Dos años de intervención judicial

El medio catalán Directa repasa dos años de denuncias, multas y juicios destinados a detener el proceso de autodeterminación en Catalunya.

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Carteles en apoyo al referendum catalán en Barcelona Álvaro Minguito

La judicialización del proceso político catalán ha ido in crescendo. Desde que el 4 de noviembre de 2014, el Tribunal Constitucional suspendió la consulta del 9-N, se han ido desplegando procedimientos judiciales contra miembros del Parlamento, del Gobern, de alcaldías, regidoras o entidades, llegando en su punto álgido a raíz de la aprobación de la Ley de Referéndum, el pasado 6 de septiembre. Las vías de enjuiciamiento son diversas, en función del tipo de delito y los cargos investigados.

Ahora bien, la Ley de Transitoriedad, aprobada el mismo día que la del Referéndum, contempla la amnistía de las personas encausadas. El artículo 79.4 establece que, en una futura república catalana, "los juzgados y tribunales sobreseen o anulan los procesos penales contra investigados o condenados por conductas que buscaran un pronunciamiento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta".

354 recursos contra ayuntamientos y consejos comarcales

A lo largo de los últimos años, según datos de la Asociación de Municipios por la Independencia, la Delegación del Gobierno español ha denunciado a 106 ayuntamientos y consejos comarcales por impulsar la «soberanía fiscal», 105 por no colgar la bandera española, 96 por pagar la cuota anual de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) o por su pertenencia a la entidad y 47 por declararse «territorio catalán libre y soberano». Algunas de las causas han sido desestimadas o archivadas.

Ocho municipios acusados de rebelión

A principios de 2016, la Audiencia Nacional abrió diligencias a los ayuntamientos de Girona, Sant Cugat del Vallès, la Seu d'Urgell, Igualada, Celrà, Deltebre, Premià de Dalt y Vic por haber apoyado la Resolución 1/XI del Parlamento, sobre el inicio del proceso político en Cataluña, anulada por el Tribunal Constitucional. Los acusaba de rebelión o sedición y también de prevaricación, desobediencia, uso indebido de fondos públicos y usurpación de funciones.

Mas, Rigau, Ortega i Homs, condemnats pel 9-N

El diciembre de 2014, el Tribunal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) decide por unanimidad admitir querellas contra la entonces presidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta, Joana Ortega y la ex consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por la consulta del 9-N. En febrero de 2017, fueron juzgados por los delitos de desobediencia y prevaricación. Finalmente, el Tribunal dictó una condena de dos años de inhabilitación al expresidente, y de entre 18 y 21 meses a las ex consejeras, pero los absolvió del delito de prevaricación. Así mismo, más tarde, el Tribunal Supremo abrió un procedimiento judicial contra el ex consejero de Presidencia Francesc Homs por el mismo 9-N, a raíz de un informe que Homs envió a una empresa contratista de la consulta, en que informaba que las gestiones para prepararla no vulneraban su suspensión. Finalmente, fue condenado a un año y un mes de inhabilitación y a pagar una multa de 30.000 euros, hecho que lo obligó a dejar el escaño como diputado al Congreso. A un día de la aprobación de la ley de referéndum, el Tribunal de Cuentas amplió la causa del 9-N a siete altos cargos de la Generalitat y pide una fianza de cinco millones.

Caso Santiago Vidal

El Consejo General del Poder Judicial decretó la expulsión de la carrera judicial para el magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal durante un periodo de tres años, en febrero de 2015, por haber participado en un grupo de trabajo de carácter privado que estaba elaborando un proyecto de Constitución catalana. Escogido senador por ERC a las elecciones generales de noviembre de 2015, Vidal dimitió en febrero de 2017 por unas polémicas conferencias en las cuales afirmaba que el Gobierno de la Generalitat disponía de los datos fiscales de toda la población catalana.

Forcadell por la hoja de ruta

En octubre de 2016, la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, fue acusada de desobediencia y prevaricación por haber permitido la votación de la nueva hoja de ruta –las conclusiones de la comisión parlamentaria del proceso constituyente– a pesar de la interlocutoria del Tribunal Constitucional. El 16 de diciembre de 2016, Forcadell declaró ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por esta causa.

Caso Joan Coma

La Audiencia Nacional abrió un procedimiento penal al regidor de Cambiemos Vic Joan Coma Roure por un presunto delito de incitación a la sedición, a raíz de unas palabras pronunciadas por el edil en un plenario municipal en diciembre de 2015. Coma, para expresar metafóricamente la idea de superar el marco legal estatal en un proceso de autodeterminación, dijo que “para hacer una tortilla antes tenemos que romper los huevos”. La actuación de la justicia se originó a partir de una querella del regidor de la ultraderechista Plataforma Vigatana, Josep Anglada. Después de desobedecer la orden de presentarse a declarar en varias ocasiones, en enero de este año fue detenido por los Mossos y conducido a Madrid, donde tuvo que enfrentar un surrealista interrogatorio por parte del fiscal Vicente González. Pocos días más tarde, el juez Ismael Moreno decidió archivar la causa y remitir el expediente al juzgado de Vic, para que determine un posible delito de prevaricación o desobediencia, unas calificaciones que hasta entonces no habían aparecido.

Caso Montse Venturós

La alcaldesa de Berga, Montse Venturós, ha sido investigada por no descolgar la estelada del balcón del Ayuntamiento en periodo electoral. El 4 de noviembre de 2016, los Mossos d'Esquadra la detienen para obligarla a declarar y finalmente, cuatro meses más tarde, el Juzgado de Instrucción número 1 de Berga entiende que la exhibición de una estelada en la fachada del consistorio no puede considerarse un “acto de propaganda” penalizado por la Ley Electoral, y decide archivar la causa. Al mismo tiempo, el juez tampoco considera que Montse Venturós cometiera un delito de desobediencia a la autoridad en no descolgarla.

Multas a Omnium y la ANC

En mayo del año pasado, las dos principales entidades que se han significado al impulsar el proceso independentista desde la sociedad civil (Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana) recibieron dos multas de 330.000 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por considerar que habían utilizado datos privados con finalidad ideológica en una encuesta que ambas habían impulsado antes de la consulta del 9-N de 2014 y con una sanción adicional de 90.000 euros por alojar datos en un servidor de Estados Unidos, aprovechando un cambio de la normativa europea. El ANC recibió una orden de embargo de sus cuentas.

Investigado por unos tuits

En mayo de 2017, el abogado y escritor Hèctor López Bofill es citado a declarar por la Fiscalía Superior de Cataluña por una “serie de tuits” publicados desde su cuenta de Twitter. La investigación estaría motivada por un mensaje de abril en que decía: "Cuando seamos independientes yo me acordaré de los jueces, fiscales y funcionarios diversos que ahora contribuyen a extorsionar Cataluña".

Procedimiento por la compra de urnas

A raíz de una querella de la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña investiga desde el junio pasado la consejera de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat, Meritxell Borràs, por presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y malversación, por la convocatoria del concurso público por la adquisición de 12.000 urnas destinadas al referéndum del 1 de octubre. Las diligencias siguen su curso, a pesar de que en julio los abogados de Borràs pidieron el archivo de la causa por el hecho que el concurso de compra de material electoral finalmente se había declarado desierto.

Convocatoria del referéndum

El día siguiente de la Fiesta del 11-S empieza una escalada represiva por parte del Estado español, que arranca con la admisión a trámite por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de dos querellas presentadas para el Fiscalía contra todos los miembros del Gobern y cinco de los siete miembros de Mesa del Parlament – Carme Forcadell, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet- por haber tramitado la ley del referéndum, el pasado 6 de septiembre. Además de los delitos de desobediencia y prevaricación, se añade el de malversación de fondos públicos, que podría comportar penas de prisión.

Más de mil cargos públicos advertidos

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña envía el martes 12 de septiembre una notificación a más de un millar de cargos públicos catalanes, recordándoles la suspensión de la ley del referéndum por parte del Tribunal Constitucional y que, en consecuencia, cualquier actuación destinada a permitir la preparación o celebración supondrá incurrir en responsabilidades penales. La comunicación la reciben el presidente de la Generalitat y los 13 miembros del Gobern catalán, los 948 alcaldes y alcaldesas y otros altos cargos de la administración catalana, como los directores de TV3 y Catalunya Ràdio. El mismo día, el mayor de los Mossos d'Esquadra es citado por la Fiscalía del TSJC (junto con los máximos responsables del Cuerpo Nacional de la Policía española y la Guardia Civil en Cataluña) donde reciben la instrucción de “intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones pera a los miembros de las meses electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos”.

712 alcaldías investigadas

El 13 de septiembre, la Fiscalía General del Estado cursa orden a las fiscalías provinciales catalanas de apertura de diligencias de investigación sobre los 712 ayuntamientos y consejos comarcales que hasta ahora han apoyado públicamente el referéndum del 1-O y la voluntad de ceder espacios municipales por su celebración. Según la orden, los ediles tendrán que declarar con la categoría de investigados, asistidos por abogado y, en caso de que no lo hagan se pide que su detención, “oficiando a los Mossos d'Esquadra como policía judicial para que traigan a efecto en el plazo más breve posible”. Algunas de las titulares de alcaldía aludidas (entre ellas, todas las de la CUP), han manifestado que desobedecerán la orden de presentarse a declarar, cuando llegue, mientras que desde la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) se ha pedido a los cargos asociados que vayan a la cita judicial porque “no tenemos nada a esconder”. Las 712 alcaldías se convocan una concentración en la plaza de Santo Jaume de Barcelona el sábado 16 de septiembre.

Denuncia por un acto en la universidad de Valencia

La Coordinadora de Entidades Culturales del Reino de Valencia, presidida por el abogado exfalangista Juan García Sentandreu, presenta una denuncia ante el Ministerio Fiscal contra la diputada de la CUP Anna Gabriel, el diputado de CSQP Joan Josep Nuet, las organizaciones Acontracorrent y La Rebelde, los integrantes de la Asamblea de Representantes de la Facultad de Geografía e Historia, contra la Delegación de Estudiantes de la Universitat de València y contra el Rector de la Universidad por una charla sobre el proceso catalán al campus universitario. El acto finalmente, finalmente, fue autorizado pero la policía local de Valencia impidió a Gabriel y otros militantes de la izquierda independentista hacer un acto comunicativo a la calle el mismo día por la mañana.

Querellas contra la AMI y el ACM

El ministerio público presenta una querella contra la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y diputada de Junts pel Sí, Neus Lloveras, y el presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch (PDeCat), por su colaboración con el referéndum. El texto les atribuye los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, pero finalmente, ha acordado investigarlos sólo por desobediencia. Además, la Fiscalía solicita cuatro medidas cautelares: ordena a todas las alcaldías la retirada de carteles sobre el referéndum, prohibe "imprimir, colocar o difundir a través de cualquier medio los carteles de fomento de la participación a favor del sí" y el cierre de las páginas web de las dos entidades.

Querella contra la sindicatura electoral

La Fiscalía de Barcelona se querella contra Marc Marsal, Marta Alsina, Josep Labrador, Jordi Matas y Tània Virgen, los cinco miembros de la sindicatura electoral de Cataluña, para realizar actas que favorecen la celebración del referéndum. El Ministerio Público los acusa de delitos de usurpación de funciones públicas, desobediencia y malversación de fondos públicos.

Artículo original publicado en Directa.cat

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