Juicio del 1 de Octubre
Rajoy: “No se declaró el estado de sitio porque el artículo 155 era más operativo”

La sesión de tarde del octavo día del juicio al Procés comienza con la declaración de Mariano Rajoy —y desde Vox se quejan, preguntan si es que se ha cambiado el turno con Montoro—. “La Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta que se puede cambiar el orden de las testificales”, apunta el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena. “No los conozco personalmente pero los conozco a todos”, dice Rajoy sobre los acusados. 

Comienza a preguntarle el abogado de Vox sobre el “comité restringido”. “Yo me he reunido en seis ocasiones con el señor Mas y con el señor Puigdemont, es habitual en política, lo importante es a qué se llega en esas conversaciones y sobre el referéndum no había absolutamente nada de qué hablar”, responde el expresidente.

“No ha habido ningún acuerdo, ni siquiera conversaciones para llegar a un acuerdo, sobre la celebración de un referéndum. Dije que eso lo tenía que decidir el pueblo español en su conjunto, tenía que ir a las Cortes generales y eso no es suficientemente. Es el pueblo español el que decide lo que es España, y no el presidente de España, cargos de una Generalidad autónoma ni ningún comité restringido”, ha continuado.

“Ahí no hubo ningún referéndum”, afirma Rajoy remitiéndose a lo dicho por la Junta Electoral Central. El expresidente ha recordado que Puigdemont le mandó una carta para decidir los detalles del referéndum, y él actuó para que este no tuviera lugar.

Sobre el envío de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, desde Vox han preguntado si fue porque no creían que los Mossos fueran a seguir su mandato. “Ese contingente forma parte de un elenco enviado para que se respetara la ley en el país”, afirma Rajoy. Ha afirmado que su trabajo, como presidente del ejecutivo, era estar en todas las “grandes decisiones políticas”, para “intentar llegar a un acuerdo para que el artículo 155 se pudiera aplicar con el mayor consenso posible”.

—¿Era una situación excepcional?
—Sí, como lo demuestra el hecho de que se pusiera en marcha el artículo 155 de la Constitución.

Sobre los hechos ocurridos el 20 de septiembre, Ortega Smith ha preguntado a Rajoy si también los considera excepcionales. “Es excepcional que se concentren miles de personas ante la Conselleria de Economía de Catalunya donde estaba haciendo su trabajo una comitiva mandada por los jueces”, ha respondido.

Ante estas situaciones de alarma, el abogado de Vox ha preguntado por qué no se declaró el estado de alarma y excepción, a lo que Rajoy ha respondido que “el 155 es una medida más operativa. Creíamos que no afectaba igual a la situación de los ciudadanos, fue una cuestión de respeto por los derechos individuales”.

Respecto a las jornadas del 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron las leyes de transitoriedad jurídica, Rajoy ha comentado que fue un momento en que se “liquidó la legalidad vigente”, incluyendo en esto la Constitución y el Estatut de Catalunya. “Un presidente del Gobierno no puede mirar a otro lado cuando se producen situaciones de estas características”, ha añadido, finalizando así las preguntas de Ortega Smith.

A preguntas del fiscal Fidel Cadena, Rajoy ha reiterado que “con meridiana claridad” invitó a Puigdemont a que fuera a las Cortes a defender su posición y que era necesario el referendo del conjunto del Estado español.

El fiscal ha mencionado la carta enviada por Rajoy a la Generalitat, después de que el primero fuera citado para discutir los términos del referéndum. “Conocían de sobra mi posición” y declara que invitó a Puigdemont a declarar esta cuestión ante las Cortes. “Piense lo que puede ocurrir en un país, cuando alguien intenta romper el derecho que tienen todos los ciudadanos de decidir sobre su propio país. España es lo que quieren los españoles, no solo una parte de ellos”, ha afirmado.

En referencia a la intervención de Puigdemont el día 10 de octubre, que Rajoy ha definido como “una declaración de independencia deliberadamente confusa”, el expresidente ha recordado la carta que le envió a su homólogo catalán en la que le requería si “había declarado la independencia o no”. Puigdemont no contestó a este primer requerimiento y, ante una segunda advertencia, el presidente catalán envió una carta “en la que no decía nada que tuviera que ver con la posibilidad de suspensión de la autonomía. Así que tuve que tomar la decisión de continuar con la aplicación del 155”, ha sentenciado Rajoy.

“¿Porque se aplica el 155?”, pregunta el fiscal. “Hemos escuchado un sin fin de teorías. Hay quien dice que se tendría que haberse aplicado antes. Sobre esto ha habido muchas opiniones y es normal porque España es un país plural, pero la decisión correspondía al presidente del Gobierno, que aplicó una serie de criterios”, afirma refiriéndose a él mismo en tercera en primera persona. “Todo el mundo es consciente de que buscamos el máximo consenso posible, pero dialogar con quien solo quiere discutir los términos de cómo se liquida la Constitución española no”, añade.

“A todos les dije que aquí se puede arreglar todo, menos la liquidación de la ley y de la Constitución española”, repite Rajoy. “¿Preveía situaciones de enfrentamiento o violencia el 1 de octubre?”, pregunta el fiscal. “El 1 de octubre de lo que se trataba era de que se cumplioera la ley, y se cumplió la ley porque la Junta Electoral Central dijo que no se había llevado a cabo el referéndum. Y ¿enfrentamientos? en una situación como esa es normal que se puedan producir, y más cuando hay quien quiere que los haya”.

Por su parte, la abogada del Estado, Rosa María Seoane, ha preguntado sobre por qué no se aplicó el 155 en la consulta del 9N 2014, a los que Rajoy ha afirmado que lo que ocurrió entonces no tuvo nada que ver con lo sucedido el 1 de octubre de 2017.

Desde las defensas, el abogado de Turull, Jordi Pina, ha comenzado preguntándole por los alcaldes que, según relatan desde el partido de Rajoy, han sufrido acoso. “Muchos alcaldes del Partido Socialista… Decir que no hubo acoso sobre ningún alcalde es estar ciego”. “Entonces es según lo ha visto en medios de comunicación, pero no lo puede concretar”, ha continuado Pina. “No”, responde.

“¿Le consta que Urkullu intentó intermediar entre el Govern de Catalunya y usted mismo?”, pregunta el abogado. “Hay muchas personas que quisieron hablar conmigo, y hablaron , y quisieron hablar con otros. No negocio ni el cumplimiento de la ley, ni la Constitución ni la soberanía democrática. A quien se le ocurre que el presidente de un país democrático pueda discutir eso. Todos sabían que esto no iba a pasar. A todos les dije exactamente lo mismo. Créeme que tomé esa decisión a sabiendas que tenía que tomarla”.

—Mi pregunta era más sencilla. Solo he preguntado por un hombre —ha reiterado el abogado—. ¿Atendió usted al señor Urkullu?
—Yo atiendo a todo el mundo —responde Rajoy.
—¿Personalmente? mire usted que viene mañana a declarar y usted está bajo juramento.
—Pues no sé, a mi nadie me demandó intermediar.

Aquí interviene el magistrado Marchena diciendo que él le ha escuchado decir que sí había atendido personalmente a Urkullu.

“No habido ningún mediador de nada. Como ya he señalado, todas las posiciones estaban claras. Me llamó mucha gente. A algunos los atendí personalmente, a otros, por teléfono”, matiza Rajoy, ante una nueva advertencia de estar bajo juramento. “Es muy difícil recordar a quién atiendo personalmente y a quién no. Lo importante es que el Gobierno no ha negociado esto”. “Ya nos lo dirá Urkullu”, concluye el abogado.

Francesc Homs ha sido el siguiente abogado en interrogar a Rajoy, que ha preguntado sobre la negociación con el Govern. “Yo siempre he demostrado mi buena disposición al diálogo y me vio en ocasiones con el señor Mas y Puigdemont, pero pues un límite al diálogo que siento tener que reiterar: son los españoles los que deciden lo que es España”. “Me gusta dialogar y me gusta pactar, pero me gutan las reglas del juego”, continúa. “Pero le he preguntado por propuestas concretas”, intenta el abogado que Rajoy concrete. “La más importante que hice fue que se dejara de vulnerar la Constitución”.

El abogado ha continuado preguntado a Rajoy sobre si tuvo la intención de hacer la declaración de seguridad nacional ante la situación en Catalunya. Rajoy ha reiterado que la que le parecía más justa era la aplicación del 155.

“¿Por qué en septiembre de 2017 no se pidió al Tribunal Constitucional la imposición de multas coercitivas o quitar funciones a los miembros del Govern?”, pregunta Homs. “Sería el resultado de una valoración de las circunstancias”, responde Rajoy. “Hay muchos temas que son de valoración política, se toma una decisión, a veces se acierta, otra no, y otras veces no se sabe si se ha acertado o no”.

“¿Ordenó usted las declaraciones en las que Enric Millo pide disculpas por las actuaciones de la Policía?”, le ha preguntado Homs. “No, hablaba en representación propia, no del Gobierno”.

Homs ha preguntado a Rajoy si mantiene que el referéndum no costó un euro a la Hacienda pública. Rajoy explica que se obligó al interventor de Catalunya a informar de todo y se establecieron los controles para evitar que hubiera gasto y que el Ministerio de Hacienda, cuando iba recibiendo la información del interventor sobre gastos que pudieran estar relacionados con la realización del referéndum, daba la luz de alarma. “Lo hizo en nueve ocasiones”, según Rajoy.

—¿Un solo euro se podría haber escapado del control del interventor? —pregunta el abogado.
—No se puede descartar, pero está fuera de mis responsabilidades, habrá que probarlo.
—Entonces ¿cómo puede decir que no ha costado un euro a la Hacienda Pública española?
—Si usted dice que lo he dicho, lo habré dicho, pero yo no lo recuerdo.
—Lo dijo el 7 de febrero de 2018, después de tener las arcas catalanas bajo control durante algunos meses.

Sobre la situación de violencia en Catalunya, Homs le ha preguntado si recuerda haber utilizado la palabra violencia en referencia a los acusados del Procés. “Los responsables de la Generalitat se dieron cuenta de que por ese camino no íbamos a ninguna parte”.

El siguiente a preguntar ha sido Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, que ha cuestionado el expresidente sobre si recuerda alguna situación de violencia antes del 20 de setiembre. “Los acontecimientos que allí se produjeron no son propios de un país como el nuestro. A todos nos disgustaron y molestaron”, ha respondido Rajoy, solo en referencia a lo que ocurrió el 20 de setiembre. “¿Sabe de un solo acto de violencia anterior?”, ha reiterado el abogado. Ante la respuesta negativa de Rajoy, Van den Eynde ha preguntado sobre violencia posterior. “Evidentemente, no estábamos en una situación de normalidad, era algo impropio de una democracia avanzada”.

“¿Entendía que había que advertir a la población de lo que podría pasar el 1 de octubre? ¿No consideraba, como presidente del Gobierno, que había que advertir a los votantes?”, ha seguido preguntando Van den Eynde. “Si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron, si se hubiera respetado la ley, no estaríamos aquí hoy”, ha respondido. “¿A qué riesgos físicos se enfrentaban los votantes?”, ha preguntado el abogado, a lo que Rajoy contesta que “nunca he tomado ninguna decisión sobre un dispositivo policial”.

Rajoy después ha dicho no saber qué juez fue la que ordenó la actuación policial el día del referéndum. Sobre el seguimiento de la jornada del referéndum, Rajoy ha afirmado que fue la vicepresidenta la que le informaba de lo que sucedía en Catalunya y ha negado haber hablado con ningún miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquella jornada. “Usted dijo que no habría ni urnas ni papeletas. ¿Tenía datos que le hubiera dado el CNI?”, pregunta Van den Eynde, a lo que Rajoy sigue refiriéndose a la Junta Electoral afirmando que nunca hubo referéndum. “Fue otra cosa, personas con papeletas por la calle, pero no un referéndum”.
Rajoy he reiterado de nuevo que, si no se hubiera convocado el referéndum, no e habrían visto las imágenes de algunos ciudadanos catalanes agredidos y de algunos otros policías, “Eso es lo importante”, ha recalcado.

“¿Se abrió algún tipo de investigación sobre la intervención policial?”, continúa Van den Eynde. “¿La gente que estaba al frente de la Generalitat hizo autocrítica sobre las decisiones que tomó y que nos llevó a lo que estamos discutiendo hoy?”, se ha cuestionado Rajoy, a modo de respuesta. “¿Supo que se utilizaron pelotas de goma dirigidas contra los ciudadanos por parte de la policía?”, pregunta el abogado en relación a armamento cuyo uso está prohibido en Catalunya. “Yo nunca he estado al frente de un operativo, ni ahora ni siendo ministro de Interior —lo fue entre febrero de 2001 y julio de 2002—.

Van den Eynde ha preguntado por qué no se realizaron conversaciones bilaterales para tratar este asunto, a lo que Rajoy responde que se han realizado muchas conversaciones sobre temas que “sí interesaban a los españoles” y ha aprovechado para hablar sobre la crisis económica y cómo mejoró la economía en los años 2015 y 2016 en el Estado.

La abogada Marina Roig ha tomado el testigo, preguntando sobre si se había reunido con Societat Civil Catalana, a lo que ha respondido que sí. Ha seguido preguntando sobre la insumisión al servicio militar obligatorio, pero Marchena la ha parado, sugiriéndole que, si quiere enfatizar la tesis exoneratoria, lo haga en el informe final. Tras ello, a pesar de las reticencias, la abogada ha conseguido que reprodujeran uno de los vídeos de la jornada de referéndum en el que se veía a cientos personas haciendo resistencia pacífica y eran atacados por agentes de la Policía Nacional.

“¿Usted tuvo conocimiento de ese tipo de imágenes en el 1 de octubre?”, ha preguntado Roig. “Imágenes de estas he visto muchas desgraciadamente a lo largo de mi vida. Pero hay otras imágenes que no hemos visto aquí y que también podrían tener interés en el orden de cosas que usted plantea”, responde Rajoy al vídeo mostrado por Roig.

—¿Le consta si se pidieron explicaciones al dispositivo policial?
—No me consta —responde Rajoy.
—¿Y de si se abrió algún tipo de investigación?
—Son decisiones que yo no he tomado.

En el turno de la abogada de Forcadell, le ha preguntado si le consta si el gob esp tiene 34 sentencias firmes del TC respecto Catalunya. “No me consta. Pero siempre intentamos que se cumplan las sentencias del Constitucional”, concluye Rajoy.

El presidente de sala ha dado por terminado el testimonio. Tenga cuidado con los escalones, le ha dicho Marchena a modo de despedida a Mariano Rajoy.

Tras Rajoy ha llegado a la sala de juicios el exministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristóbal Montoro. “El conjunto de fondos estaba sujeto y controlado de acuerdo con sus fines”, ha afirmado. Montoro ha detallado que a partir de septiembre de 2017 “implantamos para Catalunya un sistema que no se había utilizado nunca en España que implicaba control absoluto de todos los pagos y créditos utilizados por la Generalitat. Todos los fondos estaban controlados”. 

Desde la acusación popular ejercida por Vox, Pedro Fernández han hecho mostrar otro documento en el que se dice que la Generalitat haría abonado, según la Guardia Civil, 1,6 millones de euros como pagos desde la Generalitat para organización, promoción y celebración del referéndum. “Debo aclarar que estos informes, como los de la Guardia Civil y las fiscalías, han contado con el asesoramiento del personal del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, personal muy cualificado; lo que debemos entender es que una cosa es el control presupuestario y otras las investigaciones que se llevan a cabo en tribunales”, ha explicado. 

El exministro ha continuado explicando sobre el control financiero impuesto a Catalunya: “En 2017 lo que hacemos es convertir el control mensual en semanal, lo hacemos en julio ante los anuncios de la convocatoria de referéndum”, explica Montoro, señalando que se hizo para evitar que para el referéndum se usara la partida destinada a procesos electorales. Otro acuerdo, amparado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria —la Ley Montoro— fue establecer un control absoluto, “como no se había hecho nunca en España: sustituimos hasta la propia administración autonómica y los proveedores eran pagados por la administración del Estado”. 

“¿Usted recuerda unas declaraciones que dijo al diario El Mundo?”, pregunta. “Sí, lo que afirmo y yo mismo veo son indicios de prevaricación, que unos funcionarios públicos están llamando a un acto para abrir locales públicos, utilizando recursos públicos en un fin declarado ilegal judicialmente”, responde. “A mi entender, existe motivo claro de prevaricación”, añade. “Hay unas frases muy publicitadas...”, continúa el fiscal. “Sí, venían a decir que, como ya estaban intervenidos, no tenía posibilidad de convocar un referéndum con un presupuesto, y es que no podían hacerlo. Yo quería transmitir a todos los españoles que no podían, que no tenían presupuesto”, responde Montoro. “¿Y sobre la frase: “No sé con que pagaron las urnas de los chinos y la manitención de Puigdemont, pero no fue con dinero público?”... 

El fiscal pregunta si encontraron irregularidades, a lo que Montoro responde que sí. Después, si la intervención de la Administración del Estado excluye que se haya destinado dinero al referéndum. Montoro responde que eso es lo que se está investigando.