Eléctricas
Iberdrola, Naturgy y Endesa pagan más de medio millón de euros al año para influir en las políticas europeas

Iberdrola obtuvo 2.521 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de 2023, un 22% más que en 2022. Naturgy, unos 1.045 millones, un 88% más que en el año anterior. Y Endesa, 916 millones. ¿Cómo hacen las eléctricas españolas para mantener sus posiciones de privilegio y sus beneficios abultados pese al creciente debate y regulaciones sobre “los beneficios caídos del cielo”? 

Una investigación internacional, liderada por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y Fossil Free Politics (FFP), añade elementos para entender cómo el oligopolio de las eléctricas españolas siempre consigue salirse con la suya. Al menos hasta ahora.

Muchos de los mecanismos utilizados son conocidos, pero el informe Radiografía del lobby energético , publicado este 18 de octubre por estas tres organizaciones, profundiza en algunos de ellos. Las puertas giratorias son una de las principales herramientas para modelar las legislaciones y las decisiones gubernamentales que tocan los aspectos energéticos y eléctricos. El traspaso sistemático de recursos humanos entre la administración y las eléctricas también aporta a estas grandes compañías otro valor añadido: el conocimiento detallado de las legislaciones para saltárselas o utilizarlas en su beneficio. 

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Aquí es donde entran a jugar, apunta el informe, los abogados del Estado y otros funcionarios de máximo nivel que pasan a ocupar altos cargos Iberdrola, Endesa o Naturgy. Los abogados del Estado son la élite del funcionariado, se sitúan en la categoría A1, deben superar uno de los exámenes más duros y “conocen al dedillo las fortalezas y debilidades” de la Administración, señala la investigación. A pesar de que cobran, como mínimo, unos 60.000 euros al año en 14 pagas y en algunos casos incluso más, “muchos optan por buscar una mayor retribución salarial y piden una excedencia, mantienen su plaza pública y trabajan en la empresa privada”, subraya el informe.

A pesar de cobrar más de 60.000 euros al años, muchos abogados del Estado “optan por buscar una mayor retribución salarial y piden una excedencia” y pasan a trabajar para los servicios jurídicos de las eléctricas

Esta estrategia alcanza su máxima expresión en Iberdrola, que cuenta con nueve abogados del Estado en su cúpula directiva. Entre ellos, destaca Santiago Martínez Garrido, secretario general del Consejo de Administración de Iberdrola, o Gerardo Codes Calatrava, director de los Servicios Jurídicos de Recursos Corporativos y Control. En Naturgy, el director legal, Javier Gallego Piñera, también es un abogado del Estado.

Estos conocimientos profundos sobre el funcionamiento del Estado, señalan en Radiografía del lobby energético, se convierten en armas de gran utilidad a la hora de interponer recursos judiciales ante  medidas o normativas que erosionan los beneficios o privilegios de las grandes eléctricas. Entre los casos reseñados en el informe destaca la impugnación del mecanismo de financiación del bono social, que obligó al Gobierno a devolver el pasado julio 320 millones de euros a las tres grandes eléctricas. Otra muestra de los resultados de la estrategia judicial de las eléctricas fue la anulación por parte del Supremo en 2021 de un decreto del PP que costó al erario público nada menos que 1.400 millones de euros. Y todavía está en el aire la batería de recursos de las eléctricas ante las medidas del Gobierno para regular los “beneficios caídos del cielo”. También está por ver hasta dónde llega la primera demanda penal con Iberdrola por manipular el precio de la luz, un caso que en el mejor de los casos supondría una multa de 85 millones de euros, un porcentaje mínimo de los beneficios obtenidos por la compañía por caso denunciado por la Fiscalía.

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La fiscalía solicita 85 millones de multa para Iberdrola por manipular el precio de la luz, el 1,92% de los beneficios obtenidos en 2022 y el 3,3% de los de 2013.

El fichaje de inspectores de Hacienda es otra estrategia de “puertas giratorias técnicas” denunciada por APE, ESF y FFP. El objetivo no es otro que utilizar el conocimiento detallado del funcionamiento de Hacienda para reducir al mínimo el pago de impuestos, denuncian. Begoña García-Rozado es la “mejor fiscalista del mundo”, según los premios Global Counsel Awards de 2023, y es la directora de Fiscalidad de Iberdrola. Según su propio perfil en Linkedin, desde hace décadas es inspectora de Hacienda, y actualmente está “en excedencia”. Desarrolló su carrera profesional en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda y ocupó durante cinco años el cargo de Subdirectora General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas.

Presiones en Europa

Otro de los mecanismos en los que profundiza el informe son las presiones y grupos de cabildeo en Bruselas, donde se deciden las principales directrices que afectan al mercado eléctrico. Según detalla Radiografía del lobby energético, Iberdrola paga 400.000 euros al año en lobbies para influir en las decisiones europeas. La eléctrica cuenta con cinco pases para entrar en el Parlamento Europeo y ha tenido al menos 75 reuniones con representantes de la UE. Además, señala el estudio, paga al despacho de abogados Fleishman-Hillard 10.000 euros anuales. Este bufete conocido como el “mayor lobista de la UE” representa los intereses de otras grandes empresas como Banco Santander, Apple o General Electric. La compañía con sede en Bilbao también paga 200.000 euros a Flint Europe y otros 40.000 euros a JMG Analista Consultor “para ejercer sus presiones”.

Según detalla ‘Radiografía del lobby energético’, Iberdrola paga 400.000 euros al año en lobbies para influir en las decisiones europeas

Desde 2019, cuando la estonia Kadri Simson asumió como comisaria de Energía de la UE, Iberdrola ha tenido 13 reuniones con ella. Según esta investigación, Naturgy paga 50.000 euros anuales para ejercer presión sobre los funcionarios de la UE y se ha reunido cinco veces con Kadri Simpson. Endesa paga unos 25.000 euros anuales “para ejercer su lobby en Europa” y han tenido tres reuniones con la comisaria de Energía. 

Además de las presiones que ejerce cada empresas, el trabajo de lobby también se desarrolla a través de las asociaciones Aelec y Eurelectric, que agrupan a decenas de eléctricas españolas y extranjeras, y que gastan más de un millón de euros anuales en intentar llevar las directivas europeas hacia su terreno. Estas dos plataformas han tenido 97 reuniones con eurodiputados desde que hay registro.