Chile
Caso Luchsinger/Mackay: una familia de terratenientes contra la comunidad mapuche

Un caso lleno de irregularidades enfrenta a activistas mapuches con la familia de un matrimonio de terratenientes chilenos muertos en un ataque incendiario, con el trasfondo del robo y control de los recursos naturales.

jose tralcal
El activista mapuche José Tralcal es uno de los dos acusados en el caso que ha sido condenado a cadena perpetua.

publicado
2018-07-14 06:35:00

Cada año hay nuevos escándalos por abuso de instituciones públicas chilenas contra la población originaria mapuche. No obstante, el caso de mayor revuelo es el que busca a los responsables de la muerte del matrimonio conformado por el empresario agrícola Werner Luchsinger (75 años) y Vivianne Mackay (69) en 2013, calcinados tras un ataque incendiario a su casa en la comarca araucana de Vilcún. Una larga batalla legal que aún no acaba y que se ha convertido en un símbolo del enfrentamiento entre el Estado y el pueblo originario que comprende al 10% de la población del país. 

Luchsinger y Mackay son apellidos ampliamente conocidos en la zona y también a nivel nacional. Y no sólo por su prominencia como colonos latifundistas: exactamente cinco años antes de su muerte, Matías Catrileo, un joven mapuche, había sido baleado por la espalda en los terrenos del primo de Werner Luchsinger, Jorge Luchsinger. Catrileo murió a manos de uno de los tantos carabineros encargados de resguardar la seguridad de los agricultores de la zona.

La prueba central del proceso es un testimonio firmado bajo tortura, según argumenta la defensa 

La justicia militar —una institución creada por Pinochet para los casos en que están involucradas las Fuerzas Armadas o la policía— condenó al carabinero que le mató a tres años de libertad vigilada por el delito de “violencia innecesaria con resultado de muerte”, y recién en 2013 fue dado de baja de la institución. Con Catrileo ya eran 8 los mapuche asesinados en democracia, sin que sus asesinos cumplieran un día en la cárcel. Pero la muerte de los Luchsinger Mackay activó todas las fuerzas del Estado para encontrar a los culpables, y demostrar que éstos eran mapuche.

Por el caso han pasado huelgas de hambre, campañas mediáticas, personas en prisión preventiva, tres juicios y cinco años, hasta que este 11 de junio de 2018 se leyó una condena que absolvió a siete imputados, dio cadena perpetua a dos de ellos, José y Luis Tralcal, por delito de “incendio con resultado de muerte con carácter terrorista”, y cinco años de libertad vigilada a otro, José Peralino Huinca, por el mismo delito, pero compensado por su colaboración con el caso. Hoy esta condena es criticada por los principales organismos de derechos humanos y será recurrida ante la Corte Suprema por una larga lista de irregularidades que la invalidan.

La prueba central del proceso es un testimonio firmado por José Peralino en el cual describe cómo, junto a diez otros mapuche del sector, organizaron el incendio y lo llevaron a cabo. Sin embargo, desde el estrado, Peralino acusa a los policías de haberle acosado y torturado durante un año hasta conseguir que firmara un documento escrito por ellos “lleno de mentiras”, en un encuentro en el que no le fueron leídos sus derechos ni contó con la presencia de un abogado. Luego, un peritaje psicológico demostró que el acusado además tiene problemas cognitivos y apenas sabe leer.

Otra situación que alza las dudas sobre la condena es la curiosa salida de la jueza Ximena Saldivia, que fue integrante del tribunal durante todo el juicio pero que, en plenos alegatos de clausura, presentó una licencia médica que le impidió continuar. La jueza Saldivia había presentado de forma paralela una denuncia por acoso laboral y presiones indebidas en contra del presidente del tribunal Germán Varas. Estas presiones podrían haber afectado a la independencia del proceso.

A esto se suma que los jueces Germán Varas y Mauricio Poblete se estaban postulando para cargos dentro del Poder Judicial que son designados por el Gobierno de turno. Este hecho abrió inmediatamente la polémica, pues la actual administración es querellante en el caso Luchsinger Mackay. Esto significa que una de las partes del juicio va a decidir si dos de sus jueces reciben un ascenso laboral.

¿Quiénes son los condenados? Luis Tralcal Quidel es un activo dirigente en la demanda de restitución territorial que ha sido absuelto en las nueve ocasiones en las que el mismo equipo de fiscales ha intentado inculparlo por hechos en los que, pese a ser definitivamente absuelto, le han significado años de prisión preventiva.

José Tralcal por su parte lleva más de 20 años de activismo ecologista, luchando porque 700 familias del sector Padre Las Casas recuperen el acceso al agua, luego de que la familia Luchsinger Mackay se apropiara del canal que les proveía del vital elemento. “El proyecto por el que trabaja José Tralcal contempla abastos de agua basados en la instalación de torres para que las familias no dependan de los camiones aljibes”, explica la periodista Catalina Manque, autora de una investigación sobre el expolio de tierras y recursos a la población mapuche.

Las polémicas por abuso de instituciones públicas al pueblo mapuche se acumulan cada año. Este 2018 empezó con la segunda autopsia a la activista Macarena Valdés, encontrada colgada de una viga de su casa, que demuestra que no fue un suicidio. Y con la resolución judicial que indica que la Operación Huracán, un operativo de investigaciones que detuvo a ocho dirigentes mapuche por asociación terrorista, fue un montaje realizado mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares.

falsos suicidios y montajes antiterroristas
Las polémicas por abuso de instituciones públicas al pueblo mapuche se acumulan cada año. Este 2018 empezó con la segunda autopsia a la activista Macarena Valdés, encontrada colgada de una viga de su casa, que demuestra que no fue un suicidio. Y con la resolución judicial que indica que la Operación Huracán, un operativo de investigaciones que detuvo a ocho dirigentes mapuche por asociación terrorista, fue un montaje realizado mediante la intervención fraudulenta de mensajes en teléfonos celulares.

Las explicaciones de estas cuestionadas resoluciones judiciales llegan hasta el gobierno central. En marzo de este año el derechista Sebastián Piñera asumió la presidencia de Chile, e instaló a su primo Andrés Chadwick como Ministro de Interior y Seguridad Pública, y a Hernán Larraín como ministro de Justicia. Ambos ministros recibieron formación política en su juventud en Colonia Dignidad, una secta fundada por un ex militar nazi muy cerca de la Araucanía, donde se comprobó que durante la dictadura se llevaron a cabo torturas, tráfico de armas, secuestro de niños, pedofilia y esclavitud. 

En abril Larraín dijo literalmente a la prensa que en Chile “la mayoría de los jueces son de izquierda” y que el gobierno preparaba un cambio para “netear” y “nombrar buenos jueces”. La Asociación Nacional de Magistrados de Chile denunció este hecho ante la ONU, considerándolo una amenaza a la independencia del Poder Judicial.

Los tres condenados del caso Luchsinger Mackay ya han recurrido a la Corte Suprema para anular el último juicio. La defensa además ha publicado videos en los que Peralino relata su versión de los hechos  y anuncia que testificará contra su propio testimonio nuevamente, en esta próxima instancia final.

Hoy se espera la admisibilidad del recurso de nulidad en la Corte Suprema.Esta última revisión de los hechos en el máximo tribunal podría definir hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Piñera por dominar a un pueblo que ha resistido a los imperios más feroces del continente, y que no parece bajar la guardia.

Relacionadas

América Latina
América Latina, más allá de Venezuela
1

Todos los partidos y medios parecen muy preocupados por las libertades y los derechos de la población venezolana, sin embargo poco se dice de esa otra América Latina, que está sufriendo el avance de los Gobiernos autoritarios con discursos genocidas y de las multinacionales que violan los derechos humanos de poblaciones enteras. 

Pueblos mapuche
Zomo Newen. Tejiendo juntas la memoria de resistencia

Zomo Newen. Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas no es solo un libro, sino un acto de memoria, un movimiento discursivo destinado a reivindicar espacios para que circulen en el espacio público historias que nunca fueron narradas: las de muchas mujeres implicadas en la lucha por los derechos del Pueblo Mapuche.

Pueblos originarios
Ola de indignación en Chile por la destrucción de la evidencia de un asesinato político

Camilo Catrillanca, de 24 años, fue asesinado por la espalda. Los policías responsables destruyeron la grabación del vídeo que registraba todo el incidente. Se trata del decimoquinto mapuche asesinado desde el retorno a la democracia. Se suceden protestas de rechazo en todo el país.

0 Comentarios

Destacadas

Vejez
Maltrato institucional en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid

Un centenar de personas protesta frente a la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor por la falta de personal y el sufrimiento que sufren muchos mayores. 

Violencia policial
Asesinato de la ecologista Gladys Del Estal: ¿premio por condena?

Se cumplen 40 años desde que un guardia civil mató a la ecologista Gladys del Estal en un festival antinuclear en Tudela (Navarra). La Audiencia Territorial de Pamplona impuso al agente una pena menor de 18 meses, pero éste fue condecorado poco después con una cruz al mérito, sin haber cumplido todavía la condena. Del Estal se convirtió en un símbolo para el movimiento ecologista, y su muerte, otro ejemplo de impunidad policial.

Elecciones generales del 28 de abril
Elecciones y violencia machista: qué dicen y qué hacen los principales partidos
Prisión permanente, cambios en la tipificación de los delitos contra la libertad sexual, una ley que garantice autonomía a las víctimas y feminismo liberal son algunas de las propuestas.

Últimas

Violencia policial
Asesinato de la ecologista Gladys Del Estal: ¿premio por condena?

Se cumplen 40 años desde que un guardia civil mató a la ecologista Gladys del Estal en un festival antinuclear en Tudela (Navarra). La Audiencia Territorial de Pamplona impuso al agente una pena menor de 18 meses, pero éste fue condecorado poco después con una cruz al mérito, sin haber cumplido todavía la condena. Del Estal se convirtió en un símbolo para el movimiento ecologista, y su muerte, otro ejemplo de impunidad policial.

Migración
“Servicios Sociales no debería quitar los hijos a migrantes pobres”
El activista panafricanista denuncia la práctica de Servicios Sociales de retirar a niños y niñas de familias vulnerables en lugar de ofrecer alternativas.
Ecofeminismo
Limpieza, de lo personal a lo político
¿Se puede ser ecofeminista y tener la casa como los chorros del oro? La autora de este artículo se cuestiona la necesidad de limpiar a fondo la casa y sobre todo recuerda que la mayoría de los productos de limpieza son tóxicos y altamente contaminantes.
Represión
Anulada la aplicación de la Ley Mordaza contra el periodista de Hala Bedi

Tras casi dos años de proceso, el juzgado invalida la sanción contra Mikel Saénz de Buruaga y condena al Gobierno vasco a pagar los costes judiciales. La sentencia es firme y no admite recursos ordinarios.