Renta, fronteras y nuevas formas de cooperativismo

A menudo denunciamos la existencia de fronteras y reivindicamos la libertad de movimiento, entendiendo las fronteras como esas separaciones entre los países del sur y del norte (económico), que no son sino consecuencia del capitalismo. Fronteras que protegen la extracción de la riqueza de las grandes multinacionales, mientras prohíben la libre circulación de personas que buscan una vida mejor o que, directamente, huyen de la falta de oportunidades y de renta.

Pero la existencia de las fronteras va más allá de los espacios limítrofes entre naciones y nos encontramos, a menudo, fronteras internas que nos atraviesan. Estas son a veces físicas y delimitan espacios generando exclusión, como los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE); otras veces se trata de espacios inmateriales que materializan la exclusión y la falta de acceso a las mismas oportunidades. Entre estas últimas, podemos señalar la Ley de Extranjería, que estructura la base de todo el sistema de segregación, pero también el racismo social o el institucional. Y producto de la conjunción de todo esto, el racismo laboral.

Fronteras que protegen la extracción de la riqueza de las grandes multinacionales, mientras prohíben la libre circulación de personas que buscan una vida mejor

En una situación de acentuado y sostenido desempleo, de precarización, de empobrecimiento de cada vez más sectores de la población y de desmoronamiento de las instituciones de protección social, la pobreza se acentúa cuando se cruza con la ley de extranjería y el racismo social. No basta, por tanto, con reivindicar la libertad de movimiento, sino que es necesario reivindicar el acceso a una renta básica universal y sin condiciones.

Es más, en ámbitos como el de la venta ambulante y, más concretamente, en la denominada “manta”, el cruce entre el capitalismo de las grandes marcas, que protegen su continua extracción de riqueza, y la pelea por la supervivencia, vendiendo productos amparados por la injusta ley de propiedad industrial e intelectual, trae como consecuencia una criminalización de la pobreza.

El capitalismo más salvaje no deja recoger ni las migajas de sus exorbitantes beneficios, mientras los vendedores de productos falsificados pueden pagar por este trabajo de miseria con hasta dos años de cárcel. En esta pelea entra también en disputa el derecho a la ciudad, en este caso en forma de conquista del espacio público: así pues, ¿por qué solo se permiten los escaparates relucientes de las grandes marcas y están tan ferozmente prohibidos los escasos metros cuadrados que pueden ocupar un puñado de mantas?

Ser emprendedor (también) es una cuestión de clase

Ahora que está de moda alabar la figura del “emprendedor”, como aquella persona que tiene un éxito personal y pone en marcha el proyecto de sus sueños, a menudo nos imaginamos a un hombre, que es, además, joven y, por supuesto, blanco. Y aunque se escape a primera vista de nuestra imagen construida, casi siempre será un hombre con un potente colchón familiar detrás, que facilita y engrasa los mecanismos de generación de riqueza.

Curiosamente, o no tanto, el dinero atrae al dinero. Por el contrario, los vendedores ambulantes, las trabajadoras internas, o las personas que toman un avión o un cayuco desafiando las fronteras para plantarse en otro país, nunca encajan en la foto del emprendedor. Ser emprendedor (también) es una cuestión de clase. Para emprender o iniciar un negocio es necesario disponer de un capital inicial o, al menos, de un aval potente para la financiación; y para los potenciales prestatarios, la pobreza es sinónimo de falta de solvencia.

Volviendo al acceso a la renta y a las trabas que impone la Ley de Extranjería, es necesario pensar nuevas formas de generación de riqueza que tengan en cuenta las peculiaridades que las fronteras imponen a las personas que no nacieron aquí. La falta de acceso a la ciudadanía, o bien, una tarjeta de residencia precaria, son barreras a tener en cuenta cuando planteamos nuevas formas de renta.

Hasta ahora, las experiencias existentes en materia de renta básica han dejado fuera a las personas que no tienen permiso de residencia, porque uno de los principales requisitos es la ciudadanía, es decir, el reconocimiento por parte del Estado, o bien, del municipio. Pero ¿cómo podemos diseñar una renta básica que sea realmente universal o, lo que es lo mismo, que universalice el derecho a migrar y a atravesar fronteras?

Especialmente en este contexto de creciente radicalización de la extrema derecha que está tomando fuerza en toda Europa y que también se ha expresado en España en estos últimos días ¿cómo reivindicar el derecho a la renta básica para cualquiera? ¿Cómo disputar el discurso del Otro para poder profundizar en la idea de que las ciudades son de quienes las habitan y, por tanto, sus recursos, incluyendo los generadores de riqueza, también?

¿Cómo podemos diseñar una renta básica que sea realmente universal o, lo que es lo mismo, que universalice el derecho a migrar y a atravesar fronteras?

Una de las cuestiones a pensar es cómo puede singularizarse la existencia de una economía social, basada en una generación de riqueza para el común, en las experiencias migratorias. Para ello es necesario que las cooperativas de economía social introduzcan el eje de las fronteras y del mestizaje, con todos los problemas planteados en párrafos anteriores, en su perspectiva de creación de redes y de cooperativas.

Afortunadamente, contamos ya con varias experiencias de creación de cooperativas de economía social que surgen para combatir la precariedad atravesada por las fronteras. Experiencias como la de Senda de cuidados, Diom Coop, o los Sindicatos (manteros) de venta ambulante, muestran que es posible transformar un cooperativismo blanco y mayoritariamente de clase media, en una herramienta para acceder a la renta. Pero además esta herramienta debe ser empoderadora, es decir, no puede estar vinculada a una precariedad laboral, ni vital, que penda de un hilo en cada renovación de la tarjeta de residencia.

Para ello, los procesos de creación de cooperativas deberían ir acompañados de procesos de transformación social que trabajen por una igualdad de derechos independiente de la procedencia de las personas. Tendrían que permitir, además, una visibilización en los sectores productivos de las personas racializadas. Una sociedad totalmente igualitaria tendría que pasar, necesariamente, por un acceso pleno a la renta, sin condiciones. Y solo unas luchas mestizas, transversales, susceptibles de reunir en una causa común a los diferentes sectores precarizados, autóctonos o extranjeros, con papeles y sin papeles, nos harán capaces de romper las fronteras que, dividiéndonos, nos hacen aún más pobres e impotentes.