Coronavirus
Covid-19: la urgencia de abolir las deudas ilegítimas y odiosas de los países del Sur

Este texto forma parte de la publicación titulada "El impacto en el Sur de las políticas financieras europeas y de las estrategias de cooperación para el desarrollo y las alternativas posibles”, preparada en el marco del proyecto ReCommonsEurope.

Etiopia Addis Abeba Commercial Bank
El edificio en construcción del Commercial Bank of Ethiopia domina el paisaje de Addis Abeba. Álvaro Minguito
2 abr 2020 12:08

La pandemia del Coronavirus constituye un gravísimo problema de salud pública, y a menudo tendemos a olvidar que afectará especialmente los países del Sur global, cuyo sistema de sanidad pública, ya de por sí frágil, ha sido atacado por 40 años de políticas neoliberales. Bajo el pretexto de la austeridad presupuestaria para reembolsar las deudas públicas, los gobiernos y las grandes instituciones multilaterales como el Banco Mundial, el FMI y los bancos regionales como el Banco africano de desarrollo han deteriorado los sistemas de sanidad pública.

Desde 1980, los países del Sur han pagado 18 veces lo que debían en 1980 pero, al mismo tiempo, su nivel de endeudamiento se ha multiplicado por más de doce. Entre 2000 y 2018, la deuda externa pública de los países del Sur se ha más que duplicado, pasando de 1.3 billones a casi 3 billones de dólares. Según los datos del FMI, una nueva crisis de deuda ya está en marcha en una decena de países.

Contrariamente a la idea de que los países del Norte ayudarían a los países del Sur, un análisis de todos los flujos financieros Norte-Sur muestra que por cada euro enviado desde los países del Norte a los países del Sur (a través de la inversión extranjera directa - IED, Ayuda Oficial al Desarrollo - AOD, inversiones de cartera, ayuda privada, otros flujos oficiales), 3 euros toman el camino inverso (servicio de la deuda, beneficios repatriados por los inversores, evasión de capitales, bienes adquiridos ilegalmente, otros flujos financieros ilícitos). Se trata de un verdadero “sistema deuda” que mantiene a los países del Sur en una posición de dependencia de los llamados países desarrollados.

Deuda
Arrestados por prestar “deuda odiosa”

Una investigación estadounidense acaba con el arresto de tres exempleados del banco Credit Suisse y el ex ministro de Finanzas de Mozambique por préstamos lesivos considerados deuda odiosa.

Un sistema que comienza con la existencia de deudas bilaterales. A pesar de una grave falta de transparencia en estas cuentas en lo que respecta a las deudas bilaterales, según datos del Banco Mundial, la deuda externa pública de los países del Sur alcanza casi los 3 billones de dólares. La parte bilateral de esta deuda se estima en 437,9 millardos, es decir, casi el 15%.

Además de las deudas bilaterales, los países de la UE también ejercen su influencia sobre los países del Sur a través del Banco Europeo de Inversiones. Los créditos otorgados por el BEI están marcados por características contrarias a los intereses de los pueblos: falta de transparencia que conduce a la corrupción, desvío de fondos y sobrefacturación, ayuda vinculada a las empresas europeas para promover las ganancias de sus grandes accionistas, normas ambientales deficientes, promoción de decisiones económicas en detrimento de la lucha contra la pobreza.

La política monetaria europea tampoco está exenta de consecuencias para los pueblos del Sur. En respuesta al estallido de la crisis financiera de 2007-2008, el Banco Central Europeo (BCE) implementó una política de quantitative easing (QE - flexibilización cuantitativa). Más allá de los efectos altamente cuestionables de esta política en Europa, el QE ha provocado una afluencia masiva de capital de los países de la UE hacia el Sur. En busca de inversiones rentables, los inversores europeos se abalanzaron sobre las emisiones de obligaciones de los países del sur porque eran más rentables que las obligaciones emitidas por los Estados del Norte. Además, las grandes compras de obligaciones del Sur conducen a un fuerte aumento de la deuda de los países que las emiten, lo que las lleva a un nivel insostenible. A medida que se extiende una nueva crisis de deuda, estos flujos financieros altamente especulativos y volátiles contribuyen más a desestabilizar las economías de estos países que a fortalecerlas.

Las instituciones financieras mundiales, lideradas por el Banco Mundial, están promoviendo la “inclusión financiera” para acelerar la integración de esta población en la economía de mercado

Las instituciones financieras mundiales, lideradas por el Banco Mundial, están promoviendo la “inclusión financiera” para acelerar la integración de esta población en la economía de mercado. Para cientos de millones de personas extremadamente pobres, la “inclusión financiera” significa en realidad convertirse en presa fácil para los prestamistas, ya sea a través de agencias de microcrédito o de usureros tradicionales. Los ataques neoliberales a los servicios públicos (escuelas, hospitales) y la precarización de quienes tienen un empleo remunerado acentúan aún más las necesidades monetarias, especialmente para las mujeres en familias monoparentales. Las instituciones capitalistas de microcrédito, patrocinadas por las principales instituciones internacionales como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre las que figuran filiales de grandes bancos privados como BNP Paribas y Santander, afirman tener cerca de 100 millones de clientes en todo el mundo, de los que cerca del 80% son mujeres. A pesar de las campañas mediáticas en su favor, el balance del microcrédito de los treinta últimos años es sin duda completamente negativo. Las soluciones para reducir la pobreza no consisten en endeudar a las personas más pobres a través del mercado, sino en garantizarles unos ingresos dignos, unos servicios públicos gratuitos y de calidad y un acceso al crédito a través de organismos públicos o cooperativas de crédito a tasas cero o muy bajas.

No debemos olvidar la llamada Ayuda Oficial al Desarrollo, que generalmente se utiliza para mantener las relaciones de dominación entre países. Ayuda “condicionada” por la aplicación de políticas neoliberales: recortes en el gasto público que degradan la calidad de los servicios de salud y educación, reducción del empleo en la función pública, reducción de la ayuda pública a los pequeños productores locales, precarización de trabajadores y trabajadoras; privatización, gestión de las fronteras y de la migración para reforzar la Europa fortaleza, por dar solo algunos ejemplos. Todas estas condiciones están definidas por los principales gobiernos del Norte y la dupla del Banco Mundial / FMI. Esta ayuda pasa por tres canales: ayuda multilateral, ayuda bilateral y ONGs. Además, algunas cuantías registradas en la AOD son el resultado de artificios contables. Por dar un ejemplo, las deudas irrecuperables se cancelan y se contabilizan como si fuera una donación sin que esto corresponda a una aportación de fondos al país en cuestión.

Como en los países del Norte, uno de los medios privilegiados para favorecer la intervención del sector privado en las sociedades es la promoción de asociaciones público-privadas (APP). Anteriormente financiados por los Estados, la financiación y la realización de bienes y servicios de infraestructuras se confían al sector privado, endeudando un poco más al sector público. Estas asociaciones público-privadas (APP) se caracterizan por su falta de transparencia en los concursos públicos y en la contabilidad, por la sobrefacturación de las empresas privadas, por el incumplimiento de las normas vigentes, por la ausencia de consultas públicas y de beneficios para la población, por contratos de alquiler de varias décadas a expensas públicas, etc. ¡Las APP deben ser rechazadas!

Finalmente, no debemos olvidar que los Estados europeos son parte de instituciones internacionales que van más allá del marco europeo: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), e incluso el Banco Africano de Desarrollo en el caso de ciertos estados europeos, especialmente las antiguas metrópolis coloniales. Este es también el caso del Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los estados europeos tienen una gran responsabilidad en la política nefasta que llevan a cabo.

Teniendo en cuenta: 1. el carácter antidemocrático de estas instituciones, 2. las flagrantes contradicciones entre los planes de ajuste estructural del FMI y varios tratados internacionales de derechos humanos; 3. la responsabilidad de estas instituciones en el estallido de la crisis de la deuda del Tercer Mundo en 1980; 4. la financiación pasada y presente de regímenes despóticos o dictatoriales por parte del FMI y el Banco Mundial, las deudas reclamadas por el Banco Mundial y el FMI a los países del Sur deben considerarse ilegítimas o/y odiosas. A pesar de la hegemonía de los Estados Unidos en estas dos instituciones desde su creación, en virtud de los derechos de voto de que disponen los países de la UE (o grupos de países presididos por un país de la UE), estos últimos también tienen una responsabilidad obvia en el nivel de endeudamiento de los países del Sur y en las consecuencias perjudiciales de las políticas que en ellos se llevan a cabo.

A modo de conclusión, los gobiernos europeos (cómplices de las grandes compañías privadas europeas), tanto históricamente como por su peso político, económico, militar o incluso financiero en el escenario mundial, tienen una gran responsabilidad en las injusticias sufridas por los pueblos del Sur, tanto en un plano bilateral, como multilateral.

Europa
La hora de construir una verdadera izquierda

Políticos, activistas y economistas de 21 países elaboran un manifiesto que pretende marcar el camino en caso de que “una fuerza de izquierda vuelva al gobierno en Europa”.

Recomendaciones

Para anular las deudas ilegítimas y odiosas reclamadas a terceros países y así promover formas de desarrollo soberanas, solidarias y centradas de los países del Sur, los gobiernos de los países europeos deberían, sin ninguna forma de injerencia, comprometerse a:

- Oponerse a la promoción sistemática del sector privado para financiar el desarrollo de los países del Sur y, en particular, oponerse a la promoción de Asociaciones Público / Privadas (APP).

- Cancelar su apoyo al sistema de microcrédito abusivo y sus instituciones, favoreciendo su reemplazo por verdaderas cooperativas administradas por las poblaciones locales y por un servicio público de crédito que otorgue préstamos a tasas cero o muy bajas.

- Derogar una serie de tratados internacionales, multilaterales y / o bilaterales (económicos, comerciales, políticos, militares, etc.) contrarios al ejercicio de la plena soberanía de los Estados del Sur y a los intereses de los pueblos del Sur y, en general, al interés general de la humanidad.

- Abandonar las instituciones internacionales y otros grupos informales que en esencia alimentan las asimetrías Norte / Sur y llamar, junto con los países del Sur, a la creación de instituciones internacionales multilaterales alternativas democráticas (siguiendo el principio de un país = un voto), justas y bajo el control de los pueblos. Por lo tanto, se trata de ayudar a crear nuevas instituciones internacionales respetuosas de los derechos humanos y de la naturaleza y de reformar las Naciones Unidas en profundidad poniendo fin al derecho de veto en el Consejo de Seguridad.

- Poner a disposición de las poblaciones de los países del Sur a través de sus asociaciones / organizaciones autónomas, todos los documentos, incluidos los clasificados como “secretos de defensa”, que puedan arrojar luz sobre el origen de las deudas reclamadas por las diferentes categorías de acreedores

- Poner fin a la Ayuda Oficial al Desarrollo en su forma actual al ser esencialmente un instrumento de dominación en beneficio casi exclusivo de los países del Norte y reemplazarla por una “Contribución de reparación y solidaridad” incondicional y en forma de donaciones, excluyendo en el cálculo de ésta las anulaciones de deudas y cantidades que no sirven a los intereses de las poblaciones del Sur. Esta contribución debe corresponder al menos al 1% del ingreso nacional bruto de los países más industrializados.

- Reconocer la deuda ecológica con respecto a los países del Sur. Prohibir a las empresas de su país especular sobre los recursos del Sur y sancionar severamente a las empresas culpables de cualquier forma de corrupción de funcionarios públicos en los países del Sur y obligarlas a contribuir financieramente a un fondo especial de ayuda y compensación. Igualmente, sancionar a los bancos (llegando incluso hasta la retirada de la licencia bancaria) que se prestan al lavado de dinero sucio, evasión de impuestos, fuga de capitales, despojo de las poblaciones del sur.

- Sancionar a los altos funcionarios y al personal político que en los países europeos favorecieron o favorecen la expoliación bajo diversas formas de los pueblos del sur.

- Financiar a los países del Sur mediante préstamos a tasa cero, reembolsables total o parcialmente en la moneda deseada por el deudor.

- Expropiar los “bienes mal adquiridos" por los gobernantes y las clases dominantes del Sur y devolverlos a las poblaciones afectadas y bajo su control. Afirmar el derecho a reparaciones y / o compensaciones a las personas víctimas del saqueo colonial y de la expoliación por el mecanismo de la deuda.

- Apoyar la implementación de auditorías ciudadanas en su territorio para cancelar las deudas reclamadas a terceros países y que han sido identificadas como ilegales, insostenibles, ilegítimas y / u odiosas.

Este texto forma parte de la publicación titulada El impacto en el Sur de las políticas financieras europeas y de las estrategias de cooperación para el desarrollo y las alternativas posibles, preparada en el marco del proyecto ReCommonsEurope.

Desde 2018, el proyecto ReCommonsEurope implica al CADTM, en colaboración con la asociación EReNSEP y el sindicato ELA, en una labor destinada a alimentar el debate sobre las medidas que debe aplicar prioritariamente un gobierno de corte popular en Europa. una primera fase de este proyecto culminó en 2019 con la publicación de un “Manifiesto por un nuevo internacionalismo de los pueblos en Europa”, que fue firmado por más de 160 activistas, militantes políticos e investigadoras e investigadores de 21 países europeos.



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