Frontera sur
Aún lejos del rescate de los derechos humanos en el Mediterráneo

Con Salvini fuera del gobierno italiano los puertos del país vuelven a estar abiertos. De fondo, una nueva Comisión Europea empieza a mostrar pinceladas de cómo serás sus políticas migratorias.
Ocean Viking
El barco de rescate de MSF Ocean Viking
2 oct 2019 06:42

El pasado 23 de septiembre 182 personas arribaron al puerto de Messina en Sicilia. Iban a bordo del Ocean Viking, el barco de Médicos Sin Fronteras que les había rescatado en varias operaciones pocos días antes. El desembarco fue autorizado por las autoridades italianas, tras haberse acordado un reparto entre diversos países de las personas migrantes que viajaban en el barco.

Desde MSF trasladaban su satisfacción ante el segundo desembarco autorizado en una semana. Atrás quedaban Matteo Salvini y la política de puertos cerrados que se había convertido en bandera de sus políticas migratorias. El nuevo ejecutivo, formado el 5 de septiembre gracias al acuerdo entre el Movimento Cinque Stelle y el Partido Democratico —después de que el líder de la Lega provocara una crisis de gobierno que terminó con la reconfiguración del tablero político expulsando a su formación— tomaban distancia de la administración anterior, encabezada por el mismo primer ministro, Giusseppe Conte.

“En mi opinión hay un cambio: esa política de puertos absolutamente cerrados está modificándose y se está trabajando en eso que estamos pidiendo desde hace muchos meses, que haya un mecanismo de desembarco no puntual. No tener que negociar tras cada rescate —pues esto genera un montón de días de personas varadas en el mar y una situación muy dura— sino que una vez que haya rescate, que se pueda hacer un desembarco ordenado en puertos seguros de Europa y se ordene la distribución de estas personas en distintos países”, explica Raquel González, responsable de relaciones externas de MSF.

El 23 de septiembre Francia, Alemania, Italia y Malta se reunían en la Valeta, en una minicumbre de la que saldría un mecanismo de desembarco que implicará a estos cuatro países en la acogida de las personas rescatadas. “Vamos a ver qué ocurre”, valoraba González, “por un lado tenemos esperanza de que esta inhumana política migratoria se pueda revertir, pero por otro lado somos muy realistas de que esto que pedimos, que haya un sistema de desembarco fiable, seguro y predecible no se ha producido, al final son 28 países en la UE con políticas migratorias diversas”.

Políticas migratorias

En la cumbre de La Valeta había dos grandes ausencias, España y Grecia, países que, en la frontera sur, reciben mayor cantidad de llegadas. En esta línea, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, hacía público su desacuerdo con la solución propuesta por la minicumbre: “Las fronteras no son españolas, ni italianas ni maltesas, sino que son de la UE”, insistía tras poner sobre la mesa que España no entraría en reparto de las personas llegadas por el Mediterráneo central si quienes llegan a España no son también objeto de redistribución. Estas propuestas, tanto la restringida de La Valeta, como la que exige el gobierno socialista afectan al tratado de Dublín, que obligan a las personas a solicitar asilo en el primer país Europeo que pisan, hecho que los “ata” a la frontera sur del continente.

Francisco Javier de Lucas, es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y autor del libro Mediterráneo. El naufragio de Europa. Este académico dice comprender los argumentos dados por Marlaska ante la falta de una política común que implique la solidaridad de los países europeos con los países del Sur. Abordar esta cuestión sin contar con España y Grecia implica desplazar la cuestión solo hacia la ruta central, argumenta.

Para la eurodiputada Sira Rego, el acuerdo de la Valeta no es útil “para hacer un planteamiento que sirva para hacer una política que garantice los derechos humanos”. La integrante de Izquierda Unida apunta a las políticas migratorias de la Unión Europea como origen del problema.

La reciente polémica protagonizada por la nueva presidenta de la comisión Europea, Ursula Von der Leyen con la creación de una cartera de “Defensa de la Vida Europea” que incluía las políticas migratorias apuntan en esta dirección. “Nosotras denunciamos que esto tiene un contenido xenófobo clarísimo. Quizás habría que defenderse de los bancos y de las políticas económicas de austeridad y de recorte no de quienes vienen buscándose una vida mejor de la que tienen, en muchos casos huyendo de desgracias provocadas también por las políticas europeas de expolio de recursos o el papel que juega también la UE en los conflictos bélicos del mundo”, expone Rego. 

Aún tras la rectificación de Von der Leyen, para De Lucas este movimiento fue “un paso en falso mucho más significativo de lo que parece a primera vista, un gesto de cara a los países del este. Si la preocupación prioritaria de la presidenta es ganar la no beligerancia de los países del este es un mal comienzo para una política europea de inmigración”. De Lucas considera que la presidenta debería centrarse en hacer “cambiar de rumbo” a estos países de los que llegan “planteamientos abiertamente xenófobos” en lugar de “hacerles guiños”.

En julio de este año, recién electa como presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen hizo un alegato en defensa del rescate de las personas en el Mediterráneo y a favor de una política migratoria “humana”. “La presidenta remarcó en el Parlamento europeo que en el mar existe la obligación de salvar vidas, dijo textualmente que la UE tenía la obligación moral y jurídica de hacer lo mismo y que necesitamos fronteras humanas”, recuerda González, quien señala que desde la UE se está dando “una de cal y otra de arena”. “Lo que nosotras estamos pidiendo a esta nueva comisión es que efectivamente recoja el espíritu de estas palabras de la presidenta en aquel discurso y que avancen con medidas concretas”.

Del enfoque securitario al de derechos humanos

Más allá de las cuestiones relativas al rescate, el desembarco y la distribución, que han centrado el debate en los últimos años de cierre de puertos y desentendimiento de los estados, hay una serie de demandas urgentes a las que Europa debería responder. La externalización y militarización de las fronteras ha afianzado una política migratoria que choca con los derechos humanos.

“El eje de la cuestión es que la UE o algunos de sus estados rinden pleitesia a la fórmula consagrada  en el pacto global aprobado en Marrakech y luego refrendado por Naciones Unidas en diciembre pasado en la Asamblea General, en el que se hablaba de migración legal, segura y ordenada”, explica De Lucas. “Hay quien diluye la relación de legal y segura en la ordenación policial, yo creo ese no es ni el espíritu de Marrakech, ni el marco. Ante quienes sostienen que no hay un marco jurídico sobre las migraciones hay que decir que, como indica el propio pacto global de Marrakech, sí que existen normas jurídicas y normas precisas en materia de derechos que vinculan la seguridad y la legalidad a la primera condición de la observancia y garantía de los derechos humanos”.

En este marco, los acuerdos con Turquía y Libia —donde según MSF hay alrededor de 600.000 migrantes, 6.000 de ellos en centros de detención gestionados por el gobierno— dan la medida de hasta qué punto el eje de derechos humanos ha sido totalmente desplazado de la discusión migratoria. Pero no es necesario salir de territorio europeo para constatar el fracaso de estas políticas: “En Grecia todavía hay 24000 personas atendidas, muchas de ellas desde hace más de tres años, con el acuerdo UE- Turquía, empezaron a confirmar a los que llegaban en hotspots o centros de detención donde no pueden salir, es una cárcel a cielo abierto”, denuncia González quien da algunas pinceladas de la situación: 2500 personas reconocidas con especial vulnerabilidad en Lesbos que tras varios años aún no han sido rescatadas, 5000 personas confinadas en Vathy, un campo para 650 individuos, cada vez más niños con problemas de salud mental, intentos de suicidio. “Nos preguntamos si este fracaso en el sistema de recepción, si este bloqueo en el Mediterráneo no son más que una forma nueva de disuadir a las personas que están intentando llegar a la UE”, apunta.

Para Rego también hay una construcción de discurso que señala a los migrantes y legitima la vulneración de sus derechos: “ha habido un relato en momento de crisis cuando los verdaderos problemas no vienen de las personas que están migrando. De hecho las cifras de migración no son distintas a las de otros años, ni están aumentando en los últimos años, pero está habiendo un recorte con todo lo que tiene que ver con la política de protección y ha sido para crear una sensación de desborde y poder generar este relato”, defiende.

Tras esta etapa de puertos cerrados y barcos bloqueados en el mar, de acuerdos de la vergüenza como el rubricado con Turquía, de dejar en manos del fallido estado libio la suerte de miles de migrantes, desde MSF resumen su apuesta: “Estamos pidiendo políticas migratorias más humanas, más ajustadas al derecho internacional humanitario, ojalá que soplen nuevos vientos o buenos vientos y se vaya superando esta situación tan dura a la que hemos tenido que hacer frente en los últimas dos años”.

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