Un acuerdo de inversión que es una mina (para Río Tinto)

La multinacional minera anglo-canadiense Rio Tinto se ahorró el pago de hasta 700 millones de euros en impuestos en un periodo de seis años por su actividad minera en Mongolia, según un informe de la ONG holandesa Somo publicado este miércoles. Según destaca la ONG, este ahorro para la multinacional coincidió con importantes medidas de austeridad aplicadas en el mismo periodo -entre 2011 y 2016- por el Gobierno mongol.

El procedimiento desentrañado por la ONG holandesa se asemeja a un hábil truco de mago, y se recomienda seguir todos los movimientos para no perderse

El informe supone un ejemplo detallado de las prácticas con las que las empresas multinacionales pueden dejar de pagar impuestos por sus beneficios. En este caso, Río Tinto Dejó de pagar al menos 700 millones por los beneficios obtenidos de la explotación del yacimiento de Oyu Tolgoi, la mayor mina de oro y de cobre del país y el mayor proyecto inversor en el país asiático.

El informe detalla que la multinacional ha dejado de pagar 559 millones en impuestos a Canadá gracias al uso de sociedades pantalla radicadas en Luxemburgo y Holanda. Al mismo tiempo, el Estado mongol dejó de ingresar 230 millones de euros gracias a las condiciones impuestas por la multinacional en el acuerdo de inversión con el Gobierno mongol, que es accionista minoritario de la empresa que gestiona la mina.

Según explica Somo, Río Tinto y su filial canadiense Turquoise Hill Resources crearon en Luxemburgo la compañía Movele para financiar la operación en Oyu Tolgoi. Esta compañía, destaca la ONG, no tiene empleados en Luxemburgo y la propia Río Tinto “no parece tener lazos significativos” con este país, que no cuenta con industria minera destacable. Así, por unos beneficios de 2.100 millones de dólares, la empresa pagó en Luxemburgo 89 millones, una tasa efectiva del 4,19%. Por las mismas plusvalías, Turquoise habría tenido que pagar 559 millones de dólares en Canadá, según Somo.

Malos acuerdos en medio de la austeridad

Pero el principal damnificado de esta operación, según Somo, es el propio gobierno de Mongolia. El procedimiento desentrañado por la ONG holandesa se asemeja a un hábil truco de mago, y se recomienda seguir todos los movimientos para no perderse. Resumido: Río Tinto adelanta el dinero para la construcción de la mina, le cobra unos intereses abusivos al Estado mongol por este préstamo y a la vez se asegura que el pago de impuestos por estos intereses sea mínimo.

Todo comienza en 2009, cuando Río Tinto llegó a un acuerdo con Mongolia para crear una empresa conjunta (65% propiedad de Río Tinto, y 34% propiedad del Estado) que financiara las obras para iniciar la explotación de la mina, que finalmente comenzaría a operar en 2013.

Según detalla la ONG, el acuerdo incluía el adelanto, por parte de Río Tinto, del 34% del capital correspondiente al Estado mongol. Este préstamo no solo está sujeto a unos intereses del 6,5%, sino que el acuerdo especifica que el Estado mongol no podrá ingresar su parte correspondiente a la explotación de la mina hasta que sea devuelto en su totalidad. En total, la inversión inicial fue de 6.000 millones de euros, ingresados por Río Tinto desde Luxemburgo. Los intereses que tiene que pagar la compañía a la matriz luxemburguesa también están sujetos a impuestos, y es ahí donde el círculo se cierra, según explica Somo.

El acuerdo firmado en 2009 suponía el recorte de la tasa cobrada por el Gobierno sobre los intereses del préstamo. Si en un principio esta tasa era del 20%, tras un tira y afloja entre la multinacional y el Gobierno mongol -que incluía según Somo la amenaza de paralización de actividad de la mina en 2015 y el despido de 1.700 empleados- las ganancias producidas por estos intereses sólo tributan al 6%. “Como resultado de los acuerdos”, detalla el informe, “Río Tinto pudo reducir sus obligaciones fiscales en Mongolia en una cantidad de aproximadamente 232 millones de dólares”.

En 2017 Mongolia firmó un rescate de 5.500 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A cambio, el gobierno mongol se compromete a un plan de austeridad que consiste en subir los impuestos y en bajar los salarios a los empleados públicos, entre otras medidas. Según denuncia Somo, los 232 millones que el Gobierno mongol dejó de ingresar por el acuerdo fiscal con Río Tinto le habrían servido al país para doblar su gasto en educación y sanidad.

El conjunto, según Somo, es un trato “abusivo”. “La continua rebaja del impuesto sobre los intereses ha reducido significativamente cualquier ingreso que el Gobierno mongol pudiera esperar por la actividad de la mina, mientras que los intereses pagados por la compañía a la matriz de Luxemburgo limitará la rentabilidad de la mina y cualquier dividendo que Mongolia pudiera recibir”, concluyen.