Desahucios
El IVIMA intenta ejecutar un desahucio de un activista que estaba intentando evitar otro desalojo

Sara Vázquez es una madre soltera que tiene dos hijos menores, de 1 y 8 años, y vive en Leganés (Madrid). Tiene ingresos precarios y no alcanza a pagar un alquiler. En 2016 alquiló una habitación en un piso. En 2018 la dueña se fue de viaje y empezaron a llegar personas reclamando la vivienda. Explica que, hablando con la comunidad de propietarios, descubrió que vivía en un piso ocupado de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (antiguo IVIMA). “Empecé a pagar la comunidad y, mientras, reclamé al IVIMA un piso de alquiler social. Yo no quiero nada gratis, quiero algo que pueda pagar. Pero se han negado”. El pasado martes se enfrentaba al tercer intento de desahucio con pocas esperanzas. Una hilera de furgones policiales que se apostaban junto a su portal desde primera hora de la mañana corroboraba sus temores.

De nada sirvió que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU haya ordenado la paralización de este desalojo en reiteradas ocasiones como medida cautelar mientras no hubiera alternativa habitacional. En un comunicado del 20 de junio, al que ha tenido acceso El Salto, insistían en la necesidad de frenar esta medida si no había vivienda alternativa.

A primera hora de la mañana acudían activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Leganés para intentar impedir el tercer intento de dejar a Sara y sus hijos en la calle. Y, aprovechando esta situación, denuncian que el inspector del IVIMA decidía ejecutar el desahucio de uno de los compañeros que se encontraba concentrado en la zona. “La semana pasada frenamos un desahucio también del IVIMA del compañero Rafa. Son una pareja con dos menores, uno de ellos con minusvalía. Conseguimos que se suspendiera hasta el 15 de julio. El inspector nos advirtió de que, si el 26 de junio, durante el desalojo de Sara, nos portábamos mal y montábamos el circo, ejecutaba también el de Rafa”, cuenta Felicitas Velázquez, activista de PAH Leganés, quien añade que el propio policía nacional le advirtió que aquello no se podía hacer.

Cuentan los activistas que este martes, mientras abandonaban ya el barrio de El Carrascal sin conseguir que Sara se quedara en el piso, recibieron la llamada de un compañero de Leganés Norte, otro barrio del municipio. Este les informaba de que el inspector del IVIMA estaba intentando ejecutar otro desahucio, el de Rafa. En ese momento, deciden dirigirse en masa hacia el otro punto de conflicto. Y allí se encontraron a la comisión judicial intentando acceder al piso.

“Yo estaba en mi casa tan tranquilamente. El IVIMA nos había dicho que nos iban a desahuciar el próximo 15 de julio. De repente, un vecino me ha avisado que estaba toda la policía abajo. Al rato han picado a mi puerta con una orden de desalojo”, explica Conchi Gabarre, pareja de Rafa, que estaba en casa cuidando de sus dos hijos. “Yo me he negado, les he dicho que la orden era para el 15 de julio. Me han dicho que sería hoy porque habían visto que mi marido estaba apoyando en el desahucio de Sara”, relata Gabarre, quien asegura que el inspector del IVIMA la invitaba a abandonar el inmueble. “Finalmente la policía ha intervenido para asegurar que la medida se había programado para el 15 de julio y que se había hecho así en su presencia, por lo que hemos conseguido que se paralizara”, cuenta.

Gabarre explica que decidieron ocupar un inmueble hace seis años, ante la falta de recursos. Actualmente solo reciben una renta mínima de inserción y tienen un hijo pequeño, de dos años, con una minusvalía. Asegura también que pedirán amparo a la ONU para que se pronuncie ante su caso e intente frenar el próximo intento de desalojo, ya que no tienen alternativa habitacional.

“Es el segundo informe de la ONU que entrego y no ha servido para nada”, se queja Sara Vázquez, quien ya ha recibido respuesta de la institución internacional, pero afirma que de nada ha servido. “La noche del martes dormí en casa de una amiga. Mis hijos no pueden estar en la calle con esta ola de calor”, advierte mientras, esperanzada, afirma que se ha sentido bien tratada por los servicios sociales del Ayuntamiento de Leganés. “Me han dicho que están negociando con la SAREB para ver si podemos conseguir un alquiler social”. Pero, mientras, no bajará la guardia hasta conseguir un techo. “Yo quiero pagar, pero algo acorde a mis ingresos”, sentencia.