La Junta da la espalda a la propuesta de Fertiberia

La Junta de Andalucía ha dado un paso al frente y ha remitido al Ministerio de Transición Ecológica sus alegaciones al plan propuesto por Fertiberia para dar solución a las balsas de fosfoyeso que amenazan desde hace décadas la salud de los onubenses. Las alegaciones confirman la línea de lo ya anunciado hace semanas por el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, cuando contundentemente dijo “no vale” a las intenciones de la empresa de solventar el problema que suponen los residuos derivados de la producción de fertilizantes apilados en la marisma de Mendaña, a orillas del río Tinto justo antes de su confluencia del río Odiel.

Todos los puntos esgrimidos por la empresa en su “proyecto constructivo de la clausura de las balsas de fosfoyeso” han sido confrontados por técnicos de distintos departamentos de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con firmeza, hasta el punto de hablar de “fraude ambiental” en relación a la propuesta.

El plan elaborado por Fertiberia —parte del Grupo Villar Mir desde 1995—, que viene a cumplir una condena, ratificada por el Tribunal Supremo en 2015, que obligaba a la empresa a presentar un aval de 65 millones de euros para sufragar la retirada de los residuos, afecta a 720 hectáreas de las balsas. En concreto hace referencia a las zonas dos, tres y cuatro, y prevé trabajos por un periodo de diez años que desembocarían en la recuperación total del entorno de la marisma.

El problema es que este documento, que se extiende a lo largo de más de 400 páginas y que rectifica al original, sigue sin satisfacer a nadie más que a la empresa. La propuesta de Fertiberia, presentada a mediados de mes, con la pretensión de dar respuesta a las más de 1.300 alegaciones que se presentaron al plan inicial, supondría el sellado de canales de agua de la marisma para evitar el contacto de los residuos con la materia exterior. Para este proceso, los materiales usados, según la empresa, serían yeso lavado, arcilla compactada y escollera. De esta forma, incluso durante marea alta, se impediría que “se llegara a filtrar ningún tipo de material”, según defendió Juan Ramón Miró, responsable de la dirección técnica del proyecto. Se trataría de “encapsular” los residuos una vez cubiertos con un polímero plástico, arcilla y tierra cultivable, y dejar que la naturaleza cree un nuevo espacio donde antes hubo marisma.

“Por una Marisma Limpia” pide la retirada de los residuos y la recuperación de la marisma a su estado original

Contra esta propuesta existe un manifiesto, “Por una Marisma Limpia”, firmado por más de 30.000 personas y respaldado por un centenar de asociaciones y colectivos que piden la retirada de los residuos y la recuperación de la marisma a su estado original.

Las alegaciones de la Junta de Andalucía hacen referencia a la zona cuatro, reclamada por la administración autonómica y no incluida en la primera versión, al considerar que se encuentra en las 720 hectáreas otorgadas por concesión a Fertiberia a finales de los años sesenta. La empresa deja sin restaurar esta zona cuatro, donde se depositaron los residuos radiactivos procedentes de la planta de Acerinox —empresa de la que tiene cerca de un 19% de participaciones Corporación Financiera Alba, del Grupo March—, argumentando que el auto de la Audiencia Nacional que obliga a Fertiberia declaraba, expresamente, que no cabían otras actuaciones en la zona más allá de las contempladas en las balsas. En opinión de la Junta, atenerse a esta postura implica convertir a la Audiencia Nacional “en un órgano que valora técnica y medioambientalmente el contenido de un proyecto”, cuando esa es una competencia que corresponde a la Administración General del Estado “en el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”.

En este punto es donde la Junta entiende que se podría incurrir en “fraude ambiental” si se deja fuera de la restauración la zona cuatro. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, ha declarado que espera que se tengan en cuenta las valoraciones técnicas de la Junta y “Fertiberia reforme realmente el proyecto”, dado que “el contenido técnico determinado para la misma es a todas luces insuficiente”, según explicita el escrito de alegaciones.

Tras analizar la “supuesta reforma” presentada por Fertiberia, los técnicos de la Junta, que siempre ha defendido que el proyecto de la empresa no valía, han comprobado que “prácticamente la cosa sigue igual y sigue sin valernos”, según ha afirmado el consejero Fiscal.

El informe remitido al Ministerio de Transición Ecológica debe ser analizado y en la Junta de Andalucía confían que las alegaciones sean tenidas en cuenta para la aprobación o denegación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Este documento “no es un seguimiento de aspectos jurídicos”, recuerda el informe de alegaciones de la Junta de Andalucía, que, por otra parte señala que “se da por hecho que habrán de cumplirse, sino un pronunciamiento ambiental sobre una superficie de 720 hectáreas”.

La zona cuenta con un “presellado” que en ningún caso es “una solución técnica”, y considerarlo así podría dar lugar a “fraude ambiental”. En este sentido responde la Junta a la Abogacía del Estado que en 2006 manifestó que la zona estaba ya restaurada aunque se desconocen los criterios técnicos en que “se basa tal afirmación o qué resolución u organismo competente avala tal cuestión” según se explica en el texto de alegaciones.

Fertibera ofrece, para las zonas dos y tres un proyecto de encapsulado que, según explicó en su presentación, es “la única alternativa posible para seguir los requerimientos de la Audiencia Nacional, que determinó que cualquier tipo de recuperación debería hacerse en el mismo lugar donde se encuentran las balsas”. Para la Junta de Andalucía, Fertiberia cae en “una contradicción cuando el proyecto que vende” para las zonas dos y tres “como la mejor técnica posible no lo quiere aplicar en la zona cuatro”, aún sabiendo que lo ejecutado en esa zona “no es, ni de lejos, parecido al previsto para las otras dos”.

El escrito de alegaciones de la Junta hace además referencia al hecho de que no evaluar ambientalmente de forma conjunta el proyecto podría llevar al “fraccionamiento de proyectos”, lo cual es contrario a la legislación que regula los procesos de evaluación ambiental. Algo parecido se ha pretendido hacer en el caso del gasoducto de Doñana. Una estrategia que sigue el antiguo principio de divide y vencerás y que pretende poner el foco en las partes para evita obtener una visión de conjunto.

La Delegación de Medio Ambiente reitera en el escrito que el Plan de Vigilancia y Control propuesto en materia de atmósfera presenta “bastantes carencias” y alerta del riesgo de que las actuaciones propuestas por la empresa generen “resuspensión de partículas de fosfoyeso y de otro tipo que deberían ser sometidas a un plan de control de los parámetros que indique la legislación” que deberá intensificarse durante la época estival.

Tras la presentación de alegaciones es el Ministerio de Transición Ecológica el que debe marcar la agenda a seguir una vez emita la esperada DIA. La fecha comprometida por el ministerio, finales de marzo, está a expensas del devenir de la actualidad política ya que en el previsible escenario de un adelanto electoral a principios de año o, muy probablemente, al mes de mayo, podrían dar al traste con las esperanzas de poder avanzar un paso más en la resolución de un problema que lleva años condicionando la vida de la ciudad de Huelva. Una vez se pronuncie el Ministerio de Transición Ecológica serán la Junta de Andalucía primero y el Ayuntamiento de Huelva después, quienes deben aprobar la aplicación del proyecto de clausura de las balsas de fosfoyeso.

Dada la falta de acuerdo sobre el modo de proceder uno de los principales riesgos que corre la situación es que se dilate en el tiempo de forma indefinida mientras que cada mes, cada año que pasen los residuos a escasos metros de las zonas habitadas de Huelva el riesgo sanitario y medioambiental sigue presente.

De momento, según Fiscal, en la Junta “tenemos muy claros nuestros términos y esperamos que se tengan en cuenta y se reforme realmente el proyecto porque el actual no da solución a esta zona y no responde a lo que la inmensa mayoría de los onubenses queremos”.

Mientras tanto en el ayuntamiento de Huelva no terminan de tomar una postura unánime frente a los fosfoyesos y en el último pleno municipal, por ejemplo, una moción presentada por Izquierda Unida pretendía que “de manera inmediata” se aprobase la declaración de los suelos contaminados como “competencia exclusiva” del Ayuntamiento de Huelva y que, después, se reclamase ante la Audiencia Nacional “el derecho legítimo de liderar este proceso” para así asegurarse el consistorio “que el proyecto que elabora sea el que se proponga desde el Órgano de Participación y no el de Fertiberia”. La moción se rechazó con los votos en contra del PSOE y la abstención del PP.