Renta básica
La tensa espera del ingreso mínimo vital

“Somos de tres familias políticas europeas distintas, pero los tres estamos de acuerdo en que un ingreso mínimo vital a nivel europeo que estandarice de alguna manera los mínimos sociales a través de la unión es una buena noticia”, afirmaba ayer Pablo Iglesias en una entrevista en el programa de radio La Cafetera. Se refería a las dos ministras que firmaban junto a él el artículo Hacia un ingreso mínimo vital europeo en el diario La Vanguardia, la italiana Nunzia Catalfo del Movimiento Cinque Stelle, ministra de Empleo y Asuntos Sociales; y la socialista Ana Mendes, ministra de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal.

El artículo formaba parte de la presentación pública de esta iniciativa que, apelando al pilar europeo de derechos sociales y urgiendo a construir “mecanismos jurídicos para comprometer a los Estados”, extendía el debate sobre el ingreso mínimo vital a arenas europeas mientras que se sumaba tangencialmente al flujo comunicativo en torno a la medida a nivel estatal. 

El pasado martes era Jose Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, quien adelantaba información sobre la concreción del ingreso mínimo vital. En el Senado cifró el coste de a medida en 3.000 millones de euros. También anunció que la medida se publicaría en mayo y que en junio podrían cobrarla las primeras familias del millón que se podrían beneficiar de la ayuda. El ministro adelantó, así mismo, que serán varias las administraciones implicadas, por lo que habrán de coordinarse con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Los equipos de ambos ministerios van afinando los detalles para que la medida esté lista en los plazos anunciados, dada la situación de emergencia en la que se encuentra gran parte de la población. Sin embargo, la coordinación entre administraciones y el acomodo de esta renta en el complejo y poco eficaz panorama de rentas mínimas no parece fácil.

Ricardo Hernández: “Con las rentas mínimas estamos ante un entramado burocrático espantoso, que si en una situación de normalidad puede apenas servir, para esta situación no funciona”

“Con las rentas mínimas estamos ante un entramado burocrático espantoso, que si en una situación de normalidad puede apenas servir, para esta situación no funciona: es poco ágil, con poca soltura y poca versatilidad”, zanja Ricardo Hernández. Coordinador en Gaz Kalo, Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Hernández está familiarizado con la gestión de estas rentas, lo que le vuelve escéptico ante cómo se implementará el ingreso mínimo vital.

Las distintas asociaciones que integran Gaz Kalo están haciendo grandes esfuerzos para que la ayuda llegue a hogares que llevan desde que empezó el confinamiento sin ingresos, con grupos particularmente afectados por no poder dedicarse a la venta ambulante y otras actividades económicas con las que complementaban la renta. A las dificultades burocráticas suman las que tiene que ver con la estigmatización de quienes recurren a estas prestaciones, un problema agudizado por el hecho de ser gitanos. “Aunque hay muy buenos profesionales, quienes trabajan en servicios sociales también tienen sus prejuicios, pero además tienen la potestad de decidir sobre la percepción de una ayuda”. Esto conlleva grandes problemas: “si se suspende una renta garantizada necesitas dos meses para volver a acceder”, señala.

Desde su experiencia apoyando a familias a optar a estas ayudas puede enumerar varias cuestiones urgentes que piensa que deberán ser tenidas en cuenta en esta nueva renta estatal: se necesitan más profesionales para ampliar la cobertura, armonizar las diferencias entre comunidades, no ser tan inflexibles respecto a los requisitos y, ante la duda, priorizar aprobar las ayudas. También considera necesario que se libere a las y los trabajadores sociales de labores administrativas para que puedan ejercer su trabajo y plantea que no se vea el ingreso en términos de gasto sino de inversión, pues ese dinero es dinero que vuelve a la economía. 

Fuentes cercanas al Gobierno afirman que cuestiones como la necesidad de simplificar el acceso a la ayuda o evitar el estigma y la discrecionalidad, que puede aparejar la condicionalidad, están muy presentes en el diseño de la medida. Para facilitar la solicitud que, según anunció Escrivá el martes, podrá hacerse una vez aprobada la medida mediante real decreto, prevén que baste con completar un cuestionario online aportando una mínima documentación. Las mismas fuentes apuntan a la colaboración de los servicios sociales y del tercer sector para salvar los obstáculos que podrían surgir por falta de acceso a internet o de competencias para completar las solicitudes.

Respecto a la condicionalidad, plantean en conversación con El Salto, que esta se reduzca a un umbral económico, sin introducir condicionamientos relativos, por ejemplo, a la búsqueda de empleo. La idea es que el derecho a este ingreso debe ser independiente al derecho a la inclusión o al empleo, ámbitos de derecho complementarios pero no vinculados, defienden. Esperan —facilitando el acceso y limitando la condicionalidad— superar una de las grandes fallas que llevan aparejadas estas rentas: no alcanzar a la población que las necesitaría.

“Las Rentas Mínimas alcanzan a unas 300.000 personas, es decir al 12% de la potencial población con las características y necesidades como para solicitarlas”

“Las Rentas Mínimas alcanzan a unas 300.000 personas, es decir, al 12% de la potencial población con las características y necesidades como para solicitarlas”, indicaba el pasado 16 de abril la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en un documento donde daba cuenta de su posicionamiento ante el ingreso mínimo vital. Esta red, cuyo esfuerzo fue determinante para el impulso del Pilar Social Europeo, presentaba en su informe un análisis crítico de la fragmentación de las rentas mínimas y su hetereogeneidad, destacando la necesidad de una renta estatal subsidiaria, para llegar a donde no están llegando las rentas mínimas.

Las fuentes consultadas confirman haber estudiado esta y otras propuestas, en interlocución con organizaciones del tercer sector. Junto al mencionado carácter susbsidiario respecto a las ayudas existentes, también se señala otro avance en el modelo, que al ser el ingreso mínimo vital un derecho subjetivo —como ya sucede por el ejemplo con la Renta Garantizada vasca—, debe de ser ingresado a quien reúna los requisitos, sin depender de límites presupuestarios y otros factores.

Algo que falta por determinar también es la cuantía exacta, aunque se sabe que será de unos 500 euros para una persona adulta y se irá incrementando en función de la composición de la familia o unidad de convivencia. Los 500 euros podrán ser compatibles con algunos ingresos laborales, pero no se sumarán, sino que la retribución recibida se descontará del ingreso mínimo vital, que en principio complementaría, aproximadamente, la diferencia entre salario y los 500 euros de renta. Las fuentes consultadas por El Salto comentan estar estudiando fórmulas para cada euro ganado trabajando no reste un euro de ingreso mínima vital y la suma de renta de trabajo y renta mínima pueda superar esos 500 euros. Aspiran así, a no desincentivar la búsqueda de empleo.

Otra de las demandas que se han planteado al Gobierno en torno a este ingreso mínimo vital es la necesidad de que las personas migrantes en situación administrativa irregular tengan también acceso, especialmente en estos tiempos de emergencia económica, desaparición de empleos y cierre de fronteras. Así lo han pedido 900 colectivos a través de la campaña #RegularizacionYa. También las ONG solicitaron al Gobierno la inclusión de las personas migrantes no regularizadas el pasado 30 de abril. 

Otra de las demandas que se han planteado al Gobierno en torno a este ingreso mínimo vital es la necesidad de que las personas migrantes en situación administrativa irregular tengan también acceso

“Si las condiciones socioeconómicas de estas personas ya era precaria antes de la crisis ahora se han acentuado mucho más”, explican desde la campaña #RegularizacionYa. Colectivos migrantes que se dedicaban a la venta ambulante, trabajadoras del hogar despedidas o temporeros en los campos estarían entre los grupos que no están siendo tenidos en cuenta en ninguna medida. Si bien el objetivo de la campaña es la regularización, urge abordar estas situaciones, consideran desde la campaña, donde recuerdan también que lo primero es preservar la seguridad de estos colectivos para que no acabe en un CIE cuando estos se reabran.

A El Salto le ha sido confirmada la no inclusión de las personas migrantes en situación irregular en el ingreso mínimo vital que ya comunicara el ministro Escrivá. Otras fórmulas se estarían abriendo paso, como ha sucedido con la inclusión de las víctimas de trata, según anunció el Ministerio de Igualdad, explican desde la campaña, o a través de otras administraciones, como está sucediendo en Canarias o Baleares, donde se explora de qué modo incorporar a estos migrantes en el acceso a las ayudas. 

A semanas de que se apruebe el documento final y meses de comprobar su alcance, queda por ver la dimensión del cambio y la mejora que este supone en el combate contra la pobreza. Iglesias calificaba este momento de histórico. “Hace seis años a nosotros nos llamaban locos por defender el ingreso mínimo vital, hoy es un consenso transversal”, afirmaba en referencia a su propuesta europea. En realidad lo que defendían hace seis años era la renta básica universal, algo muy lejos de la actual propuesta. Mientras se concreta, el debate por la renta básica continúa y cada vez son más los colectivos que la demandan.