Alimentación
Las AMPA que querían dar de comer a sus hijos

Las últimas cinco asociaciones de madres y padres en llevar la gestión de sus comedores escolares los perderán tras salir el servicio a concurso con el actual sistema de puntuación de la Junta de Andalucía.

Comedores en Andalucía
Varias alumnas del Colegio Público Gómez Moreno durante la hora del comedor. Carlos Gil
3 jul 2018 06:00

En abril se anunciaba que las últimas cinco asociaciones de madres y padres (AMPA) que gestionaban comedores escolares en Andalucía iban a perderlos en beneficio de caterings privados. La movilización social de las comunidades educativas ha forzado una negociación con la Junta de Andalucía que puede salvarlos, pero, sobre todo, rescata una vez más el debate en torno al modelo educativo, sanitario y social que deben promover los comedores escolares.

En Andalucía actualmente hay 1.939 centros educativos públicos, de los cuales los comedores de más de 1.300 son gestionados a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APEA) mediante licitaciones públicas, y el resto son comedores de gestión directa de la Consejería, en cifras aportadas por la propia consejera de Educación, Sonia Gaya, al comparecer en el Parlamento a raíz de la polémica.

En este curso, la inversión para dar de comer a 190.000 alumnos de la comunidad ha sido de 94 millones de euros, con una media de 4,38 euros por niño y día que se bonifica hasta en un 100% para familias con necesidades económicas.

Los colegios afectados por esta última licitación son el CEIP Gómez Moreno de Granada y los CEIP Europa, Francisco de Goya, Santa Isabel y La Chanca de Almería. En la negociación actual con la Consejería de Educación también se encuentran presentes las AMPA de los CEIP Arcoiris y Madre de la Luz, igualmente almerienses, que perdieron sus concesiones en 2016 y ahora optan a recuperarlas.

Modelo de cercanía o línea fría

Estela Gil, presidenta la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CODAPA), explica a El Salto que defiende el modelo de gestión de las AMPA frente a los catering por tres razones: “En primer lugar, la ausencia de ánimo de lucro. Todo el dinero que entra a los comedores revierte en el propio servicio. En segundo, se trata de un modelo ecológico y de cercanía que beneficia al medio ambiente y al tejido social del centro. Y en tercero y último... ¿quién lo va a hacer mejor que los padres? Van a preocuparse más que una empresa privada por la educación, salud y hábitos alimenticios de los niños”.

Aunque, en el caso de los siete centros en negociaciones, la cocina está en el propio comedor —y las condiciones de licitación exigen que se mantenga así— no es igual en el caso de todos los colegios de Andalucía. Lo más habitual es el uso de la polémica línea fría, en la que se preparan los platos en las cocinas centrales de la empresa y se distribuyen a los diferentes centros. De las principales empresas que contratan comedores con Educación, cuatro tienen sus sedes en Andalucía: Luis Sosa, en Sevilla, y que solo trabaja en su provincia y en Cádiz; Perea Rojas y Col-Sevicol en Málaga, que trabajan en toda Andalucía y en el resto de España, e Ibagar, en Granada, que desarrolla su actividad en Andalucía Oriental. El resto son multinacionales con sedes en Madrid o Barcelona, como Aramark, Mediterránea de Catering, Serunión y Serenísima.

Gil sostiene que el modelo de gestión por parte de las asociaciones y con proveedores de cercanía ha demostrado ser el más salubre: “No digo que el modelo de los caterings no sea sano, pero este ha demostrado serlo más, y lo prueban premios como el del informe NAOS sobre obesidad infantil del Ministerio de Sanidad, que ha reconocido la labor del comedor CEIP Gómez Moreno”, precisamente uno de los centros afectados.

En el caso concreto del Gómez Moreno, de hecho, algunos de los proveedores son directamente padres del colegio, como Rafael López, de Oilé, empresa familiar de aceite ecológico, que nos comenta la “satisfacción” de poder alimentar a la propia comunidad. Jorge Mimbrero, presidente del AMPA del centro, recuerda la última licitación: “Nos decían que teníamos que apretar a los proveedores para bajar precios. Que somos muy cándidos. Eso es que no han entendido nada”.

Otros proveedores, como Valle y Vega, que trabajan con agricultores ecológicos de la Vega de Granada, explican que “las cocineras del Gómez Moreno son las más conscientes de la temporalidad con la que trabajamos. No te van a pedir para hacer crema de calabacín en invierno porque saben que no es temporada, están acostumbradas a trabajar con productores ecológicos”.

Licitación vs convenio

Hasta 2014, las diferentes asociaciones renovaban la concesión mediante convenio con la administración. A partir de ese año, se empezó a licitar por el modelo de concurso público, en el que la oferta de las AMPA debe competir con la de firmas privadas. En un convenio, la asociación alcanza un acuerdo concreto con la Administración sobre costes y gestión. En un concurso público, alegan, deben competir en costes con empresas privadas que pueden permitirse pérdidas que una asociación no.

Aunque el número de comedores gestionados por los padres de forma directa nunca fue muy amplio —CODAPA carece de cifras exactas— esta circunstancia lo redujo, para el curso pasado, a apenas cinco: cuatro en Almería y uno en Granada. Los cinco han salido a concurso de manera individual al tratarse de centros con cocina integrada y que no precisarían llevar la comida desde otros lugares.

Muchos colegios en Andalucía son licitados mediante lotes de cuatro o cinco a la vez, algo en lo que CODAPA tercia aclarando que “no se puede estar en contra: si no se licitasen por lotes grandes los comedores sin cocina, a las empresas que tienen infraestructuras para atenderlos no les saldría rentable, y quedarían algunos centros sin atender”. La gestión por parte de las AMPA, recuerdan, es voluntaria y no todas pueden o quieren. “Para beneficiar a un grupo pequeño no se puede perjudicar a otro más grande”, puntualizan.

No puntúa surtirse de mercados de cercanía, y en cuanto al consumo de productos ecológicos, puntúa llegar a los cinco kilos por niño al mes, pero no superarlo, marca que consiguen algunos de estos centros. “No pensamos que haya habido mala fe, pero sabemos que las directivas europeas que deberían regir la contratación pública favorecen modelos como el nuestro. Ya que se anuncian leyes sobre empleo de calidad, medio ambiente u obesidad, que nos cuiden a nosotros que ya cumplimos con todo eso”, aclara Mimbrero, del Gómez Moreno.

En la misma línea se expresa Daniel, presidente del AMPA del CEIP Madre de la Luz. “La licitación nos mató. No nos han echado, pero nos han invitado a irnos”, nos explica. El comedor del Madre de la Luz estuvo gestionado hasta 2016 por el AMPA, cuando lo perdieron junto a las AMPA del vecino IES Caravaca y el CEIP Arcoiris, a favor de la filial española de la multinacional italiana Serenísima. Ahora las madres y padres de los dos colegios de Primaria negocian por recuperar dicha gestión junto a la de las cinco en peligro de perderla.

En 2017, tras un año de concesión, Serenísima quiso devolver la gestión a los padres, alegando “razones de logística”. Por eso, aclara Daniel, “no nos fiamos de concesionarias, no es lo mismo una empresa que una asociación sin ánimo de lucro”. En el caso del Madre de la Luz, el comedor era de gestión del AMPA desde 1981, y continúa aún trabajando un cocinero desde aquella época, ahora subrogado al catering. La empresa concesionaria despidió al administrador y el monitor responsable del resto decidió marcharse.

El canon

Todas las asociaciones de padres consultadas por El Salto Andalucía coinciden en quejarse de lo poco que se puntúa el mantenimiento de unas condiciones dignas para los trabajadores o el menú ecológico frente al ahorro de costes para la Administración. El canon de los contratos de comedores es una cantidad de lo cobrado por el menú que revierte en la propia Administración.

Daniel Lazo, jefe de administración del comedor del CEIP Europa, nos explica que es “imposible” competir con “ofertas temerarias” como las del catering Mediterránea, que con la puntuación actual arrebataría al AMPA la gestión del comedor de su centro. “Hemos intentado subir el canon, para nosotros supone dejar de cobrar 30.000 euros anuales de la Junta, pero para ellos 62.000. Eso es una barbaridad que solo puede devenir en un peor servicio de comedor”, considera. Ocurre lo mismo en el CEIP Madre de la Luz, donde la asociación de madres y padres solo puede llegar a un 5% frente al 18% de canon que ofrece la misma Mediterránea. “Es imposible competir, y al final es primar lo económico para la Administración frente al beneficio social o educativo”, lamentan.

Así se entiende la sorpresa de Mireia García, presidenta de la AMPA del CEIP Francisco de Goya, cuando leyó que se valoraba en 15 puntos el “compromiso de dar de alta a los trabajadores dos horas”. Esta madre se pregunta: “Pero, ¿no es una obligación? Hay empresas que cotizan a sus trabajadores por debajo de los diez minutos al día, nosotros los tenemos dados de alta incluso más tiempo. ¿No debería ser el mínimo y no un extra?”.

Dificultades parecidas lamentan en el CEIP La Chanca, del barrio del mismo nombre de Almería. Enriqueta Albacete, de la Asociación Cultural El Ancla, nos explica que en este caso no se trata de un AMPA, sino de una agrupación de madres, maestros y otros miembros de la comunidad educativa. “La cocina in situ la hicieron en 2003 alumnos de un curso de formación de albañilería por iniciativa de las asociaciones de vecinos, el pan se hace en un obrador del barrio a diario, el pescado fresco lo traen de la lonja, la carne se compra en la carnicería del barrio… La comida es casera manteniendo recetas típicas del barrio de pescadores”.

Todo eso no puntúa y “en nuestro barrio hay muchas necesidades y hay niños que la única comida equilibrada y completa que hacen es la que ingieren en el colegio”.

¿Y la gestión directa? La presidenta de CODAPA, tras defender las ventajas del modelo de gestión por parte de las AMPA, se moja al afirmar que “en realidad lo ideal sería por parte de Educación”, aunque se elija el modelo de gestión de los padres como el “menos malo” a la hora de externalizarlo. “El problema, claro, es la falta de personal de Educación en todos los ámbitos”. Actualmente, recordando los datos aportados por la consejera, en Andalucía quedan unos 600 comedores de gestión directa.

Pero en los mismos meses de abril y mayo en que saltaba la polémica por las pérdidas de concesión de las AMPA, los monitores de dichos comedores salían a la calle a protestar por sus derechos laborales. Desde CC OO se advierte de que los 427 monitores escolares a sueldo de la Junta “trabajan en condiciones precarias con contratos de 8, 12 o 20 horas, siempre son insuficientes mientras los colegios siguen reclamando personal; son en su mayoría mujeres a las que se precariza y cada verano se las envía al paro sin que la experiencia acumulada les contabilice de cara a la Administración”.

Mimbrero, el presidente del AMPA del Gómez Moreno, comenta que “asociaciones de otras provincias llevan años interesándose en cómo lo hacemos nosotros o los coles de Almería. Sabemos que en Granada hay tres comedores paralelos a los de los colegios, pero, aunque entendemos que existan, el modelo debería ser que estén en el propio cole y pueda tener acceso todo el mundo. No es una cuestión puntual tiene que ser un modelo general, ¿no?”.

Una solución municipal

La representación legal de CODAPA explicó a El Salto Andalucía que la negociación para que las siete AMPA mantengan o recuperen la concesión pasa por un acuerdo a tres bandas que incluya a los ayuntamientos de Almería y Granada, los cuales ya se han mostrado a favor.

El giro que se busca es que Educación recupere la gestión directa, quitándole la cesión a APAE, que dejaría de tener que licitar los comedores. Luego la cedería a los ayuntamientos de Granada y Almería, y estos firmarían el convenio con las AMPA. Siempre según la representación de CODAPA, “se alegarían razones de utilidad pública”, pero “tienen que estudiarlo los técnicos de la Junta para que se ajuste a derecho”.

Así, no haría falta esperar a la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor en marzo pero no afecta a estos concursos porque comenzaron en febrero, ni a la de las directivas europeas que priman los convenios con este tipo de asociaciones. Es, claro, una solución pensada para estos siete centros en concreto.

La cuestión que quedaría pendiente, con las circunstancias que el caso pone sobre la mesa, es si permitirá un debate más amplio sobre el modelo de comedores en Andalucía, y por tanto el modelo educativo, de salud e incluso social, que puede quedar aplazado una vez más con un cierre en falso.
Jorge Mimbrero nos recuerda que por estos proyectos “hay gente que ha llorado. Y, como decía la canción de Barricada, cuando aprendes a llorar por algo, aprendes a defenderlo”.

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