España, a la cola de Europa en gasto público en transporte
El Estado español se sitúa en el cuarto puesto por la cola en gasto en administración, regulación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, según datos publicados por Eurostat.
El Instituto Europeo de Estadísticas, Eurostat, ha publicado los datos de gasto público en referencia al PIB en transporte para todos los países de la zona euro para 2016. Durante ese año, el conjunto de los Estados miembro ha gastado el 1,9% de la suma del PIB de dichos países. Esta cifra es una décima inferior al gasto de 2015.
El gasto público en transporte que mide el Eurostat incluye los gastos de administración, regulación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, incluido el transporte por carretera, fluvial, ferroviario y aéreo, así como cualquier infraestructura para el transporte de mercancías, como oleoductos. También incluye la explotación de empresas de transporte público por parte de las administraciones públicas y cualquier subvención a la inversión en el mercado del transporte o para la explotación del transporte público.
El Estado español, según indican las cifras publicadas por la institución europea, ha gastado un 1,4% de su PIB en transporte, muy por debajo del 1,9% de la media del conjunto de la Unión Europea o del 1,75% de la media de los países de la zona euro. Tan solo Chipre (0,6 %), Irlanda (1,1 %) y Malta (1,2 %) gastan menos que España en transporte.
El mayor porcentaje del gasto público en transporte en 2016 se registró en Luxemburgo (3,7 % del PIB), Hungría y República Checa (ambos con un 3,5 %).
AVE, pozo sin fondo
España destina gran parte de los fondos dedicados a infraestructuras a la construcción y mantenimiento de la Alta Velocidad (AVE). Asociaciones y sindicatos del sector llevan años denunciando el abandono de los trenes regionales y de Cercanías en favor del costoso y poco sostenible AVE. En los últimos años la Alta Velocidad se ha llevado, según datos de CGT, el 71% de los fondos dedicados al ferrocarril, mientras que los trenes convencionales y Cercanías, que acaparan el 94% de los pasajeros (en 2017 Cercanías contabilizó 420 millones de pasajeros frente a los 20 del AVE), solo han obtenido el 29%.
En los últimos presupuestos generales para 2018 la inversión en ferrocarril fue de 4.301 millones, de los cuales el AVE se lleva 2.713—un 16,4% más que el año anterior—, principalmente dedicados al corredor mediterráneo y a las conexiones con Asturias, Cantabria, Extremadura, Galicia y País Vasco.
Por el contrario, Cercanías fue dotada en los últimos presupuestos con 576 millones para mejora de infraestructuras y compra de trenes. La red convencional, a pesar de seguir muy por debajo del AVE en cuanto a fondos e inversión, con 848 millones, obtuvo un importante incremento del 63,1% en sus fondos respecto a los anteriores presupuestos generales.
El nuevo ejecutivo ya ha anunciado que pretende revertir esta tendencia invirtiendo en 2019 en torno a 3.000 millones en la renovación de la flota e infraestructuras de Cercanías.
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En este país, las ayudas a las fábricas de coches y las subvenciones para su compra se llama inversión (sobre todo porque Francia y Alemania nos imponen la compra de sus coches, que para eso nos prestan el dinero).
En cambio, aumentar las frecuencias en trenes y autobuses, y mantener las infraestructuras de transporte público se considera gasto. Así nos va medioambiental y sanitariamente (grandes ciudades contaminadas) y economicamente (importación de petroleo).
El derroche del AVE merece capítulo aparte, porque solo podrán usarlo una élite de viajeros ricos. Además de ser un conducto de financiación de partidos gracias a la corrupción sistémica de quienes la impulsan. Por no hablar del troceado del territorio y la poca capilaridad de un AVE que no resuelve el problema del transporte público sino que lo agrava.
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