CIE de Aluche
Piden el cese del director del CIE de Aluche para evitar “la grave situación de vulneración de derechos”

Los últimos autos dictados por la titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en funciones de control del CIE, Inmaculada Iglesias Sánchez, solicitando se abrieran investigaciones contra policías que trabajan en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, por “posible caso de torturas” parecen ser el detonante que faltaba para que más de un centenar y medio de asociaciones de todo el Estado español pidieran este martes al ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska el “cese inmediato” del director del Centro, Antonio Montes Rodríguez.

“Es necesario prevenir nuevos hechos como los denunciados en el último mes”, exigen las organizaciones, quienes acusan de que es “bajo la responsabilidad del actual director” que se constata “un uso desmedido e innecesario de medidas de seguridad, un clima intimidatorio y un trato inadecuado, e incluso degradante, hacia las personas internas”.

Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche, en Madrid, desde los primeros meses de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando es previa a su nombramiento en el cargo. Con anterioridad se desempeñó como jefe de Seguridad del propio Centro. De “carácter fuerte y malas maneras” —según lo definen quienes han tratado con él—, supo granjearse entre las personas internas e incluso en los pasillos judiciales el mote de “el sádico”, tal como alguna vez revelara el entonces responsable de Juzgado de Instrucción nº 6, también en función de control del CIE, Ramiro García de Dios Ferreiro.

Montes Rodríguez ocupa la Dirección del CIE de Aluche desde principios de 2017, pero la preocupación por la forma de ejercer el mando comienza antes, cuando era el jefe de Seguridad

“Con este director directamente no hay diálogo”, afirman las fuentes consultadas entre las organizaciones que realizan visitas a las personas encerradas en el CIE de Aluche y que prefieren mantenerse en el anonimato. “Con el anterior una podía hablar y si no había respuesta a peticiones que siempre tenían que ver con derechos vulnerados a algún interno, íbamos a los Juzgados. Ahora, y desde hace bastante tiempo, la única posibilidad es hacer la denuncia en los juzgados de vigilancia”, comentan.

“La grave situación de vulneración de derechos de las personas internadas en el CIE de Madrid bajo la dirección actual, no es una apreciación subjetiva de las entidades peticionarias. Es una realidad que queda reflejada en numerosas resoluciones judiciales dictadas por diferentes juzgados que tienen encomendado legalmente el control de la estancia de los extranjeros en este CIE”, denuncian las 158 organizaciones firmantes en el escrito de petición entregado al Ministerio de Interior.

El dossier entregado se acompaña de 12 documentos de autos judiciales, fichas de visitas del defensor del Pueblo al CIE, providencias judiciales e incluso una denuncia presentada el pasado 20 de junio por algunas organizaciones ante la Dirección General de la Policía Nacional “instando la apertura de procedimiento disciplinario” contra el mencionado funcionario policial.

En ésta última, organizaciones del prestigio de Pueblos Unidos, Karibu o el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, acusan a Montes Rodríguez de “incumplimientos reiterados de resoluciones judiciales y facilitación de expulsión sin garantías que ponen de manifiesto abuso de poder y trato inhumano y degradante a los internos”.

La denuncia enfatiza “el carácter reincidente del incumplimiento de las directrices de los Juzgados de Control” y pone especial énfasis en que las actuaciones de Antonio Montes Rodríguez no se tratarían de una extralimitación en sus funciones sino de “un abuso de poder desmedido que muestra un desprecio absoluto por el Estado de Derecho y por la vida de las personas afectadas”.

En la sumatoria de los documentos presentados se advierte no solo una vulneración constante de derechos inalienables a las internas e internos del CIE de Aluche, sino sobre todo una conducta reiterativa en desobedecer las diferentes advertencias y pronunciamientos de los Juzgados de Vigilancia.

A lo autos por posibles “casos de tortura” antes señalados, se suman otros de singular importancia, como el de apercibimiento al director por parte del entonces juez García de Dios Ferreiro, con fecha 8 de enero de 2018, para que “requiera a todos los funcionarios de policía que intervengan y presten servicios en el Centro de Internamiento para que vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa”, y que apenas cinco días más tarde, el 13 de enero, dicta un nuevo auto volviendo a exigir la identificación obligatoria al constatar que los policías seguían sin utilizarla.

A lo autos por posibles “casos de tortura” se suman apercibimientos al director para que los funcionarios de policía que trabajan en el CIE “vayan identificados en forma visible portando la placa identificativa

Una irregularidad continuada que no parece preocupar al director del CIE, atendiendo a que, en su último auto de fecha 10 de junio, la jueza Inmaculada Iglesias Sánchez, vuelve a hacer hincapié sobre este punto. “Se acuerda requerir al director del CIE a fin de que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todos los agentes de policía que presten servicios en el CIE llevan la placa reglamentaria con su número de identificación adoptándose para ello todas las medidas oportunas incluidas las disciplinarias”, ordenó.

La falta de identificación no es un hecho menor para el conjunto de las organizaciones, ya que gran parte de las denuncias que se presentan por vulneración de derechos se archivan por la imposibilidad de poder identificar a los funcionarios que han incurrido en el delito denunciado.

“Cuando el Estado priva de libertad a una persona, se convierte en garante de su vida, su salud, su integridad y sus otros derechos. Que sea la policía encargada de custodiar quien lesiona esos derechos u obstaculiza su ejercicio merece un reproche especialmente intenso, como especial debe ser el interés de los responsables políticos que tienen encomendada la superior dirección de cada departamento ministerial para que este tipo de conductas no se repitan”, concluye la petición de cese de Antonio Montes Rodríguez.