Presentadas alegaciones a la explotación minera El Rodeo en Sierra de Gata

El proyecto incurre en múltiples y graves irregularidades administrativas en lo relativo a evaluación y restauración ambiental y en información y participación pública, según Ecologistas en Acción de Extremadura. Presenta además incompatibilidades con el Plan Territorial de la Sierra de Gata.

Robledillo de Gata, Cáceres.
Robledillo de Gata, Cáceres.

publicado
2018-11-08 10:15:00

Ecologistas en Acción de Extremadura, junto a la recién creada Plataforma Sierra de Gata Viva, ha presentado alegaciones al proyecto de explotación minera a cielo abierto “El Rodeo” que la empresa OSTROM ASC 21 S.A pretende implantar en las localidades de Perales del Puerto, Villasbuenas de Gata y Gata (Cáceres).

Califican ambos colectivos este proyecto como “uno más dentro del actual boom minero que se extiende por todo el Estado y que está obligando a la sociedad civil a organizarse para hacer frente a la creciente amenaza de las multinacionales mineras (y a la connivencia de las administraciones públicas con estas) en su intento de abrir explotaciones a cielo abierto en todo el territorio”.

El proyecto de explotación minera “El Rodeo” pretende ocupar una superficie de 2194,5 has. y, de llevarse a término, presentará afecciones de manera irreversible en varios hábitats y especies protegidas por figuras de conservación a nivel regional, estatal y comunitario. Además, afectaría de manera indirecta a dos Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) cercanas.

El proyecto de explotación minera “El Rodeo” pretende ocupar una superficie de 2194,5 has. y, de llevarse a término, presentará afecciones de manera irreversible en varios hábitats y especies protegidas por figuras de conservación a nivel regional, estatal y comunitario

En este aspecto, cabe destacar que a fecha de hoy el proyecto carece de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental exigible por la afección tanto de las especies y hábitats como de las dos ZEPAs. Las organizaciones ecologistas añaden a todo ello el hecho de carecer de plan de restauración.

Mantiene el movimiento ecologista extremeño que, a nivel administrativo, se han detectado numerosas irregularidades en la tramitación que la Junta de Extremadura ha hecho de la solicitud, incumpliendo las normas de difusión de la documentación sometida a consulta y las relativas tanto al alcance de información pública como a la notificación personal a las personas interesadas.

Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de la implantación de esta minería se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona y de la comarca en general. Teniendo en cuenta la fuerte importancia del sector turístico en la zona, la apertura de un proyecto minero efectivamente levanta tremenda dudas en relación a su impacto sobre el mismo, además de las implicaciones ambientales que afectarían al sector agroganadero, clave en el desarrollo de la región.

De aprobarse este proyecto por la Junta de Extremadura, incluso podría entrar en contradicción con su propia Estrategia 2030 de Economía Verde y Circular, estrategia central en el diseño de futuro desarrollo de la comunidad autónoma y objeto de una notable campaña de difusión a todos los niveles.

Ecologistas en Acción de Extremadura advierte de las graves consecuencias que de la implantación de esta minería se derivarían para el futuro económico de las localidades de la zona y de la comarca en general

Ecologistas en Acción alerta con estas informaciones del “boom” especulativo de la minería en España, al que señala diseñado con la intención de lograr un crecimiento financiarizado y ficticio del sector, sustentado por gobiernos de todo tipo y por la creación de deuda. El proyecto de la Sierra de Gata es uno de los muchos proyectos de minería a cielo abierto que han sido solicitados en el territorio español por multinacionales mineras.

Concluye denunciando el colectivo ecologista como causa de esta concesión sistemática de licencias mineras “la confluencia de una ley de minas pre-democrática que incentiva la compra-venta de derechos, proyectos y autorizaciones, con el servilismo administrativo de los gobiernos autonómicos y el activismo especulador de especialistas internacionales mientras que, al final, son las comunidades locales, la economía rural y el entorno natural los grandes damnificados de esta nueva minería”.

En este sentido, es de remarcar que la mencionada Ley de Minas actualmente vigente data de 1973 y que, fundamentalmente en razón a la época de su aprobación, ha sido cuestionada en numerosas ocasiones por organismos y técnicos ambientalistas que la señalan como “promovida por las empresas extractivas, que favorece la especulación con las concesiones y autorizaciones y que no tiene en cuenta ni el medio ambiente ni los derechos más básicos de las personas”.

En los últimos años se ha producido un gran resurgir de la actividad minera en el Estado Español, ligada a procesos de especulación financiera pero también a un incremento más que sustancial del precio de los metales. De esta manera, las comunidades autónomas han sacado a concurso centenares de nuevos permisos de explotación a lo largo de una buena parte del país, concursos que amenazarían con la destrucción de decenas de miles de hectáreas de gran valor natural, más aún cuando la mayor parte de estas nuevas minas se pretenden explotar a cielo abierto, dado el abaratamiento experimentado por los movimientos de tierras.

En los últimos años se ha producido un gran resurgir de la actividad minera en el Estado Español, ligada a procesos de especulación financiera

Ecologistas en Acción, en este orden de cosas, ha presentado el 30 de octubre una propuesta de modificación de la actual Ley de Minas, según sus propias declaraciones, “con el ánimo de transformarla en una ley propia de un Estado democrático, que en todo momento respete la conservación de los valores naturales, así como los derechos de la ciudadanía”. De esta manera, en el texto se propone la total exclusión de la actividad minera de todas las áreas de interés ambiental de nuestro país (Red Natura 2000, reservas naturales fluviales y cuencas de vertido de lugares de captación de agua potable, entre otras). Asimismo, también se excluye del ámbito de la ley al agua mineral embotellada, que pasaría a ser dominio público hidráulico.

Otros aspectos que se propondría modificar son el establecimiento de un procedimiento de consulta pública transparente, con plazos facilitadores de la máxima participación ciudadana. De acuerdo con la propuesta ecologista, los permisos se otorgarían solo cuando también hubieran sido aprobados el plan de restauración, los estudios de transporte, electricidad y agua, entre otros. La iniciativa también contempla un impuesto más ajustado que refleje la explotación de un recurso público no renovable. Recuerda Ecologistas en Acción que el tipo impositivo aplicado actualmente en esta industria, del 1 %, es el más bajo en el mundo.

La proposición de modificación de la Ley de Minas ha sido remitida al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y al Ministerio para la Transición Ecológica, así como a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, solicitándoles “que estudien el documento y que hagan todo lo que esté en su mano para que dicha modificación de la ley se tramite y finalmente se apruebe”.

3 Comentarios
Sara Me Niego 20:33 8/11/2018

Uno de los motivos por los que les interesan la despoblación y la población rural a políticos y empresarios *******, es este. Destrozar y saquear los recursos y no encontrar resistencia. Mucho ánimo para la gente que lucha.

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#25694 12:32 8/11/2018

Extremadura saqueda

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#25691 12:08 8/11/2018

Continuamos siendo un colonia donde la metrópoli saquea nuestros recursos

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