Unión Europea
Entre dos derechos iguales, decide la fuerza (II). ¿Una Europa de autómatas suicidas?

¿Una Europa de autómatas suicidas?

Había muchas incógnitas sobre la respuesta europea a la peor crisis de su historia hasta la fecha. En la reunión del Eurogrupo del 9 de abril, tras el bloqueo rotundo de los gobiernos alemán, austríaco, finlandés y holandés a la propuesta de los coronabonos (una primera forma de mutualización de las deudas públicas de los países del euro), se terminó cerrando un acuerdo que, tras la jerga tecnocrática y la sopa de siglas de agencias y programas, reintroducía el MEDE, el Mecanismo europeo de estabilidad, es decir, un programa de ajuste estructural para que los Estados deudores estrangulen su gasto social al objeto de pagar los vencimientos de deuda. Dicho de otra manera, una aplicación del tratamiento griego, que de verificarse esta línea podríamos terminar llamando italiano o español. La única salvedad (vendida esta vez como un acuerdo por la larga coalición austeritaria europea, en la que se reconocen los ⅘ del gobierno Sánchez, con Nadia Calviño al frente) es que se permite un falso y breve jubileo, por el que no contará como deuda el crédito empleado en el gasto sanitario o para salvar empresas y financiar ERTEs, pero sólo durante el periodo especial de combate contra la pandemia, que ni siquiera está aún establecido. Tras el cual, las condiciones de financiación serían las de la vieja Troika y el nudo corredizo sobre el gasto social se estrecharía hasta alcanzar un diámetro minúsculo. 

De este modo, vamos comprobando que el juego de la gallina continúa funcionando para los gobiernos más fuertes del Eurogrupo, que son los que cuentan con las finanzas más saneadas, los acreedores, los principales ganadores de la crisis de las deudas públicas europeas del 2010-2012, los que mejor pueden aguantar las tormentas financieras que el sistema bancario no va a dejar de desencadenar para echar abajo la deuda pública de los países más vulnerables. Estamos hablando de que esos gobiernos se han impuesto sobre Italia, tercera economía del euro, y España, cuarta, obligando a una retirada táctica a la segunda, Francia. 

Junto a los fondos buitre, el otro sector ganador que está aprovechando la situación es el del capitalismo de plataforma: Amazon, Facebook, Google, están perfectamente preparados para aprovechar la demanda de consumo y de empleo y se configuran como grandes poderes decisorios sobre las orientaciones del capitalismo postpandemia

Mientras tanto, ya sea como automatismo, ya como cooperación programada, los mismos bancos y corporaciones salvadas por los gobiernos, usan los préstamos con interés negativo avalados por el BCE para elaborar vehículos de inversión destinados a extraer capital mediante compras de ocasión. Este es el caso de Blackrock, el disfraz de sicario estilo “private equity” que usan los grandes bancos del sistema atlántico para operaciones de shock-and-awe, de conmoción y espanto en los mercados de todo tipo de bienes fundamentales. En lo que atañe al capital con sede española, Blackrock ya se ha hecho con el 4 % de Bankia, y se convierte en el segundo grupo accionista, aunque a mucha distancia del grupo de acciones que maneja el Estado a través del FROB. Como señala Adam Tooze en un excelente artículo sobre la realidad de los mercados de deuda pública: “[...] En realidad, los mercados de bonos actuaron como sicarios, pero al hacerlo no desempeñaron tanto el papel de justicieros del mercado entregados al saqueo como el de escuadrones de la muerte paramilitares operando en connivencia con las autoridades. La débil estructura de la disciplina fiscal colectiva se vio complementada por la amenaza del terror de los mercados de bonos”. Junto a los fondos buitre, es decir, otros vehículos que utiliza la banca del sistema atlántico (en Madrid ya nos era conocida Blackstone, que compró al gobierno del PP el parque de vivienda pública madrileño en 2013), el otro sector ganador que está aprovechando la situación es el del capitalismo de plataforma: Amazon, Facebook, Google, están perfectamente preparados para aprovechar la demanda de consumo y de empleo y se configuran como grandes poderes decisorios sobre las orientaciones del capitalismo postpandemia. No sólo sortean el pago de impuestos, gracias a la libertad criminal de crear paraísos fiscales dentro la propia UE, sino que sus plataformas disponen de una fuerza de trabajo potencial casi inagotable, perfectamente chantajeable y vulnerable, mientras que su acumulación privada de datos sobre las personas, sus comportamientos, su movilidad y sus relaciones les convierte en la inteligencia artificial capitalista capaz de decidir y predecir (es decir, actuar sobre las opciones posibles y probables de los demás). 

Tras el Consejo europeo del pasado 23 de abril, en el que se habló de la sustancia y la forma del Plan de reconstrucción o, para los más incautos, el nuevo “Plan Marshall,” los mapas empezaron a cobrar más sentido. Lo primero que llamaba la atención es el silencio casi total que dedicaron al Consejo los principales medios de comunicación, en particular los medios españoles. Algo extraño, puesto que, si se puede hablar de rondas, ésta se ha saldado con una derrota contundente tanto de la posición italiana como de la española. Esta va a ser una negociación larga —que, en estas condiciones de urgencia, es ya una primera victoria del statu quo— y con unos plazos en los que las partidas del plan no estarían disponibles hasta 2021, en el mejor de los casos. 

Pero el silencio habla por los codos: ni hablar de coronabonos, ni del plan español de emisiones de deuda perpetua mutualizada como instrumento de financiación del plan. De esa manera, sólo quedan los instrumentos de uso corriente, combinaciones de subsidios y créditos a partir del presupuesto comunitario, dentro del Marco Financiero Plurianual de la UE y, por lo tanto, dentro de dimensiones que siguen siendo raquíticas respecto a las dimensiones de la recesión global. Pero quedaba un seísmo de cierta importancia: el Tribunal constitucional alemán de Karlsruhe se pronunció oportunamente el pasado 5 de mayo sobre el Public Sector Purchase Programme, el programa de compras de activos públicos del ECB, el principal instrumento que ha mantenido a flote el euro desde 2015, como consolidación de las medidas extraordinarias de compra de activos públicos y corporativos que, junto con el “whatever it takes” de Mario Draghi, evitaron la suspensión de pagos del gobierno de Mariano Rajoy en julio de 2012. Lejos de ser un ataque frontal al PSPP, la resolución del tribunal de Karlsruhe alerta de la falta de proporcionalidad del programa de compras de activos, es decir, acusa al ECB y a la Comisión de estar incurriendo en una violación de sus competencias, de actuar ultra vires. Con no poca arrogancia, el tribunal da tres meses a Christine Lagarde para que acredite la proporcionalidad del programa de compras. La respuesta del principal acusado de prevaricación, el Tribunal europeo de justicia, no se hace esperar y replica de la siguiente manera: “El Tribunal de Justicia, creado a tal fin por los Estados miembros, es el único competente para declarar que un acto de una institución de la Unión es contrario al Derecho de la Unión”. Acto seguido, la Comisión europea anuncia un posible expediente de infracción ante el Tribunal europeo contra Alemania. 

Entre tanto, esto supone un ulterior retraso de la presentación del “Plan de reconstrucción” por parte de la Comisión, que además plantea la modificación de las reglas de la competencia para permitir las nacionalizaciones temporales de empresas. Apurar el límite, esperar a ver quién salta antes del coche en marcha. Angela Merkel se dirige al Bundestag el pasado 5 de mayo; los fascistas de AfD llevan la voz cantante de la defensa de la “eternidad” de la Ley fundamental alemana, espoleada por el Tribunal de Karlsruhe en su último fallo sobre el PSPP: ”¿Qué dice usted a los críticos de esa decisión, que acusan al Tribunal constitucional federal de dividir Europa? ¿Divide Europa el Tribunal constitucional federal? ¿Divide Europa nuestra Ley fundamental?”. La respuesta de Merkel pudo tranquilizar a la opinión pública europeísta, pero nos equivocaríamos si pensáramos que responde a una posición de fuerza. Antes bien, es una posición de resistencia, dentro de su partido y dentro del sistema político y mediático de la Alemania unificada. Merkel apuesta por el euro y por la “solidaridad”, pero en modo alguno osa plantear el fin de la “soberanía fiscal” de la potencia capitalista alemana: “Mi tarea en este ámbito consiste en respetar la decisión. El Tribunal constitucional alemán ha dicho sobre el Bundestag y el gobierno federal exactamente lo que usted ha dicho. Nos toca tomar nota. [...] Nuestra aportación tendrá una clara orientación europea. [...] Pero nuestra aportación contribuirá a la persistencia de un euro fuerte”.

La constitución material de la UE actual, no sólo la formal, definida por los Tratados fundamentales, impide la formación de una voluntad capitalista coherente y eficaz

Ante este bloqueo, en medio de la necesidad de una respuesta urgente de la UE, podríamos pensar que las elites europeas se comportan como robots incapaces de modificar su propia programación, repitiendo automatismos insensatos, porque son incapaces de percibir en el ruido ambiental las señales de la cercanía del abismo. Sin duda es así en lo que atañe al grueso de los operadores financieros, bancarios y en el entorno de los altos funcionarios de economía y finanzas. En Alemania da la impresión de que se han impuesto las tesis ordoliberales sobre la expectativa de una recesión en forma de “V”, que aconsejaría no lastrar de endeudamiento público y privado la curva ascendente de la recuperación y sus repercusiones fiscales. También es normal que se impongan las tesis del actor más fuerte en todos los parámetros, del que puede permitirse una inyección de 156.000 millones de euros contra la pandemia y suspender su sacrosanto “freno de la deuda” porque, entre otras cosas, su tesoro no paga por financiarse, sino que cobra por colocar sus bonos. Del que puede además permitirse también rescatar y prácticamente nacionalizar a Lufthansa con una inyección de capital de más de 9.000 millones de euros. Pero con esto no explicamos el corazón del asunto. Lo que está poniéndose de manifiesto es que la constitución material de la UE actual, no sólo la formal, definida por los Tratados fundamentales, impide la formación de una voluntad capitalista coherente y eficaz. Por constitución material de la UE tenemos que entender las voluntades políticas fundamentales y sus finalidades en el proyecto europeo, es decir, las instituciones comunitarias y su autonomía relativa, los Estados miembros, los bancos y corporaciones vinculados a ellos y sus relaciones estratégicas de competencia y cooperación, de agonismo e interdependencia. 

Si en los albores del proyecto de las comunidades europeas, el sentido tanto anticomunista como antifascista definió como su punto medio el llamado “modelo social europeo” dentro del mundo dividido por el Tratado de Yalta, desde la consolidación neoliberal de la UE a partir del Tratado de Maastricht en 1993 las fuerzas de la constitución material de la UE han cambiado: el único consenso sólido y duradero ha sido el de la constitución de un Grossraum financiero y comercial con fronteras exteriores comunes y una división regional del trabajo que sanciona las desigualdades internas entre las clases subalternas de los países miembros, así como la hegemonía incuestionable de Francia y la Alemania unificada. 

Tuvo que llegar la crisis financiera y económica de 2008 para que el consenso de las fuerzas de la nueva constitución material empezara a resquebrajarse y, como la dirección de los acontecimientos desde entonces parece indicar, a toparse con un límite absoluto que sólo permite dos opciones fundamentales: la regresión o la disolución. Las fuerzas de la constitución material de la UE pueden aceptar el neoliberalismo autoritario del grupo de Visegrado o la respetabilidad del austrofascismo en las fórmulas de gobierno; pueden aceptar incluso el Brexit y el peso determinante de las extremas derechas en las instituciones nacionales y europeas. Pero no pueden aceptar una unión fiscal que de pasos irreversibles hacia un sistema federal con un centro de gravedad propio. 

El bloqueo actual sobre el “plan de recuperación” sólo se resolverá con un desgarramiento interno de la gobernanza de la UE, que a su vez avivará el fuego del malestar social y político provocada por la nueva acumulación primitiva de poder y capital tras la pandemia del coronavirus.

Desde que el movimiento obrero oficial desapareció de la formación del interés nacional, a ninguna elite financiera, patronal o de la burocracia nacional le interesa la desaparición de las fronteras fiscales y de ciudadanía, que permiten controlar la movilidad de la fuerza de trabajo, explotar los diferenciales de renta y de derechos sociales y restringir el ejercicio de los derechos políticos a un ámbito nacional que, cuanto menos pesa en la regulación de los movimientos del capital, más veneración teológica recibe de los nuevos fascismos y de las ilusiones rojipardas de un socialismo nacional. Por eso nuestro pronóstico no es halagüeño: el bloqueo actual sobre el “plan de recuperación” sólo se resolverá con un desgarramiento interno de la gobernanza de la UE, que a su vez avivará el fuego del malestar social y político provocada por la nueva acumulación primitiva de poder y capital tras la pandemia del coronavirus. 

La crítica de la razón europea no puede seguir aceptando el sueño dogmático, el progresismo banal que espera que, en el último instante, los epígonos de los padres fundadores aparezcan en escena para salvar el proyecto europeo. Algo de ello se ha visto tras el anuncio, pocos días después del fallo del Tribunal constitucional alemán, de la iniciativa conjunta franco-alemana de creación de un fondo de medio billón de euros, que debería sumarse al Plan de reconstrucción de la Comisión. De nuevo: unidad, cohesión, solidaridad, más Europa. De nuevo, en las palabras de Merkel del pasado 20 de mayo se expresa la imposible conciliación entre la solidaridad europea (“Europa tiene que actuar conjuntamente, el Estado nación por sí solo no tiene futuro. Lo digo para Alemania: a Alemania sólo le irá bien a largo plazo si a Europa le va bien, eso está completamente claro —desde luego en lo que atañe a la paz y a la economía y el bienestar”) y las estructuras nacionales del poder estatal de clase (“Así que esto es lo determinante: un Fondo de reconstrucción de este tipo tiene que tener un fundamento jurídico seguro, y asimismo tiene que reflejar la autonomía presupuestaria de los respectivos parlamentos nacionales”). En las tensiones que sacuden Alemania se expresan las contradicciones insolubles de la estructura de poder neoliberal en la UE. Para comprobar las diferencias de intensidad de esta crisis respecto a la crisis de la deuda pública de 2010-2015, resulta elocuente comparar la actitud del considerado halcón jefe de la derecha ordoliberal alemana, Wolfgang Schäuble. El mismo Schäuble que con pulso firme —a diferencia del histrionismo sádico del entonces jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, tan bien retratado por Varoufakis en su libro-crónica Adultos en la sala— aplicó con sangre fría el tratamiento griego, respaldaba el pasado 24 de mayo los planes de Merkel afirmando que: ”[...] Más préstamos a los Estados miembros habría sido tirarles piedras en lugar de pan, porque varios de ellos ya están fuertemente endeudados [...] En lugar de ello, la Comisión Europea liderará la reconstrucción económica de Europa”. Enfrente no sólo están los gobiernos de los “cuatro frugales” (Austria, Holanda, Dinamarca y Suecia), que han presentado su “plan alternativo” basado en los “créditos con facilidades” a la vieja usanza, pero sin “incurrir en riesgos”, sino que lo que está en juego es la confianza misma del sistema de poder financiero y corporativo europeo en el futuro de la mutualización de riesgos y sus consecuencias. Están en juego en cada país los privilegios y las jerarquías que vinculan a las clases medias rentistas (ahorradoras, propietarias, envejecidas) con las oligarquías financieras y corporativas. Vínculos de hegemonía que han funcionado hasta ahora, con la excepción de las crisis profundas de esa hegemonía en España y en menor medida en Portugal, Grecia e Italia. 

El plan presentado por la Comisión ante el Parlamento europeo el 27 de mayo, “Next Generation EU”, ha cumplido con la expectativas del europeísmo convencional y confirma la voluntad del gobierno alemán de no apostar a corto por un nuevo ciclo griego. Frente a los 2 billones que demandaba el parlamento europeo y el billón y medio de la propuesta española de deuda perpetua, la propuesta de la Comisión se limita a 750.000 millones de euros, de los cuales dos tercios serán subsidios o transferencias directas a los Estados y el otro tercio serán préstamos a los Estados miembros. En ese medio millón de euros en transferencias directas hay quienes quieren ver la fundación oculta del Tesoro europeo, el “momento hamiltoniano” que asiente el pilar fundamental del que precisa una futura Federación europea, junto al otro pilar fundamental, que serían una fuerzas armadas europeas. Resulta curioso que en medio de la recesión ecosistémica, sobredeterminada por la pandemia pero predeterminada por los límites del ciclo de endeudamiento global y las guerras sin restricciones entre los hegemones planetarios, la rutina mental progresista vea en los reflejos condicionados de la Comisión el larvatus prodeo de la idea absoluta europea. También resulta curioso que el progresismo europeísta se conforme con un hamiltonismo casi homeopático, propuesto además por una Comisión completamente subordinada al Consejo de los 27 y al rol de villanos de los “cuatro frugales”.

La constitución neoliberal del sistema monetario europeo impide lo que garantizaría una mínima socialización de la inversión, en términos de calidad del empleo, las rentas y los servicios sociales: la transferencia directa de fondos a los gobiernos

Mientras, Christine Lagarde ajusta cifras y afirma que la contracción de la Eurozona estará entre un 8 y un 12 por cien anual. ¿Servirá el plan de la Comisión, junto al bazooka de Lagarde, para evitar un nuevo ajuste de cuentas de los “mercados” sobre las deudas soberanas de los países del Sur europeo? El esfuerzo conjunto no llega al 2 % del presupuesto comunitario plurianual, mientras que las transferencias directas podrían empezar en el mejor de los casos en 2021. La inmensa mayoría de las inyecciones financieras constituyen un circuito privado de capital financiero, es decir, son ayudas a bancos y corporaciones. La constitución neoliberal del sistema monetario europeo impide lo que garantizaría una mínima socialización de la inversión, en términos de calidad del empleo, las rentas y los servicios sociales: la transferencia directa de fondos a los gobiernos. Los Tratados, con mutualización homeopática de las deudas y/o con préstamos privados a los gobiernos, otorgan al capital y sus circuitos de evitación del poder de las fuerzas del trabajo el rol exclusivo de decidir los destinos del continente. Podemos dejar al europeísmo idiota la confianza en las magnifiche sorti e progressive de este mecanismo perverso.  

*Puedes descargarte el texto completo de “Entre dos derechos iguales, decide la fuerza” aquí.