Independencia de Catalunya
800 imputados y 10 encarcelados: cuenta y resultado de una persecución política

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los cinco miembros de la Mesa declaran este jueves en el Tribunal Supremo para responder por supuestos delitos de rebelión, sedición y malversación por haber dado trámite a la iniciativa de Junts pel Sí que permitió votar la declaración unilateral de independencia.

Si el juez escucha las peticiones de la Fiscalía, los seis podrían entrar en prisión preventiva incondicional, como ya ha ocurrido anteriormente con los presidentes de Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, y posteriormente con ocho consellers del Govern. A lo largo de esta semana, el juez del Tribunal Supremo ya ha ordenado que se ponga vigilancia policial a todos los imputados.

Con estos son ya decenas los imputados, con diversos cargos, y diez los encarcelados, por haber tratado de convocar un referéndum por el derecho a decidir en Catalunya, una larga lista que tal vez no haya dejado de crecer en unos procesos judiciales que han hecho que cientos de juristas denuncien politización de la justicia, juicios políticos y falta de independencia.

Sedición: Jordi Cuixart y Jordi Sánchez

Los primeros presos políticos de este proceso fueron Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, y Jordi Sánchez, de la Assemblea Nacional Catalana, enviados el 16 de octubre a prisión sin fianza por la juez de la audiencia nacional Carmen Lamela y acusados de sedición por ser los representantes de las organizaciones que convocaron a una movilización popular en Barcelona el 20 y 21 de septiembre. En las movilizaciones, convocadas como rechazo a la detención por la Guardia Civil de 14 personas relacionadas con la convocatoria del 1-O, participaron decenas de miles de personas, y en ellas no hubo ni altercados ni heridos ni detenidos. “Las concentraciones fueron tranquilas y pacíficas, no hubo ni desórdenes públicos ni violencia, y si se produjo algún acto de daños a coches o alguna persona hubiera increpado, se tendría que perseguir a personas concretas, y en ese caso, si fuera delito, sería un delito de daños, en ningún caso de sedición”, explica Franquesa, que añade que durante las concentraciones las fuerzas policiales ni siquiera llegaron a hacer atestado. “Entendemos que el delito de desórdenes públicos es grave, de seis meses a tres años, y se exige que más allá del desorden público, la finalidad sea atentar contra la paz pública. Si eso es así en un delito de desórdenes, en el de sedición, que tiene una pena muchísimo mayor, en el que además se habla de alzamiento tumulturario, tiene que ser un plus de gravedad mucho más fuerte, que no se ha dado en ninguna manifestación por el derecho a decidir”, dice esta abogada.

En el mismo auto, además, se citaba como imputados al jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, también acusados de sedición por su supuesta “inacción” en el marco de dichas movilizaciones. Aunque ninguno ha entrado en prisión provisional, se les ha retirado el pasaporte y deben presentarse cada 15 días en comisaría.

Operación Anubis

La operación policial Anubis, ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra cargos y técnicos relacionados con la organización del referéndum –y que provocó como respuesta las movilizaciones populares del 20 y 21 de septiembre–, se saldó con 14 detenidos y una veintena de investigados. Actualmente, el número de investigados es de 16. Aunque la Guardia Civil acusaba de sedición a varios de ellos, incluidos los altos cargos de la Conselleria de Economía Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, el juzgado los está investigando por desobediencia, prevaricación y malversación. Salvadó y Jové deberán comparecer semanalmente. Los abogados de los investigados denunciaban a finales de octubre que no habían podido acceder a gran parte del sumario, que "toda la investigación judicial es nula de pleno derecho" y que la causa contra sus representados forma parte de una “causa general” contra el independentismo.

Rebelión: Govern y Mesa del Parlament

El 31 de octubre, el Tribunal Supremo citaba como imputados por rebelión, sedición y malversación a seis miembros de la Mesa del Parlament por tramitar la ley de desconexión y la declaración unilateral de independencia: Carme Forcadell, presidenta del Parlament; el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí Lluís Maria Corominas, los diputados del mismo partido Anna Simó, Lluis Guinó y Ramona Barrufet y el secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. Forcadell y Simó recurrieron el día 7 de noviembre que el Supremo sea la instancia competente para investigarlas. El Código Penal prevé hasta 30 años de prisión por el delito de rebelión si va acompañado por “violencia”, y hasta 15 años por el delito de sedición.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los otros 13 miembros del Ejecutivo catalán depuesto por el artículo 155, se enfrentan también a cargos de rebelión, sedición y malversación y a posibles penas de hasta 30 años de prisión si triunfa la teoría de la Fiscalía, apoyada por la juez, de que la “rebelión” fue “violenta” a pesar de que las únicas gotas de sangre derramadas estos días fueron las de 900 personas que trataban de votar y fueron agredidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es más, según el fiscal general, José Manuel Maza, la violencia sufrida por los votantes fue responsabilidad de los querellados: “Los momentos de violencia vividos en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la ilícita votación fueron el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza de los hechos consumados y de la multitud movilizada”.

Estos, a diferencia de los miembros de la Mesa, se hallan imputados por la Audiencia Nacional. El vicepresident Oriol Junqueras y otros siete consellers cesados por el 155 entraban en prisión preventiva sin fianza el 2 de noviembre, y otro de ellos en prisión con fianza, mientras que Puigdemont y otros cinco consellers se refugiaban en Bruselas, donde ahora se enfrentan a un posible proceso de extradición.

“No caben ni sedición ni rebelión”, dice la abogada Anais Franquesa, que considera que nos encontramos ante un caso de aberración jurídica. “Tampoco cabe una medida tan restrictiva como la prisión provisional, porque tampoco hay riesgo de reiteración delictiva. El auto que acuerda prisión para los consellers es delirante porque dice que hay riesgo de reiteración delictiva cuando están cesados, así es que no pueden reiterar el delito”, continúa Franquesa, que considera que “lo que se considera delictivo es querer declarar la independencia en sí mismo, lo que se está persiguiendo, por lo tanto, es una cuestión política”.

Anais Franquesa considera que se vulneran varios derechos en estos casos: en primer lugar, el del juez ordinario predeterminado por la ley, uno de los elementos del derecho a un juicio justo y el derecho de defensa. Para los casos de sedición y rebelión citados anteriormente, “ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo son los tribunales competentes para investigar y enjuiciar estos casos”, dice.

“Además es contrario al criterio de la Audiencia Nacional, que en pleno en 2008 determinó expresamente que el delito de rebelión nunca ha sido competencia de este tribunal”. Además, también se ha vulnerado, en el caso de los consellers, la capacidad del derecho de defensa de las personas que se ven inmersas en un procedimiento judicial, ya que sus letrados no tuvieron acceso a toda la causa hasta el día anterior a la declaración. “Es indicativo que se esté llevando a cabo un proceso así, y hace desconfiar de la independencia de la justicia a la hora de enjuiciar estos hechos”, finaliza Franquesa. 

700 ALCALDES

El 13 de septiembre, el fiscal general del Estado ordenaba tomar declaración como imputados por prevaricación, malversación y desobediencia a 712 alcaldes partidarios de la independencia “en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal”. Además, ordenaba detener a aquellos que no se presentaran a declarar. Aun así, los alcaldes no reconocieron la competencia de la Fiscalía, y poco después el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró que este caso era de su competencia. De momento, desde este tribunal no se han producido imputaciones.