Crece la oposición en México a la nueva Ley de Seguridad Interior

Este lunes 11 de diciembre el Senado mexicano preveía la aprobación de la controvertida Ley de Seguridad Interior, votada el 30 de noviembre en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, en una carrera contrarreloj el sábado pasado la presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora priísta Cristina Díaz Salazar, envió un escrito a los integrantes de las comisiones, cancelándola. Se pospone así, aunque sea de manera momentánea, el inminente paso de la ley que pretende legalizar la participación del ejército en el combate al crimen organizado, por la alta cámara. El escrito incluía como motivo de la cancelación el objetivo de continuar con el diálogo entre en el Senado y la sociedad civil.

Desde su paso por el Congreso, cada vez más fuerte se han escuchado las voces de amplios sectores de la sociedad mexicana que piden al Senado que no apruebe dicha ley. Concuerdan en que el texto, tal y como se aprobó el último día de noviembre en la cámara baja, traería de facto el Estado de excepción permanente en México bajo el paraguas de la lucha contra el narco.

El 8 de diciembre, como es costumbre en estas fechas, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, hizo entrega del premio nacional de Derechos Humanos. Prácticamente todos los discursos institucionales de los organismos presentes, pero también el de las personas galardonadas, dedicaron frases contundentes a impedir que salga adelante en el Senado la nueva Ley de Seguridad Interior. "La certidumbre que se busca para nuestras Fuerzas Armadas, así como las certezas que se pretende en sus relaciones con la sociedad civil, no se logrará con la ley que en estos momentos se debate y que propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en las autoridades", aseveró Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante la ceremonia de entrega de premios.

"La Ley de Seguridad Interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona. Significa darle a la emergencia y fuerza, la categoría de permanencia"

El premiado Miguel Álvarez Gándara, de Serapaz México, por su labor de más de 50 años en la promoción y construcción de paz, fue contundente: "La Ley de Seguridad Interior representa una reafirmación de la estrategia de seguridad que no funciona. Significa darle a la emergencia y a la fuerza la categoría de permanencia. Esta ley no debe prosperar". Subrayó en su discurso que "son inaceptables las condiciones de violencia y violaciones en nuestro México… es necesario enfrentarlas con otro concepto y estrategia de seguridad que no se basen en la guerra ni en el uso de la fuerzas armadas sin alguna visión general vinculada a la paz y a los derechos humanos".

Mientras tanto, la sociedad civil se moviliza. Bajo la etiqueta de #SeguridadSinGuerra se difunde desde hace días una campaña en internet y redes sociales que llama a senadores y senadoras a que reconsideren sus posiciones al respecto de la Ley de Seguridad Interior, una norma hecha a medida de lo que ya viene practicando el Estado mexicano bajo la presidencia de Peña Nieto, donde el ejército se ha visto involucrado en los episodios más oscuros durante su mandato (Nochixtlán, Ayotzinapa, el movimiento magisterial…).

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH), una de las organizaciones más reconocidas que difunden la campaña, ha elaborado el documento Perpetuar el fallido modelo de seguridad: La Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos. En él analiza una década de políticas securitarias que no han dado ningún fruto positivo y solo han mermado los derechos de la ciudadanía. Con este documento el Centro PRODH llama a debatir el modelo de seguridad para defender las bases constitucionales de la democracia mexicana.

En el plano internacional, las eurodiputadas Estefanía Torres Martínez (Podemos) y Ska Keller (Los Verdes) han expresado su preocupación a través de cartas que cuestionan la firma del Acuerdo Global México-UE "si se llegara a confirmar un paso tan negativo en materia de derechos humanos en México".

En México, también se han pronunciado los relatores especiales para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas, David Kaye, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Edison Lanza. Señalaron en una entrevista al periódico La Jornada que "el Gobierno no ha rendido cuentas suficientemente para justificar por qué seguir con una estrategia militar". Los relatores estuvieron en visita de trabajo por México para recopilar información sobre los riesgos a la libertad de expresión de periodistas y empresas informativas, y que entregarán a manera de informe en próximos meses.

Aún y con la tregua en el Senado para atrasar la votación de la ley, no hay que perder de vista que el periodo de sesiones termina en tres semanas. Si se quiere ampliar el tiempo de debate y discusión de esta controvertida ley de Seguridad Interior existe la posibilidad de irse a una sesión extraordinaria o bien al próximo período de febrero. Pero falta por ver qué bancadas del Senado presionan y hacia qué lado.