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Ecofeminismo
Por qué la nueva ley sobre cambio climático no salvará el planeta
Hace ya más de un año y medio que el Gobierno anunció su intención de elaborar y aprobar una ley sobre cambio climático y transición energética. Esta ley debería ser un instrumento que nos ayude a conseguir la justicia climática tanto dentro como fuera de nuestras fronteras y a poner a las personas y el cuidado de la vida en el epicentro de todas las acciones que se lleven a cabo.
Sabemos que el cambio climático afecta con mayor severidad a aquellas zonas y colectivos que menos han contribuido a generar la situación actual, a los que más dependen del medio natural y a los que menos recursos tienen para enfrentarse a los impactos del mismo. Teniendo esto en cuenta, en el proceso de elaboración de la ley no se puede obviar la dimensión social y los distintos impactos que provoca el cambio climático, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, dependiendo de variables como el género, la edad, la renta, el medio donde se vive o el grupo étnico al que se pertenece. Además de no obviarlo, sería recomendable que en la elaboración de la ley participase algún otro colectivo que no sea el de hombres blancos de mediana edad y renta media-alta.
En estos momentos, el Gobierno está redactando el anteproyecto de ley y se supone que verá la luz antes del verano para que dé inicio la tramitación parlamentaria. Para su elaboración, se creó una comisión interministerial con representantes de los ministerios con competencias relacionadas con cambio climático.
Pero ha habido dos cuestiones que debemos tener en cuenta: por un lado, el proceso de la ley lo arrancó el Gobierno con unas jornadas para la participación de la sociedad civil, anunciadas a bombo y platillo, celebradas en mayo de 2017. A estas jornadas, se le hicieron miles de críticas por formato, metodología, y otros aspectos. La participación de mujeres—entre las que me encontraba—, no llegó al veinte por ciento.
La segunda cuestión tiene que ver con el informe sobre escenarios energéticos que el Ministerio de Energía encargó hace unos meses a un comité de expertos, nombrados por los partidos políticos. Por desgracia, no encontraron a ninguna mujer con experiencia y conocimientos suficientes para ocupar ninguna de las catorce sillas. Unos meses después, más de doscientas mujeres que trabajamos ámbitos tales como la justicia climática o la transición energética nos juntamos en Bilbao para poner de manifiesto que cuando existe falta de paridad, en la cuestión que sea, nunca es un problema de que no existan mujeres con el nivel necesario; lo que no existe es voluntad para encontrarlas.
Estos son dos ejemplos claros de la brecha existente en cuanto a la participación de mujeres. Pero hay otras tendencias relacionadas con el género que he observado en mi participación en foros relacionados con políticas de cambio climático tanto en el Estado como a nivel internacional.
Enfoques victimistas
Una que me preocupa especialmente es esa tendencia en la que se ve a las mujeres como las que tienen más papeletas de sufrir los impactos del cambio climático. Y sí que las tenemos. Pero se debería ir un poco más allá de los enfoques victimistas y reconocer a las mujeres como agentes protagonistas del cambio. Las mujeres llevan décadas poniendo en práctica estrategias de adaptación al cambio climático de manera continua pero también invisibilizada tanto en sus hogares como en el nivel comunitario. Como explica Yayo Herrero, “la historia de las mujeres las ha abocado a realizar aprendizajes que sirven para enfrentarse a la destrucción y hacer posible la vida. (…) Su posición de sometimiento también ha sido al tiempo una posición en cierto modo privilegiada para poder construir conocimientos relativos a la crianza, la alimentación, la agricultura, la ética, la defensa del medio natural, etc.”. Las mujeres de la Vía Campesina, del Movimiento de Afectados por la represas en Brasil, de las organizaciones indígenas. Cómo no pensar en Berta Cáceres, en Máxima Acuña, en Nilce de Souza Magalhães y en miles de mujeres que han tenido la visión y la valentía para plantear alternativas y convertise en motores del cambio.
Por otro lado, existe ya un consenso casi universal, o eso creía yo, de que todos los fenómenos, toda realidad y toda política o acción afecta de manera diferenciada a la personas en función de una serie de variables entre las que está su sexo. Pues no: todavía hay sitios en los que se expresa muy tranquilamente que las políticas de lucha contra el cambio climático no tienen ningún sesgo de género y que afectan a todas las personas por igual.
Hay otra tendencia curiosa a entender que todo lo que tiene que ver con igualdad de género y con las dimensiones más sociales y más relacionadas con los derechos humanos en las políticas contra el cambio climático sólo hace falta tenerlo en cuenta, si acaso, cuando hablamos de los “países pobres” (porque ya sabemos que ellos están en un estadio de evolución anterior al nuestro en esta senda lineal de lo que el sistema capitalista conoce como “desarrollo”).
Mucho me temo que las personas responsables de la elaboración de la ley van a seguir algunas (o todas) de las tendencias que he mencionado.
¿Cómo debería ser la ley, entonces, desde mi punto de vista? Pues hay toda una serie de principios, medidas y herramientas muy concretas que sería deseable que la ley tuviese en cuenta, tanto en su elaboración como en el texto final y en su desarrollo normativo posterior. Está claro que lo que necesitamos son cambios muy profundos que tienen que ver con el sistema económico y con los modelos energéticos, de consumo y vitales que tenemos. Cambios que atraviesan de arriba abajo todas las esferas de nuestras vidas como individuos y como sociedades.
Como dice Naomi Klein en su libro Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima, estamos ante una oportunidad histórica de hacer las cosas de otra manera, de que la lucha contra el cambio climático se convierta en ese motor que genere mayor equidad y construya un nuevo modelo donde el cuidado de la vida y las personas estén en el centro. Pero esto no lo conseguirá una simple ley o una simple norma, esto lo alcanzaremos con procesos participativos, que involucren a toda la sociedad civil en general y a las mujeres en particular. Creemos una ley que sea un instrumento, no solo contra el cambio climático, sino por la justica global, social y de género.