Derecho a la vivienda
El Parlamento Europeo avala la regulación de los alquileres

Un texto aprobado este 21 de enero por el Parlamento Europeo pide a la Comisión y a los Estados miembros que regulen el mercado y a los agentes financieros que operan en él para “garantizar el acceso a una vivienda asequible y adecuada”. Con 352 votos a favor, 179 en contra y 152 abstenciones, los europarlamentarios instan a los integrantes de la UE y a las autoridades locales a “adoptar disposiciones legales, incluidas normativas de alquiler claras, para proteger los derechos de los inquilinos y propietarios que ocupan sus propias viviendas”.

A la hora de explicar las causas del aumento de los precios y un empeoramiento en el acceso de la vivienda para amplias capas de la población europea, la resolución señala a “las inversiones extranjeras”, que “provocan el aumento de los precios de las viviendas locales" y a las plataformas de alquiler vacaciones, como Airbnb, que  reducen la oferta disponible, especialmente en el centro de las ciudades”. El Europarlamento también apunta a las “adquisiciones especulativas de viviendas y terrenos” y al hecho de que “cada vez más personas compran segundas viviendas para generar ingresos adicionales”.

La resolución señala a “las inversiones extranjeras”, que “provocan el aumento de los precios de las viviendas locales y a las plataformas como Airbnb, que reducen la oferta disponible”

Desde el Parlamento Europeo admiten, sin embargo, que la gravedad de la situación varía en función de los Estados. En los últimos tres años, señalan, los precios de la vivienda han aumentado una media del 5%, mientras que el gasto en vivienda social de representa apenas el 0,66% del PIB. Todo esto, claro está, tiene un precio: según sus propias cifras, una vivienda inadecuada cuesta a las economías de la Unión 195.000 millones de euros al año.

Frente a los problemas cada vez más acuciantes de acceso a la vivienda, los Eurodiputados piden que se incluya el sector de la vivienda —y no solo a la vivienda social— como un “servicio de interés general” como vía para garantizar el “derecho a una vivienda asequible y digna para todos”. 

Para Jaime Palomera, portavoz del Sindicat de Llogaters de Catalunya, la resolución, que apuesta por la regulación de los alquileres, supone “un severo correctivo a la ministra [Nadia] Calviño, que lleva dos años batallando en contra. Y ojo al resto de cosas que pide la UE. El cambio es irreversible”.

Según el vicepresidente económico, Pablo Iglesias, el texto aprobado “es una magnífica noticia que da un enorme impulso a la negociación y al trabajo que estamos haciendo en el Gobierno para cumplir el mandato del acuerdo. La vivienda es un derecho”.