El Gobierno autoriza la primera suspensión de la autonomía de Catalunya en democracia

38 años después de la firma del primer Estatuto de Catalunya del periodo democrático iniciado en 1975, el Gobierno español ha iniciado los trámites para que la segunda comunidad autónoma más poblada del Estado español sea intervenida por primera vez. Pese a la batería de medidas anunciadas, que suponen la destitución de Puigdemont, Rajoy ha negado que se esté suspendiendo la autonomía de Catalunya.

Las medidas, concretadas por el Gobierno, piden el cese de Puigdemont, del vicepresidente Junqueras y de todos los consejeros. Los ministerios, según Rajoy, serán los que asuman sus responsabilidades. El Gobierno se reserva la opción de "crear" organismos para ejercer esas funciones.

La decisión tomada hoy en Consejo de Ministros prevé la intervención del Estado central de la Hacienda, las políticas de Interior, la administración digital y los medios de comunicación de Catalunya: es decir, la televisión pública TV3.

El president, según la batería de medidas tomadas hoy, no podrá proponer a la autoridad que lo sustituya ni el Parlament debatirá sobre esas nuevas figuras que dirigirán las políticas de Catalunya.

Aplicación del 155

Es la primera vez que se emplea un artículo constitucional, el 155, previsto para la intervención mediante "las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones [constitucionales y legislativas] o para la protección del mencionado interés general".

"No era ni nuestro deseo ni nuestra intención" aplicar el 155, ha explicado Rajoy, que ha explicado que los objetivos de la decisión son "volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica" y, por último, "celebrar elecciones en condiciones de normalidad".

Las elecciones, según Rajoy, llegarán en un plazo máximo de seis meses. El presidente ha abundado en las consecuencias económicas que, según el Gobierno, tendría una futura declaración de independencia de Catalunya.

El senado, a jugar

El actual presidente del Govern catalán, Carles Puigdemont, y todos los consejeros de la Generalitat quedan apartados de sus responsabilidades y se pone fin al autogobierno iniciado en 1977 en el periodo de "preautonomía" y consolidado por el Estatut de 1979, que fue modificado en 2006. Está previsto que el plan del Gobierno central, expuesto por Mariano Rajoy en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desemboque en unas elecciones autonómicas en el primer trimestre de 2018.

El Senado ha dado comienzo a la sesión en la que recibirá la petición del Gobierno de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. La Cámara Alta abrirá una comisión para el debate de las medidas propuestas por el Gobierno en la que la suma de PP y PSOE copará 21 de las 27 plazas.

El Senado tiene que dar formato legislativo, en una sesión plenaria que se realizará el próximo viernes 27, a una decisión tomada oficialmente esta semana, tras el intercambio de cartas entre Rajoy y Puigdemont sobre la declaración de independencia insinuada pero no hecha el pasado día 10 de octubre.

No obstante, el Gobierno de Rajoy rechaza que se haya "suspendido la autonomía o el autogobierno" y habla de una intervención para recuperarla. El presidente ha justificado la medida coercitiva aprobada hoy por la aprobación de la Ley de Referéndum y Ley de Transitoriedad en las sesiones del Parlament del 6 y 7 de septiembre. 

Independencia y elecciones

Los representantes del Govern, formado por PdeCat y ERC, han anunciado que la suspensión de la autonomía conllevará la declaración de independencia y, posiblemente, la convocatoria de unas elecciones constituyentes. 

Este sector ha avanzado, asimismo, la posible creación de un "gobierno de concentración nacional" en la república independiente declarada tras la aplicación del artículo 155. Incluso la CUP ha reclamado a través de Twitter que el Govern valore "si hace falta" instalarse en Perpiñán (Francia).

Los plazos pueden, sin embargo, jugar a favor del Govern si su intención es convocar elecciones, ya que Puigdemont podrá hacerlo en el periodo abierto entre la decisión del Consejo de Ministros de hoy y la ratificación por parte del Senado de la intervención de Catalunya.

La maquinaria del Estado no se ciñe a la intervención de la autonomía. Radio Nacional de España anunciaba esta mañana que la Fiscalía tiene preparada la denuncia por delito de rebelión contra Carles Puigdemont, en caso de que haga efectiva la declaración de independencia. Puigdemont, según el Ministerio Fiscal, afrontaría años de cárcel si se produce esa denuncia.

En Catalunya, el movimiento del Gobierno para la suspensión de la autonomía ha causado rechazo por parte de los independentistas y del bloque de la tercera vía agrupado en Catalunya en Comú y Podem Catalunya. 

Esta tarde, la Taula per la Democràcia ha convocado una manifestación, que será masiva, para la libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, representantes de Òmnium y la Assemblea Nacional de Catalunya. El Govern de Puigdemont ha confirmado que asistirá a la manifestación.