La semana política
El miedo de los otros

En el barrio de Recoletos se impone la estrafalaria mole del Colegio de Nuestra Señora del Pilar. Núcleo irradiador del poder madrileño, colegio de un expresidente, un exsecretario general de la OTAN, una docena larga de exministros y altos empresarios, y también de creadores que han moldeado la cultura y el periodismo hegemónico. Es un edificio de estilo incongruente que ha visto pasar a la Falange y al socialismo progre. Al atlantismo y la democracia cristiana. A criminales condenados a garrote vil y a delincuentes con títulos nobiliarios. A 300 metros del colegio, la calle Núñez de Balboa es una de las costillas del Paseo de la Castellana. También es el centro de las protestas que, esta semana, han cuestionado las políticas de confinamiento del Gobierno.  

El distrito es el núcleo urbano del poder: no todos los que viven en sus barrios son ricos ─de hecho, se calcula que mil personas viven en lo que se llama “pobreza vergonzante”, es decir, que esconden su situación a su vecindario─ y los multimillonarios no viven allí, pero en este territorio hay un muestrario de restaurantes, lujosas cafeterías, tiendas exclusivas y comercios recoletos que crean el ecosistema “pijo” más perfeccionado de Madrid. Su poder tampoco se ciñe a la capital, sino que se ramifica hacia las fincas de caza en Extremadura y las Castillas, a casas de playa en Marbella o la ría de Arosa, a villas de reposo en la sierra madrileña.

La diferencia entre la renta media anual de Salamanca, algo menos de 69.000 euros anuales, y el distrito de Entrevías es de 44.279 euros

Ese sesgo de clase, que no se extiende a todo el distrito, sí amplía su campo de batalla al conjunto de España y a los mercados internacionales a través de notarías, despachos de abogados, sociedades mercantiles, consultoras y oficinas de ingeniería fiscal prêt-à-porter. Cuatro de sus barrios, Goya, Lista, Recoletos y Castellana son los más sistémicos de todos los barrios de Madrid: el escenario donde se forjan las carreras más prósperas. La diferencia entre la renta media anual de Salamanca, algo menos de 69.000 euros anuales y el distrito de Entrevías, allí donde no existe la pobreza vergonzante, es de 44.279 euros.

Paz plebeya 

El término proletario viene de los censos de la república romana. Designaba a la ciudadanía más baja de la clase plebeya, aquellos que carecían de propiedades y lo único que podían aportar a Roma era hijos criados y nutridos para el ejército. Una de las traducciones propuestas habitualmente es “aquel que alimenta hijos”. La palabra, mucho tiempo en desuso, fue recuperada con la expansión de las relaciones salariales, en la época moderna. Karl Marx y Friedrich Engels establecieron la que hasta hoy es la definición canónica de proletariado: quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir. Más adelante, se ha incidido en la temporalidad de esa obligación, reforzando la idea de que, al carecer de propiedades (y rentas), la vida del proletariado transcurre bajo la incertidumbre de no saber cuánto tiempo aguantará en esa situación de precariedad.

Pese a las 740.000 multas propuestas con el amparo de la Ley Mordaza, la “revuelta de los cayetanos” ha sido la primera protesta organizada como consecuencia del covid-19

Hace unos años, Guy Standing, defensor de la renta básica, propuso el término “precariado”, como definición actualizada a los tiempos de los contratos de una hora, los falsos autónomos y la disponibilidad 24/7. En la actualidad, en España, una de cada cuatro personas está en riesgo de pobreza, un umbral que está por debajo del ingreso anual de 8.871 euros en el caso de quienes viven solas, sin responsabilidades a su cargo, y por debajo de 18.629 para hogares compuestos por dos adultos y dos criaturas. El riesgo de pobreza se dispara en los hogares con un progenitor (que generalmente es una madre) y un niño o niña. La mitad exacta de las familias monomarentales está en riesgo de pobreza según el medidor Arope.

Nueve semanas después de comenzado el estado de alarma, tras 740.000 multas propuestas con el amparo de la Ley Mordaza, la “revuelta de los cayetanos” ha sido la primera protesta organizada como consecuencia del covid-19. No se han producido “revueltas del pan”, sino una protesta rentabilísima a nivel de proyección mediática, mucho más fácil de encauzar para el Gobierno de Coalición, que con un globo sonda lanzado esta semana ─el impuesto a la riqueza de Unidas Podemos─ mantiene el cartel de salida social de la crisis y la rentable batalla cultural con las derechas hegemónicas del Distrito de Salamanca.

La situación, no obstante, es mucho más preocupante. El desplome del turismo apunta como un factor desestabilizador inmediato. Por más que quede lejos de Madrid, el estallido social en los archipiélagos o en la economía del litoral es una perspectiva plausible desde el punto de vista de la Guardia Civil, que esta semana alertaba de posibles futuras protestas en zonas deprimidas económicamente. La Unión Europea, por su parte, ha anunciado que hará “todo lo que sea necesario” para salvar lo que pueda del turismo. Eso incluye la creación de corredores seguros para el turismo, una medida que las organizaciones de la sociedad civil llevan reclamando durante años, sin éxito, para refugiados y solicitantes de asilo.

Revuelta del pan

El escenario de posibles revueltas del hambre, como las que ya se han dado esporádicamente en Italia en esta crisis y no muy diferentes de las protestas en los barrios más populares de Estocolmo (2013), París (2005, 2008 o 2020) o Londres (2011), es prácticamente inédito para cualquier Gobierno español. Desde la Transición y hasta muy recientemente, la idea de una clase media como “pueblo del Estado” ha funcionado con éxito. Las protestas de esas clases medias han servido para encender estados de ánimo y, en sus mejores momentos, anular la posibilidad de retrocesos en materia de libertades y derechos ─la movilización contra el proyecto de ley de aborto de Alberto Ruiz Gallardón es el ejemplo más claro─, y en la lucha sindical, con episodios importantes como la huelga general de 1988 o las huelgas del año 2012. 

Solo ha habido unos cuantos fogonazos al margen de esa hegemonía de la protesta por parte de las clases medias ─Gamonal, revuelta de migrantes en Salou o Madrid, huelgas salvajes del metro en 2010, tomas de tierras del SAT, etc─ pero el motor de las protestas y manifestaciones ha sido, oscilando de izquierda a derecha, ese “pueblo” formado por clases medias, escindidas a su vez por sus determinantes territoriales en zonas como País Vasco y Catalunya.

El fraude de las expectativas de esa ecuación Estado-clases medias fue el detonante del movimiento de los indignados en el 15 de mayo, un movimiento que intuyó el colapso que nos ocupa hoy, del que la crisis política es solo una manifestación. Un movimiento que innovó con una capacidad de autoconvocatoria que solo ha estado al alcance del independentismo catalán en el periodo 2017-2018. A partir de 2012 se abrieron, especialmente a través de la forma “escrache”, más posibilidades para ese otro estallido, ajeno a la lógica de compromiso de las clases medias y muy controvertido en el interior de los propios movimientos sociales. También se construyeron las redes de apoyo y solidaridad vecinal que están respondiendo desde el primer instante de la crisis del coronavirus.

Los países desarrollados han entrado en una fase 0 en la que el protagonismo no lo tendrán los hogares que tienen la renta media de 25.072 euros anuales, si no aquellos que, siglos después, siguen siendo proletarios y proletarias. Lo han detectado quienes más tienen que temer ante este cambio de ciclo: los terratenientes, que piden dimisiones por las inspecciones laborales desplegadas para detectar el trabajo esclavo en el campo; los grandes empresarios del turismo, que piden dimisiones por la simple descripción del trabajo temporal y precario en la economía litoral. Lo han detectado también quienes han salido para reivindicar en el barrio de Salamanca que ellos son los que mandan. 

No es casual que la crisis abierta por coronavirus afecte en primer lugar a quienes tienen que proveer nutrición y cuidado a niños y niñas que serán el ejército laboral de reserva, que afecte también a aquellas personas que han sido descontadas del censo de ciudadanos “útiles” para el sistema, el “colectivo no productivo”, como los ha llamado la Confederación Vallisoletana de Empresarios. El hundimiento de la economía es, en primer lugar, el cuestionamiento de lo invisible de esa función reproductiva por parte del proletariado y el impacto sobre su función productiva. Es un cuestionamiento todavía fortuito, no organizado. Indeciso por pura preocupación hacia la enfermedad y la muerte que arrastra todavía ─y arrastrará al menos unos meses más─ el virus Sars-Covd2. Que eso cambie; eso es lo que temen quienes han salido a manifestarse en la revuelta de los Pocholos.