Derecho a la vivienda
Colectivos andaluces piden más a la nueva Ley de Vivienda

‘No más desahucios. Ni gente sin casa, ni casas sin gente’ es la proclama defendida semana a semana durante años por Stop Desahucios Granada 15M que, junto a otros colectivos sociales de Granada, se han manifestado este sábado 9 de octubre para exigir la aprobación de una ley estatal de vivienda que defienda, garantice y blinde el derecho a la vivienda de los trabajadores.

Los colectivos sociales han celebrado el acuerdo alcanzado entre los dos partidos políticos de la coalición de Gobierno para la aprobación de una ley estatal de vivienda, pero insisten en que “queda aún un largo trayecto hasta que esta ley se materialice, en un proceso que se anuncia largo y complicado, lleno de obstáculos y zancadillas; mientras la ley se tramita hay que dar una solución a las familias para después del 31 de octubre, momento en el que finaliza la actual moratoria antidesahucios”. Ana Guardia, portavoz de Stop Desahucios 15M explica que el escudo social de la moratoria antidesahucios ha sido insuficiente y aunque ha frenado un importante número de desahucios, “no ha hecho más que postergar el fatídico momento para más adelante, y dejar sin cobertura a otras familias que se han visto en la calle. Por eso, ahora más que nunca, nosotros no vamos a cesar en las reivindicaciones que consideramos que deben incluirse en la ley de vivienda”. Los números les dan la razón, en el segundo trimestre de 2021 el aumento de desahucios en Andalucía ha sido seis veces superior respecto al mismo trimestre del año pasado, según datos recabados por el Consejo General de Poder Judicial.

Para los colectivos —entre los que se encuentran el Sindicato de Inquilinos de Granada, la asociación de camareras de piso Las Kellys, la asociación de trabajadoras del hogar NOSOTRAS, Marchas de la Dignidad, Asamblea Interprofesional, Granada Visible, USE, SAT, USTEA, Izar, PCPE, PCPT, Nación Andaluza, Taller literario La Ribera, Radio Almaina y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía—, la nueva ley debe garantizar y blindar el derecho a una vivienda digna y adecuada por encima de cualquier otra cuestión, haciendo efectivo el derecho constitucional expresado en el art. 47, por el que las Administraciones públicas deben implementar todas las medidas a su alcance para garantizarlo y protegerlo como un auténtico derecho fundamental. Exigen la paralización de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional; asegurar y ampliar el parque público de vivienda con todas las viviendas de la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, herramienta financiera público-privada creada para liberar a la banca de los solares y edificios con hipotecas consideradas incobrables y que estas entidades pudieran recuperar la capacidad de crédito para la reactivación económica) y ofrecerlas en alquiler social adecuado a los ingresos de las familias trabajadoras.

También exigen la limitación de los precios de los alquileres de grandes tenedores, adaptándose a los ingresos familiares, y la obligación de la prórroga de los mismos en las mismas condiciones, así como la admisión de segundas reestructuraciones de deuda para los hipotecados vulnerables, conforme al Código de Buenas Prácticas, y la garantía de los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a telecomunicaciones.

Sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada: “Es muy positivo romper el tabú de la regulación del precio en un país tan marcado por la propiedad y la especulación”

La ‘Casa de paso’, el sindicato de inquilinas e inquilinos de Granada, ha valorado para El Salto Andalucía el acuerdo sobre la Ley, considerando en primer lugar que “esta nueva legislación es un comienzo, cuyos pasos valoramos positivamente, es muy necesario romper el tabú de la regulación del precio del alquiler en un país tan marcado por la propiedad y la especulación”, aunque añade que “no podemos olvidar que, tal y como está redactada actualmente, no va a solucionar el problema del alquiler, mucho menos a corto plazo, y su impacto va a ser limitado a la hora de afrontar un reto tan importante como es el de la vivienda en este país”.

Encuentran distintas limitaciones en la formulación de la misma, la primera es su carácter ‘opcional’: “¿Por qué decimos opcional? Porque si la aplicación de las medidas depende del criterio de la Administración local o autonómica quiere decir que hay opción de no hacerlo, y esto incidirá, de una u otra forma, en el aumento de las desigualdades entre territorios”. Señalan como ejemplo el de las viviendas vacías y los “desactualizados datos sobre vivienda que responden al censo del 2011 en Andalucía”, según el cual había 303.000 viviendas en alquiler y 637.221 viviendas vacías, el 14,6% de las existentes en la comunidad. Estas cifras demuestran para el sindicato la necesidad de incidir en la movilización de estas viviendas: “La medida propuesta por el Gobierno de gravar hasta un 150% como máximo las viviendas desocupadas se queda en nada si finalmente el ayuntamiento de turno, responsable de aplicar esta medida, decide no hacerlo. Lo mismo sucede con medidas como la congelación de precios de pequeños arrendadores y la bajada de precios de grandes tenedores en zonas tensionadas”.

Encuentran una segunda limitación en la bajada de precios en zonas tensionadas que la nueva ley solo aplicaría para personas jurídicas con más de 10 inmuebles, los llamados ‘grandes tenedores’. El sindicato apunta datos que cifran en cerca de 20.000 grandes tenedores en Andalucía, ocupando los primeros puestos Málaga con 8.927, Granada con 7.204 y Sevilla con 6.081. No conocen el número exacto de viviendas que acaparan estos propietarios ni cuántas de las mismas están en alquiler, ni si las alquilan como particular o como entidad jurídica. Por este motivo, señalan, “las medidas propuestas por el gobierno podrían tener un alcance muy pequeño, la aplicación de la regulación de precios debería ser automática para el conjunto del mercado de alquiler que presente precios tensionados”.

La PAH y el Sindicato de Inquilinos presionan para salvar la Ley de Vivienda en la recta final

Martín Cúneo

Ley de Vivienda

Ley de Vivienda La PAH y el Sindicato de Inquilinos presionan para salvar la Ley de Vivienda en la recta final

Martín Cúneo

El carácter voluntario de la regulación del precio de los alquileres y la falta de medidas para hacer efectiva la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional son las principales críticas del movimiento de vivienda al acuerdo.

Acuerdo para los presupuestos Los grandes propietarios tendrán que bajar los precios del alquiler y los pequeños no podrán subirlo

La tercera limitación es su descontextualización, el sindicato de vivienda granadino explica que en el contexto actual los precios han ido subiendo de manera desproporcionada en la última década. Según datos de 2018 del Banco de España, el precio de la vivienda en nuestro país había crecido un 50% en el último lustro. “Málaga y Sevilla se encontraban entre las ciudades donde más había crecido el precio del alquiler, seguidas de Granada con un 30% de incremento. Por tanto, con unos precios tan elevados, plantear la congelación o la bajada solo para grandes tenedores, supone mantener unas circunstancias que ya no eran soportables antes de la pandemia del covid”, afirman.

La cuarta limitación tiene que ver con la falta de información sobre la situación real de la vivienda; las cifras de los Censos de Población y Vivienda están desactualizadas, lo que influye en la posibilidad de establecer zonas tensionadas o localizar personas jurídicas que deben bajar los precios de sus viviendas en alquiler: “Es necesario disponer de esos datos para poder establecer los indicadores que permitan aplicar la ley de manera efectiva en el plazo de dos años”. 

Sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga: “La negativa del Gobierno andaluz a implantar la nueva ley nos parece una barrabasada”

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga entiende que la nueva ley supone un punto de partida para avanzar en medidas más garantistas, pero les parece insuficiente. Coincide con el sindicato granadino en que la regulación de precios debería ser automática en todos los municipios donde la situación del mercado es tensa para evitar diferencias territoriales en la aplicación de la ley, “la postura del gobierno de la Junta de Andalucía que ya ha anunciado que no aplicará la ley en la comunidad nos parece una barrabasada”, afirma Curro Machuca, del sindicato malagueño, a El Salto Andalucía. 

El sindicato exige que la bajada de los precios sea obligatoria para el conjunto del mercado del alquiler, y no solo para las empresas con más de 10 viviendas; que el periodo de 18 meses para la aplicación de la bajada de precios es demasiado extenso para la grave situación actual y podría provocar el efecto contrario y que se produzca un aumento de precios antes de la aplicación de la ley; tampoco están de acuerdo en que los particulares con menos de 10 viviendas bajen sus precios de forma voluntaria a cambio de una bonificación fiscal del 90%, consideran que esto implicaría una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos. “Nuestros cálculos apuntan a que los beneficios fiscales como condición para bajar un 10% el alquiler resultaría rentable para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000 euros; la ley tal y como está redactada ahora mismo, no parece que vaya a solucionar ni el acceso a la vivienda ni el alto precio de los alquileres”, afirman en un comunicado en su web.