Energías renovables
Barcelona acelera hacia el cambio de modelo energético

Primero fueron las oficinas municipales, las bibliotecas y los polideportivos públicos. Luego, los hogares. Y en breve, los comercios de Barcelona y su área metropolitana también podrán comprar la electricidad a Barcelona Energia (BE), la comercializadora pública del ayuntamiento de la ciudad. Como toda su oferta, será energía 100 % renovable y certificada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Con una tarifa transparente que incentive la eficiencia de uso —de aquí a 2030, se estima que en el área metropolitana de Barcelona, el sector que más incrementará su consumo eléctrico será el comercial, debido al aumento de la demanda de refrigeración—.

Y antes de lanzar este nuevo producto, BE lo someterá a la opinión de la Comisión Permanente de su Consejo de Personas Usuarias, un órgano asesor con participación activa, aunque no vinculante, en la toma de decisiones del operador energético municipal.

“Una comercializadora pública debe ser una herramienta útil para acelerar el cambio de modelo energético desde las ciudades. Y hacerlo desde una lógica de servicio público, de bien común”, señala Lourdes Berdié, química especializada en medio ambiente y portavoz de la Red por la Soberanía Energética (XSE).

Con esa misión, el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha en julio de 2018 BE, la comercializadora de electricidad pública más grande de España: contribuir a la transición del modelo energético sostenible potenciando el autoconsumo, la energía 100% renovable, un servicio de proximidad y la garantía de suministro.

Por un lado, tener una comercializadora propia posibilita a la municipalidad gestionar directamente el contrato eléctrico de la propia administración: “Mejoramos el servicio público de compra eléctrica”, apunta Eloi Badía, concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona. “Esto nos permite desprendernos del oligopolio eléctrico. Nos da un punto de soberanía”, insiste.

Así las cosas, el gobierno de la alcaldesa Ada Colau ya no tiene que sacar a concurso el suministro del consistorio, cuyo último litigio terminó en los tribunales.

En total, el importe del contrato eléctrico del Ayuntamiento de Barcelona se sitúa en los 30 millones de euros anuales. Según fuentes oficiales, la desconexión de las grandes operadoras comportará un ahorro mínimo a las arcas públicas de unos 710.000 euros al año.

“De inicio, supone arrancar al oligopolio una cuota importante del mercado, todo el consumo de las instalaciones municipales. Es un golpe importante. Comienza el camino hacia el control social y público de la energía”, señala Maria Campuzano, miembro de Ingeniería Sin Fronteras.

Gestionada por TERSA, la empresa pública de servicios medioambientales del consistorio, BE permite el autoabastecimiento de los equipamientos públicos. Actualmente, suministra electricidad a unos 3.900 puntos propios de consumo entre oficinas, equipamientos y viviendas municipales; puntos de luz, agua y zonas verdes; semáforos; mercados; centros deportivos, y cerca de una docena de cementerios. Y desde enero de 2019 también ofrece sus servicios a hogares de la ciudad y el área metropolitana. En cinco meses, ha alcanzado las mil personas usuarias. “Una vez tienes la entidad —conviene Badía— se trata de incentivar las renovables y el autoconsumo”.

“Podemos representar la energía que generamos nosotros y la que genera cualquier usuario de la ciudad, asesorar en proyectos de autoconsumo y ayudar al ciudadano en la venta de excedentes, que con las trabas jurídico-administrativas que hay, es casi imposible para un particular”, cuenta el concejal de Presidencia y Energía del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora mismo, BE gestiona 3,1 MWp generados por la instalación de placas fotovoltaicas a nivel municipal. Y 12 MWp a nivel privado.

“El caso de Barcelona Energía es un ejemplo de interés para impulsar procesos de municipalización o remunicipalización de servicios energéticos”, destaca Marta Garcia, CEO de la consultora estratégica y de innovación especializada en energía Ecoservei. “La comercializadora por sí sola sólo tiene sentido si sirve de herramienta para impulsar la generación renovable local. El valor añadido es convertirse en un agente de transformación energética en el municipio y este es su reto principal”, añade.

De hecho, la generación de energía propia ha suscitado una de las mayores controversias en torno a BE, ya que el 80% de la energía que genera la municipalidad proviene de una incineradora de residuos —la incineradora de Sant Adrià—, una electricidad que los grupos ecologistas no califican como “verde”.

“Si tenemos una incineradora es porque no tenemos una buena política de residuos”, admite Badía. “Lo que hacemos es vender esa energía directamente nosotros, pero no la certificamos como energía renovable. No queremos teñirla de verde”, añade. Y en cuanto a la energía que suministra BE, prosigue: “Compramos energía renovable con certificado de origen, que tampoco venga de la incineración. No queremos camuflar incineración como energía verde. La nuestra es 100% renovable”.

Desde enero, Barcelona Energia ofrece sus servicios a los hogares de la ciudad —1.620.000 habitantes en 2017, según el Instituto Nacional de Estadística— y su área metropolitana —4.790.000—.

Los usuarios de la comercializadora municipal valoran que “sea energía renovable, verde”, explica la artista Irene Visa, a los pocos días de darse de alta como usuaria de BE. “Mi anterior comercializadora siempre me cobraba de más. Luego me lo devolvían, pero las cosas no se hacen así”, cincide Lourdes Blesa, otra usuaria de BE, cuestionada sobre por qué se sumó a este proyecto.

En España, las cinco grandes eléctricas —Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo— han perdido un 20% de clientes en cuatro años (de 2014 a 2018). Y en el cuarto trimestre de 2018, la electricidad repitió como el servicio que más descontento genera entre las personas usuarias, según los resultados del Panel de Hogares de la CNMC. “Además, la propuesta de cobro de BE es innovadora y más equitativa”, apunta Campuzano. “El cobro vía tramos, como ocurre con la tarifa del agua, es muy interesante”, añade.

La comercializadora municipal ha logrado atraer a mil de esos usuarios descontentos, lejos aún de los 20.000 a los que, ahora mismo, podría dar servicio. Badía reconoce que políticamente esperaban una “mayor” respuesta ciudadana. “Aun así, hablando con empresas del sector, nos dicen que estamos en los números normales. Tenemos unas 500 comercializadoras, es un sector consolidado”, concluye.

Participación de la sociedad civil

El consistorio barcelonés también decidió intervenir en la comercialización de la energía “para poder hacer una política con otros valores y otros principios”, asegura Badía. “No tanto porque seamos capaces de dar un precio más barato, porque la tarifa española está muy regulada por peajes, si no por las garantías de suministro de servicio”, explica.

La cifra de barceloneses que sufre pobreza energética se sitúa ya en un 10,6%, a pesar de que en Cataluña, gracias a una Iniciativa Legislativa Popular, la regulación es más garantista que en el resto del Estado Español. “La energía ha pasado de ser un servicio público a una mercancía que sólo si puedes pagarla tienes acceso”, lamenta el concejal.

En este sentido, de momento, poco puede hacer el operador público. “Con las actuales reglas del juego, la comercializadora municipal no puede dar respuesta a la pobreza”, recuerda Maria Campuzano, de Ingeniería sin Fronteras. Y es que el llamado Bono Social de ayuda a las familias más vulnerables de España deben de asumirlo las cinco eléctricas de referencia. “El control del modelo sigue siendo del oligopolio”, lamenta Campuzano. “Por eso, desde los movimientos sociales pedimos que se vaya a más, que el Ayuntamiento inste al estado a cambiar las reglas del juego”, urge pensando en el control de la distribución que ahora está en manos de las grandes eléctricas.

Los movimientos sociales también reivindican que la Comisión Permanente del Consejo de Personas Usuarias de BE, entendida como una órgano asesor que participa de forma activa en la toma de decisiones de la compañía, pase a tener una participación vinculante. “BE energía es innovadora en el punto que ha creado este órgano de participación”, celebra Lourdes Berdié, portavoz de la Red por la Soberanía Energética —junto con la Alianza Contra la Pobreza Energética han solicitado tener representación en la Comisión permanente del consejo de personas usuarias de BE—. Y explica: “Nosotros lo que querríamos es que el gobierno de la empresa no dependiera sólo del Consejo de Administración de TERSA o del consistorio de turno, que aumentara la democracia interna de la compañía y que la ciudadanía pudiera decidir hacia dónde va la empresa”.