País Vasco
Aumenta la presión judicial sobre las irregularidades en las oposiciones a médico en el País Vasco

El caso de las oposiciones médicas presuntamente amañadas por los jefes y dirección del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) acaba de coger velocidad tras la aceptación de la jueza instructora de casi todas las solicitudes presentadas por el sindicato LAB, una de las acusaciones particulares. El número de imputados en este caso se eleva de cinco a seis, con la inclusión de la jefa del tribunal de Neurocirugía, Covadonga Fernández. Otras 24 personas deberán comparecer ante la magistrada como testigos. 

El 9 de junio, LAB presentó ante la jueza 24 posibles testigos y siete solicitudes de documentación y la magistrada Ana Jesús Zulueta las ha aceptado todas, excepto la petición más complicada, que no ha desestimado: imputar por asociación ilícita a la antigua dirección del Servicio Vasco de Salud —el consejero, la directora general, el director de recursos humanos y su segundo a bordo y el responsable de asistencia sanitaria—. Una imputación que, tal y como está fluyendo la investigación, el sindicato no descarta en un futuro.

De hecho, al día siguiente de que LAB realizara estas peticiones, el sindicato realizó otra solicitud: la imputación de la presidenta del tribunal de Neurocirugía, Covandonga Fernández Maiztegi, por el testimonio ofrecido por un miembro de ese tribunal, en el que reconoció que se había quebrantado el anonimato de los opositores, por lo que la magistrada ha respaldado la imputación de Fernández.

Las irregularidades en las oposiciones a médico en la red pública de salud vasca eran un secreto a voces entre los profesionales

Desde el sindicato se muestran “muy contentos” con las decisiones de la jueza, “porque estas medidas incrementan la velocidad de este proceso, que iba lento con toda la documentación que hay”. Y advierten de que harán más solicitudes de pesquisas. 

Las irregularidades en las oposiciones a médico en la red pública de salud vasca eran un secreto a voces entre los profesionales. Muchos médicos reconocen sin ambages que de poco sirve estudiar y presentarse al examen “si aún no es el momento”. Para que sea el momento, deben estar agraciados con sus respectivos jefes de servicios, ya que, según denunciaron las diversas acusaciones, estos filtraban las preguntas de los exámenes a quienes consideraban. 

En apenas unos días, los días previos y posteriores a las últimas oposiciones médicas de 2018, tres grupos distintos de personas se encontraban haciendo lo mismo de diferente modo: tres anestesistas sellaron ante notario los nombres de los doctores que iban a obtener plaza antes de que se realizara el examen, el sindicato LAB realizaba un estudio estadístico para tratar de probar el amaño y, tras la oposición, hubo varios votos particulares de miembros de las mesas de tribunales que alertaban de la picaresca.

En el auto que ha dictado la jueza Ana Jesús Zulueta quedan respaldadas las peticiones del sindicato LAB para solicitar que testifiquen ante el tribunal seis opositoras de anestesia, angiología y traumatología; tres denunciantes de aparato digestivo, cirugía plástica y microbiología; siete miembros del tribunal de angiología —todos salvo María Reyes Vega, que ya se encuentra imputada—, y tres miembros de trauma, dos de plástica y uno de urología. 

En cuanto a la prueba documental, destaca que LAB ha solicitado la remisión de todas las actas del tribunal de Urología y la certificación de la reunión entre la dirección de recursos humanos y el doctor Ángel Loma-Osorio, que derivó en la renuncia de este de seguir siendo miembro del tribunal.

La acusación de LAB eleva las posibles injerencias no solo en el tribunal de Anestesia, sino en hasta 19 especialidades, generalizando un modo de proceder. Es por ello que este sindicato solicita la imputación de la antigua dirección en tres delitos: asociación ilícita, fraude en la contratación y revelación de secretos. Desde junio de 2018 hasta febrero de 2019, el Gobierno vasco defendió a sus responsables de Sanidad, pero la presión de los partidos Elkarrekin Podemos, EH Bildu e incluso del PP, así como de los sindicatos ESK, ELA y LAB, y que el caso iba saltando de un medio de comunicación a otro creando opinión pública, llevó a la antigua dirección a dimitir, excepto al director de Asistencia Sanitaria, Andoni Arcelay, que aún conserva el cargo. LAB también solicita que sea imputado.