Varias familias llevan ya más de una semana acampadas frente a la casa del presidente de la Junta. Exigen una solución para su situación de precariedad, así como para el problema de la vivienda en la región.

Varias familias acampan de manera indefinida ante la residencia oficial de Fernández Vara para visibilizar la dejación de funciones de las diferentes administraciones públicas en materia de vivienda. Las personas acampadas se encuentran afectadas por desahucios y falta de suministro de agua.

Extremadura se convierte en la primera comunidad autónoma que obliga al sector bancario a informar de las hipotecas titularizadas. La consecuencia práctica es que en estas hipotecas, que a afectan a miles de personas, los bancos no tendrían potestad para reclamar la deuda a las afectadas y proceder a instar los desahucios.

El artículo 47 de la Constitución Española dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada...”. Lo que se le olvidó a la clase política fue especificar que sólo tendrán ese derecho las personas que puedan pagar las abusivas cuotas que bancos y demás usureros impongan por prestarles el dinero suficiente para poder acceder a esas viviendas.

Seis madres solteras y otras cuatro familias en situación de emergencia habitacional están alojadas desde el 13 de diciembre de 2017 en uno de los bloques abandonados del Ministerio del Interior en la barriada de Suerte Saavedra, en Badajoz.