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Fiestas populares de espaldas a los barrios

Las organizaciones vecinales exigen poder decidir sobre sus fiestas.


Fiestas de Lavapiés
Fiestas de Lavapiés. Daniel Lobo

Las fiestas populares han pasado progresivamente de ser un espacio de encuentro y fortalecimiento del tejido asociativo de barrios y pueblos a ser festejos organizados desde los gobiernos, sin participación ciudadana y, en muchas ocasiones, puerta de entrada para la corrupción. El caso de Madrid es sólo un ejemplo de lo que sucede en gran parte del Estado. Colectivos y asociaciones siguen en lucha por unas fiestas participadas y autogestionadas, en las que los actores vecinales recuperen el protagonismo.

En los últimos años, una de las dinámicas en Madrid ha sido la concentración o desaparición de las fiestas populares. “Antes había fiestas en cada uno de los barrios del distrito de Latina”, explica a Diagonal Alberto, vecino e integrante de la Casa Autogestionada del Barrio de Aluche (CABA). “Se eliminaron casi todas y se concentraron en una única fiesta, las de Aluche [en el barrio Lucero también mantienen sus fiestas, sin ningún apoyo municipal, tal y como puntualiza un lector]. Concentrar las fiestas de los barrios en una sola tiene como objetivo debilitar este espacio importante para vecinos y vecinas, de intercambio entre la gente. Hay una estrategia para cargarse todo eso”, continúa Alberto. Lo mismo ha sucedido en otros barrios. “La junta de distrito saliente, cuando llegó, se cargó casi todas las fiestas de Ciudad Lineal –barrios de Bilbao, San Pascual y San Juan Bautista–. Dejó las de la Concepción, pero muy reducidas, y las de La Elipa, porque suprimirlas podía tener un coste político”, explica Mario, de la Asociación de Vecinos de La Elipa.

Gestión y participación

 Para poner en marcha las fiestas de los barrios, el Ayuntamiento de Madrid saca a concurso, a través de las Juntas de Distrito, un contrato público para la programación cultural de unas fiestas en concreto, o de un paquete de ellas, a cambio de una determinada suma a cobrar por la empresa –con la rebaja económica como principal baremo–. Un segundo contrato va destinado a cubrir la gestión del recinto ferial –instalación de los puntos de luz, puestos de feriantes, escenario, baños químicos, escenario y grandes grupos–. En este segundo contrato es el adjudicatario el que se compromete a pagar una suma al Ayuntamiento, que paga en especias con la puesta en marcha de las fiestas, y que recupera con el arrendamiento de los puestos de feriantes. El dinero vuelve a ser el principal baremo.

Además de los puestos de feriantes, en las fiestas se reservan varias casetas para partidos políticos y otras tantas más que se sortean entre las asociaciones de cada barrio.

Las fiestas populares han significado la principal vía de financiación de muchos colectivos. Es el caso de Kontracorriente, de Villa de Vallecas: “Somos un colectivo que se autogestiona principalmente de lo que sacamos en fiestas. En nuestra caseta ofrecemos una alternativa cultural y musical. Pero vemos que estas actividades para nada han sido valoradas desde la Junta. Nuestra vía de autogestión son las fiestas y nos quieren quitar de en medio”, explica Paloma, del colectivo y vecina del barrio.

Las fiestas son un buen momento para asestar un golpe a los agentes vecinales ‘incómodos’. “Las fiestas de La Elipa son la fuente fundamental de financiación de la asociación de vecinos. Que las fiestas del año pasado no tuvieran feriantes y un mal cartel fue un golpe frontal, no sólo para las fiestas populares, sino también para la financiación de la asociación”, apunta Mario, integrante de esta asociación vecinal de larga tradición reivindicativa. En el caso de Alcorcón, “desde que el PP está en el Ayuntamiento, la dinámica ha sido achicar espacios a propuestas culturales populares autoorganizadas y desalojar las casetas de las propuestas políticas de izquierdas. Primero desalojaron la del PCPE. Al año siguiente, la de la asociación Castilla Comunera y la de la Asociación Cívica por los Derechos Sociales. Estas tres asociaciones hicieron piña para crear en 2012 las Fiestas Populares y Autogestionadas de Alcorcón, que se hacen cada año desde la Peña La Tiburona”, explica José Luis, integrante de esta plataforma.

El caso de Alcorcón es ejemplo de una falta de participación en la toma de decisiones que también se ve en los barrios de la capital: “Las asociaciones sólo tienen acceso al sorteo de un número limitado de casetas. No tienen acceso a proponer conciertos, contenidos, ni gestión. El número limitado de casetas es una excusa perfecta para limitar el acceso a asociaciones ‘amigas’ de la Admi­nistración, y eliminar y castigar a las que son críticas con este modelo de gestión. La adjudicación se realiza sobre tres parámetros: antigüedad, número de socios y actividades realizadas. Esas actividades son estudiadas por la Concejalía de Cultura, pudiendo darles validez o no a su discreción”, explica José Luis, quien pone el ejemplo de asociaciones como Castilla Comunera, con más de 200 socios, tres años de antigüedad y más de diez actividades públicas al año, que fue sacada del recinto de casetas porque sus actividades “no eran válidas”, mientras que asociaciones que se presentaban por primera vez eran aceptadas sin haber realizado casi ninguna actividad. Lo mismo sucede en las fiestas de Aluche, donde “se asigna una puntuación por ofrecer actividades, como conciertos o espectáculos, que a la Junta le parezcan bien y pueda meter en su programa de fiestas. No hay criterios que sean públicos sobre estos baremos”, explica.

En muchos casos, el subarrendamiento de las casetas es un camino más hacia la privatización: “Se permite que las adjudicatarias —asociaciones, partidos o sindicatos— de las casetas subarrenden la gestión a empresas hosteleras, generando beneficios para entidades privadas y quitando espacio para asociaciones que gestionan por sí mismas las casetas. Estas prácticas han sido continuamente denunciadas por los colectivos de la ciudad”, explica José Luis.

Fiestas en Lavapies

El caso de Lavapiés es especialmente sangrante. En los últimos años, la Junta de Distrito Centro ha adjudicado la programación cultural del paquete de fiestas de San Lorenzo, La Paloma y San Cayetano a Waiter Music, empresa implicada en la trama Púnica y que en los últimos cuatro años se ha llevado también contratos para las fiestas de Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Aranjuez, Valdemoro, Getafe, Navalcarnero, Coslada, entre otros municipios y barrios de Madrid.

De su mano, la empresa Ideas SL, de Luis Gorrachategui, conocido como ‘El churrero’, es la tradicional adjudicataria de la gestión del recinto ferial. También de los mercados navideños de Tetuán y La Vaguada, de las fiestas de Alcobendas, de Torrejón de Ardoz y Algete. Y de la programación cultural del barrio madrileño de Ciudad Lineal durante 2012, después de que el concurso quedara desierto a pesar de que había empresas que optaron a él y que reunían los requisitos, como explica una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 28 de Madrid. Saliendo de Madrid también organizó el OktoberFest de 2014 en Valencia, cuyo contrato y desarrollo está actualmente bajo investigación de la Fiscalía valenciana.

El año pasado, Ideas SL ofreció invertir 200.000 euros en las fiestas de estos tres barrios, frente a los 70.000 euros de canon base fijados por la Administración. Una oferta difícil de superar, y también de controlar, al ser un pago en especie. Gallinejas, almendras garrapiñadas y perrito piloto en la calle Argumosa durante una semana. Casetas de partidos políticos: la del Partido Popular, hasta hace unos años, y la del PSOE. Casetas de colectivos y asociaciones del barrio: no se recuerdan.

Poco antes de las elecciones municipales, el Ayuntamiento publicó los pliegos para los dos contratos de las fiestas de Distrito Centro. Hace pocas semanas acabó el plazo de presentación de ofertas para la gestión del recinto ferial. Aunque aún no se ha resuelto el contrato, desde el barrio y también desde Distrito Centro adivinan cuál será el resultado: “Se lo va a llevar Gorrachategui”. Varios colectivos de Lavapiés han comenzado ya conversaciones con la Junta de Distrito Centro para intentar recuperar las fiestas. Aunque este año las licitaciones de los dos contratos impiden que se haga un cambio profundo en su organización, el nuevo concejal del distrito, Jorge García Castaño, sí ha afirmado que van a trabajar para impulsar nuevos espacios en las fiestas que estén abiertos a la participación de los colectivos de Lavapiés.

También desde otros barrios han visto el cambio de signo político como una puerta para cambiar el modelo de gestión. “Que se cuente más con las entidades ciudadanas con presencia en el barrio. Que se haga una comisión de fiestas que realmente funcione, que no sólo se nos comuniquen las decisiones ya tomadas, sino que sea un trabajo participativo”, demandan desde Aluche. “Que se prohíba que las asociaciones, partidos o sindicatos puedan subarrendar la gestión de sus casetas y sea obligatorio trabajarlas por sí mismos”, añaden desde Alcorcón. Y, por encima de todo, “que se devuelva la gestión de las fiestas a sus principales protagonistas: los vecinos y vecinas”.

Púnica: la trama de corrupción se va de festejos
El 27 de octubre de 2014, 57 políticos, ediles y empresarios eran detenidos en una macrooperación de la Guardia Civil, ordenada por la Audiencia Nacional, en el marco de una investigación sobre corrupción municipal y regional. Entre los implicados en la trama, Lucía Fígar –una de las candidatas a suceder a Esperanza Aguirre–, Alfonso Bataller, hasta hace pocos días alcalde de Castellón, y también José Luis Huerta Valbuena, socio único de Waiter Music, la empresa que en los dos últimos años se ha llevado la adjudicación del contrato para la programación de las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y la Virgen de la Paloma, sin publicidad previa. Huerta, imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y fraude, habría dado sobornos a distintos gobiernos municipales y regionales a cambio de contratas públicas relacionadas con la organización de fiestas y conciertos en los que se aplicaba un sobrecoste. En algunos municipios madrileños, como Coslada, regalaban el contrato para las fiestas a Waiter Music a través de procedimientos negociados sin publicidad. Y es que, como declaraba la propia web de la empresa, Waiter Music “no trata con clientes, sino con compañeros de ayuntamientos”.

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