de la sala que admitió a trámite la causa que presentó fiscalía sobre el Procés.

El fiscal ha dado respuesta a un primer bloque de las cuestiones previas presentadas, que ha agrupado como las referidas al derecho a un juicio justo. “Algunos escritos de las defensas, más que de defensa, son acusatorios, creando un relato alternativo para desacreditar a la justicia española y cuestionar la calidad democrática del Estado de derecho”.

Zaragoza ha tachado de ridícula la denuncia masiva de violaciones de derechos fundamentales por parte de las defensas de los acusados. “Se pretende convertir en víctimas de persecución política a quienes han ido contra el orden constitucional y sentar en el banquillo al Estado, que ha reinstaurado el Estado de derecho”, y continúa: “Se decía que este iba a ser un juicio a la democracia en cuanto a su capacidad de tolerar la discrepancia política, y eso no es cierto, es un juicio en defensa de la democracia española”.

Zaragoza ha destacado que en este proceso no se enjuicia el independentismo, sino los “gravísimos hechos de septiembre y octubre de 2017” para acto seguido hacer referencia al propio escrito de acusación de Fiscalía, de la que cita que los acusados “no se limitaron a defender un proyecto político por vías legales, sino que cayeron en una desobediencia reiterada e impulsaron movilizaciones sociales para imponer un planteamiento político a los demás”.

A pesar de que el propio fiscal ha subrayado la desobediencia reiterada —que no supondría entrada en prisión— como los hechos de los que acusa a los doce del Procés, además de el impulsar movilizaciones sociales —que estaría amparado por el derecho de manifestación o, en todo caso, por la Ley Mordaza aún en vigor, que contempla penas de multa—, desde Fiscalía se piden penas de entre 16 y 25 años de prisión por delitos de rebelión para nueve de los doce acusados. “Es la respuesta legal del Estado de derecho frente a una agresión que no puede quedar impune”, constata.

La cuestión previa en cuanto a la competencia para celebrar el juicio, el fiscal la ha ventilado señalando que el Tribunal Supremo fue el órgano que resolvió sobre esa cuestión. Sobre la denunciada parcialidad del juez instructor de la causa —el del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona—, Zaragoza ha respondido que las expresiones del juez en los autos, en los que hacía valoraciones sobre el proceso, del que también “se sentía víctima”, “se ha sacado de contexto” y, en todo caso, “esas expresiones solo quieren decir que en la investigación hay claras manifestaciones de ilegalidad, y que “quizás el problema es que lo hubiera dicho fuera”.

El fiscal ha respondido al abogado de Jordi Cuixart, Benet Salellas, que en la jornada anterior señalaba como tortura, que en la instrucción de enumeraran las lesiones sufridas por los agentes de policía que actuaron en la jornada de referéndum mientras que las agresiones sufridas por la ciudadanía catalana se resolvieron con un “fueron numerosas” y “el número está manipulado y exagerado”. A pesar del informe presentado ante la ONU en el que se detallan las más de 900 agresiones sufridas, el fiscal solo reconoce dos heridos graves: una persona que sufrió un ataque al corazón y otra que recibió el impacto de una bala de goma en un ojo —Roger Español —, armas cuya retirada ya se había acordado en Catalunya. El fiscal concluye que, en todo caso la culpa por las agresiones durante la jornada “debe ser atribuida a quienes movilizaron a los ciudadanos para impedir la actuación policial”.

Zaragoza ha rechazado que la Guardia Civil registrara todo el edificio del Govern, afirmando que solo accedieron a los cinco despachos consignados en el auto del juez instructor. Y sobre el manifiesto firmado por 120 juristas , el fiscal ha salido por la vía del desprestigio: “Solo hay que ver quien firma, son un 15% de los catedráticos de derecho penal que hay, y no son los más prestigiosos precisamente”. 

Zaragoza ha concluido con el derecho a la autodeterminación, rechazando que esté amparado por ninguna norma nacional o internacional. Incluido en la Carta de derechos civiles y políticos que España ratificó en 1976, el fiscal señala que esta resolución ponía “punto final al proceso de descolonización” y que las defensas habían omitido las resoluciones de la ONU sobre su aplicación, que enumera en tres emitidas en los años 60 y 70. Zaragoza señala que estas resoluciones establecen que este derecho es aplicable a los pueblos que estén en situación de dominación, legitiman el derecho cuando haya una entidad étnica y cultural pronunciada y que no es aplicable a Estados con autogobierno.

Por parte de la Abogacía del Estado —que en vez de rebelión pide penas de ocho a 12 años por sedición, Rosa María Seoane ha comenzado respondido también a Benet Salellas, abogado de Cuixart, defendiendo su competencia para acusar al presidente de Òmnium Cultural por sedición, cuando su presencia como acusación es en representación de Hacienda —por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos—. En resumen, la abogada del Estado ha afirmado que hay jurisprudencia que otorga a las acusaciones, una vez están personadas, el acusar por delitos que vayan más allá de los que han justificado su personación en el proceso.

Sobre el acceso a toda la prueba, contemplado en la directiva 2012/13, en vigor en España—, que no han tenido los abogados de las defensas, ha afirmado que no es una cuestión prejudicial y que sobre esto tendrá que decidir la sala del tribunal, recalcando que es un intento de llevar un proceso “que es interno” a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seoane también ha quitado hierro a la presunta parcialidad de la juez instructora, Irene Lozano: “No hacía referencia a un acusado en concreto con el término convicted [condenado en inglés], si no a todos en general, y era en una lengua que no era la suya materna”. “Quería destacar la inminencia del juicio —continúa—[...], no hay vulneración de la presunción de inocencia”. 

Javier Ortega, abogado de la acusación popular de Vox, ha comenzado pidiendo a la sala que prohíba que haya gente en la sala de vistas —los acusados— con lazos amarillos, a lo que el presidente de la sala Manuel Marchena ha respondido en referencia a la jurisprudencia europea, que permite el uso de símbolos en una sala de juicios. Sobre el delito de organización criminal, del que Vox es el único que acusa y que no estaba incluído en el auto de procesamiento, Ortega dice que está dentro de su libertad para acusar “como considere mas idóneo”. También hace afirma que la libertad de expresión está sometida a los límites de la seguridad nacional, integridad territorial y defensa del orden.

La vista ha finalizado con el anuncio, por parte de Manuel Marchena, del comienzo mañana de las declaraciones de los acusados.