LEV: políticas antiterroristas que provocan terrorismo y reprimen derechos

La palabra terrorismo brota de la boca de políticos, jueces, periodistas y legisladores con una ligereza asombrosa, concepto que suele ir acompañado de “extremismo”, “violencia” o “radicalización”. La relación de estas ideas provoca la discriminación de algunos colectivos, entre ellos la comunidad musulmana, y la criminalización de movimientos sociales o políticos, como el independentismo o la lucha por el medio ambiente. Es un fenómeno global que se empezó a propagar desde los atentados de Al Qaeda en Nueva York el 9 de septiembre de 2001, donde se empezó a extender una nueva forma de política antiterrorista conocida como “lucha contra el extremismo violento” (LEV), impulsada por los Países Bajos y el Reino Unido, pero a la que poco a poco se unieron otros Estados europeos, Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y las Naciones Unidas (ONU).

Para profundizar sobre las consecuencias de estas políticas, el informe La globalización de las políticas de lucha contra el extremismo violento, impulsado por Open Society Initiative for Europe, Transnational Institute (TNI) y Societal Security Network, analiza las acciones que varios gobiernos y organismos internacionales, como el Consejo de Seguridad de la ONU, han hecho bajo la bandera de la lucha contra el terrorismo, causando retrocesos en los derechos civiles.

Nunca se menciona la propia batalla contra el terrorismo como una posible causa del aumento del terrorismo

El coautor de este texto e investigador de TNI especializado en derechos humanos, seguridad y fronteras, Ben Hayes, advierte que cuando se habla de radicalización “no es necesario ni que haya violencia”, por lo que se vuelve mucho más fácil manipular y apuntar a algunas comunidades como problemáticas. “La idea de que la radicalización produce terrorismo es uno de los mayores mitos”, subraya.

Otro de los autores del informe, Arun Kundnani, quien también escribió The Muslims are Coming! Islamophobia, Extremism, and the Domestic War on Terror (“¡Que vienen los musulmanes! Islamofobia, extremismo y la guerra doméstica contra el terrorismo”), expone que “la guerra contra el terrorismo es un proyecto de Estado donde se utiliza la violencia para prevenir la violencia, lo que es una paradoja”.

Kundnani, que considera que la guerra contra el terrorismo mata a más civiles que el propio fenómeno que pretende atacar, manifiesta que la religión, la ideología, internet, las cárceles, la pobreza y la islamofobia son señalados como factores que podrían fomentar el reclutamiento, pero, en cambio, nunca se menciona la propia batalla contra el terrorismo como una posible causa del aumento de este fenómeno.

Esto contrasta con la investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que, basada en entrevistas con 500 miembros de grupos extremistas en África, encontró que en el 71% de los casos el punto de inflexión que condujo al reclutamiento de organismos como Boko Haram o Al-Shabab fue algún tipo de acción por parte del Gobierno, como el asesinato o la detención de un familiar o amigo. Pero el Consejo de Seguridad de la ONU, quien al final es quien toma las decisiones más importantes, sigue endureciendo sus políticas.

Pero ¿quién gestiona las políticas LEV? Estas decisiones se han externalizado a la Red de la UE para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR), que afirma haber reunido a más de 3.000 expertos de toda Europa, pero, tal y como insiste Hayes, no se sabe la identidad de estas personas ni existen controles democráticos sobre sus actividades, ya que ni siquiera el Parlamento Europeo tiene acceso a esa información. Además, tampoco existe ninguna voz crítica en la toma de decisiones. “Hay académicos que han estado estudiando la radicalización durante 20 años y no han sido invitados”, remarca Hayes.

Regulación de las ideologías

Las políticas de la LEV han ampliado de manera drástica los métodos empleados por los Gobiernos para luchar contra el terrorismo, que han pasado de investigar a personas y organizaciones terroristas concretas a terminar regulando las formas en que las ideologías se transmiten en las comunidades, lo que se convierte en una oportunidad para incrementar la vigilancia y la represión, así como de crear un clima de enfrentamiento dentro de la misma sociedad.

Tanto Hayes como Kundnani alertan de que se están usando profesores y médicos como “vigilantes” de una posible radicalización de sus pacientes o alumnos, y que también se intenta utilizar a algunas mujeres para que den información a los gobiernos en caso de que vean señales sospechosas en sus propias familias, sobre todo en el Reino Unido.

Mientras el terrorismo yihadista es tratado como un fenómeno internacional, a la extrema derecha se la cataloga como un conflicto local, cuando en realidad actúa internacionalmente igual que los terroristas de Daesh

“Los principios profesionales de un médico o de un profesor son muy distintos de los de un policía. Cuando rompes las fronteras de las normas profesionales estás menospreciando el sistema público entero. Y utilizar a mujeres de chivo expiatorio en familias musulmanas es absolutamente destructivo, porque lo que provocas es que la comunidad se vuelva más desconfiada y no se comparta información de forma pública”, apunta.

Hayes insiste en que uno de los principales problemas es que la legislación antiterrorista hecha en 2000 no define el terrorismo de una forma restringida, por lo que es “inevitable que los Estados usen esos poderes contra todo aquello que ellos consideren” y que acabe afectando a colectivos como los independentistas catalanes, los activistas medioambientales o las comunidades musulmanas. Ahora bien, esta legislación no afecta a los movimientos de extrema derecha, que en el caso de Alemania han quemado múltiples edificios donde se alojan migrantes y refugiados.

Kundnani, que también es profesor asistente en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Nueva York, relata que la violencia de la extrema derecha es vista “como un problema secundario”. Mientras el terrorismo yihadista es tratado como un fenómeno internacional, a la extrema derecha se la cataloga como un conflicto local, cuando en realidad actúa internacionalmente igual que los terroristas de Daesh.

Además, explica que en Europa se intenta conseguir una transformación cultural de la comunidad musulmana y para hacerlo los servicios de inteligencia se ponen en contacto con líderes del colectivo que pudieran detectar símbolos de radicalización. “Si se hiciera lo mismo con la extrema derecha, eso implicaría que los agentes de inteligencia deberían reunirse con los líderes de los partidos conservadores para detectar los ‘extremistas’ dentro de su grupo, y eso no quieren que suceda”, concluye.

Dinero para LEV

El Programa Europeo de Investigación sobre Seguridad ha invertido más de 400 millones de euros en iniciativas relacionadas con la radicalización. Por su parte, el Fondo de Seguridad Interior ha prometido 300 millones de euros más para financiar iniciativas de LEV en el plano nacional entre 2014 y 2020.

Hayes, que señala que la guerra contra el terrorismo “ha fallado en cada una de las medidas objetivas que ha adoptado”, advierte que lo más problemático sobre las políticas LEV es que a la mínima que hay un atentado los políticos creen que tienen que tomar medidas, reacción que tuvieron los representantes españoles que impulsaron la reforma del Código Penal en materia de delitos de terrorismo a partir de la Ley Orgánica 2/2015. A esta urgencia por actuar se le añade que, viendo que la UE da dinero por la lucha contra el terrorismo, muchos Estados que ni siquiera tienen problemas con la violencia terrorista piensan que es una forma de conseguir fondos públicos.

Que la ONU no tenga una definición de terrorismo no ha frenado a los Estados de adoptar leyes contra el terrorismo extremadamente duras. “No tener una definición da un cheque en blanco a los Estados para definir según sus propios intereses nacionales quienes son los terroristas. Lo que están intentando es sacar lo político de la batalla política, lo que provoca que el terrorismo pueda ser cualquier cosa excepto luchas políticas legítimas”. En el caso del movimiento independentista, Hayes resalta que “cuando el gobierno central define al independentismo como violento, fanático y motivado por el extremismo está despolitizando un conflicto cuyo origen está en la autodeterminación y los derechos humanos”.