Opinión
Los inquilinos se organizan ante la crisis inmobiliaria

Por Jaume Grau López
Biólogo e integrante de Ecologistas en Acción, @jaumegraulopez

Las partes en la COP16 han entrado en terreno pantanoso en el final de la primera semana en lo relativo a la carpeta de financiación. Se trata del documento Movilización de recursos y el mecanismo financiero, el tema 11 en la agenda.

Las negociaciones venían ya complicadas desde la anterior COP15 de Montreal. Allí se acordó que, en 2025, los países del norte debían haber puesto sobre la mesa 20.000 millones de dólares anuales para financiar las medidas de conservación de la biodiversidad en el sur global, permitiendo su desarrollo económico y salvaguardando la naturaleza. Esa cantidad aumentaría hasta 30.000 millones anuales de 2025 a 2030, con unos flujos financieros totales hacia el Sur global de 200.000 millones en total. Pero todo quedó a expensas de fondos voluntarios, sujetos a las decisiones políticas de cada estado.

El documento de negociación está prácticamente todo entre corchetes, lo que significa que no hay nada acordado y todo está en discusión. En un primer bloque plantea aprobar la Estrategia de movilización de recursos 2026-2030 (Anexo I), que debe servir para conseguir que el dinero comprometido llegue a estar efectivamente disponible, e invita a toda clase de actores —incluidos el sector privado y las fundaciones filantrópicas ligadas a grandes empresas— a que hagan donativos para cumplir con la estrategia. Ésta contiene un marco de trabajo orientado a obtener resultados para apoyar la aplicación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MMBKM), y establece medidas y criterios para hacer operativa esta estrategia: eficacia, eficiencia, trazabilidad, transparencia y accesibilidad. Además, propone medidas para lograr incrementar el flujo financiero (Anexo II) e incorpora el planteamiento de animar a los actores privados, incluyendo empresas, fundaciones y otras, a hacer donaciones. También se plantean, bajo el eufemístico nombre de “mecanismos innovadores”, estrategias de mercantilización de la naturaleza, como los créditos de biodiversidad o las compensaciones. Se trata de un tipo de medidas de mercado priorizadas por los países que apuestan más por una política neoliberal, como Canadá, Australia y la Unión Europea, y que son enfrentadas directamente por Bolivia con la propuesta de estudiar enfoques no de mercado y basados en la Madre Tierra, expresión rechazada frontalmente por algunas Partes.

Un segundo tema clave es la reclamación para que se reduzcan los incentivos y subvenciones públicas perjudiciales para la biodiversidad, y se eliminen gradualmente hasta 500.000 millones de estos subsidios en 2030 (Anexo I). También hacer un seguimiento de la estrategia a través de un grupo de expertos, y que se evalúe la relación entre deuda externa y la aplicación del Convenio de Biodiversidad Biológica. Este último es un apartado que se ha discutido poco, seguramente porque ningún Gobierno quiere afrontar el coste político de recortar subsidios a sectores económicos clave (como la agricultura, la pesca, los combustibles fósiles, o la minería) de los que dependen millones de personas, pese a la evidencia científica que prácticas insostenibles en estos sectores están devastando la vida silvestre.

En un tercer apartado (Anexo III), algunos países del sur global (sobre todo Sudáfrica, República Democrática del Congo, Colombia e Islas Fiji) proponen que se cree un fondo financiero específico al servicio de financiar el Marco Mundial de Biodiversidad. En la actualidad, no existe un fondo así, creado específicamente para vehicular ayudas a la conservación de la biodiversidad pese a que la Convención, en su inicio y mediante su artículo 21, preveía su creación, sino que se decidió usar provisionalmente el Fondo para el medio ambiente mundial (GEF, por sus siglas en inglés), una herramienta que sirve de apoyo para varios convenios y tratados.

Con la aprobación del Marco Mundial de Biodiversidad en 2022, se constituyó dentro del GEF un subfondo dedicado a este Marco, pero bajo la estructura general. Los países críticos con este fondo GEF, y que reclaman un fondo específico y que dependa del Secretariado del CDB, argumentan que el GEF no está al servicio de la biodiversidad, es excesivamente burocrático y deja fuera a países y a poblaciones locales e indígenas. Por contra, un bloque de países del norte global (sobre todo Canadá y Japón, y con menos contundencia la UE), argumentan que es innecesario crear este nuevo fondo y que ello desviaría dinero para estructura y atrasaría las transferencias. Ambas posturas por ahora parecen irreconciliables. Es en este punto donde algunos países plantean textos para aplazar la decisión a futuras COP, afirmando que hace falta analizar mejor el GEF para identificar si funciona o no y por qué, estrategia calificada por Congo como “maniobra de dilación que busca atrasar una decisión”.