Energía
Quemar árboles para producir electricidad: ¿de quién es el negocio?

La generación de energía por combustión de biomasa es una actividad depredadora de recursos naturales, que resulta absurda en términos sistémicos. Es el último escalón del proceso de capitalismo industrial basado en la explotación de los bosques. El capital que está detrás de Glefaran, pertenece a una familia vasca que ha florecido en el siglo pasado gracias a la industria maderera.

Bosque deforestado en la cuenca del Marañón Rocío Madero Cadarso

Eukene Pino

Activista de la plataforma 'Enkarterrin Makroeolikorik ez'

24 jun 2019 11:37

Muchos habitantes de Güeñes y alrededores esperaban que las elecciones municipales trajeran un cambio. Entre otras cosas, parecía estar en juego la cuestión de Glefaran, una planta termoeléctrica a base de biomasa que se ha instalado en la zona hace cuatro años. En 2016, tras unos episodios graves de emisiones contaminantes, empezó una movilización vecinal para el cierre de esta incineradora. El conflicto ha involucrado a las instituciones locales de las comunidades de Zalla y Güeñes, pues la empresa se ubica en los territorios administrativos de los dos municipios. El ex alcalde de Zalla, representante de la plataforma municipal Zalla Bai, había apoyado el cierre de la fábrica, revocando a la empresa el permiso de funcionamiento en su territorio. Pero por su parte, el alcalde de Güeñes, del Partido Nacionalista Vasco (PNV), no ha hecho lo mismo, y Glefaran sigue funcionando.

Desde el punto de vista de la movilización ciudadana, los resultados electorales han sido desalentadores. No sólo no ha cambiado el alcalde de Güeñes, sino que el mismo partido ha ganado también en Zalla. Se difumina así la esperanza de una solución institucional a corto plazo. Antes de las elecciones, el entonces candidato y ahora alcalde del PNV en Zalla, había declarado en un video de su campaña que en caso de resultar elegido, emprendería las acciones necesarias para averiguar si la actividad de Glefaran resulta peligrosa para la salud de los habitantes de su municipio. Ahora se le podrá exigir, por cierto, que cumpla ese compromiso.

Sin embargo, hay algo tramposo en este argumento, pues parece paradójico que el entonces candidato considere oportuno actuar exclusivamente en el caso que la salud de sus habitantes resulte en peligro, sin pensar, por ejemplo, en sus vecinos que viven apenas a tres kilómetros de distancia. No es una declaración inocente, por cierto. En torno a ese debate se ha enroscado hasta ahora la controversia pública: determinar los riesgos para la salud de la población directamente expuesta a las emisiones, y su radio de afectación.

Demostrar jurídicamente si la actividad de esta empresa afecta a la salud de la gente, y en qué medida, es más complicado de lo que parece. Se trata de medir exhaustivamente el contenido y la cantidad de las emisiones, y compararlos con los estándares internacionales establecidos por la UE y la OMS, considerando las características específicas de la orografía y los vientos del lugar. Tras las emisiones fuertes iniciales, Glefaran ha actualizado sus filtros. Ahora no hay emergencia ambiental, sino un constante nivel de humo y polvo en el aire. En esta fase “crónica”, el problema no es solo lo que la incineradora emite, sino sobre todo lo que se mide, cómo se mide, cómo se interpretan los datos y como se comunican. En este nudo se perderán posiblemente las intenciones del nuevo alcalde, así como las de su homónimo de Güeñes.

La controversia pública y jurídica se ha centrado en la veracidad, fiabilidad e interpretación de las mediciones. Entre otras cosas, bajo la presión vecinal se ha instalado hace tiempo un medidor móvil de las partículas. Sin embargo, según los expertos del tema, es completamente insuficiente. Aquí intervienen cuestiones de voluntad política, intereses económicos y clientelismos que se manifiestan a todos los niveles, en las irregularidades de funcionamiento y control de la incineradora y en los procesos institucionales de jurisdicción y sanción. Esto, por lo menos, es lo que reivindica y denuncia la movilización vecinal. Pero además hay que considerar que los estándares y criterios de tolerabilidad fijados por los organismos internacionales también están sujetos a variaciones, y lo que hoy puede considerarse aceptable, mañana podría dar lugar a problemas de salud imprevistos. Además, el efecto contaminante de las emisiones – aun confiando que allí no se queman restos industriales de madera- no se limita al aire, sino que afecta también al suelo y al agua, y se potencia de formas imprevisibles al mezclarse con otras contaminaciones actuales y anteriores en este hábitat.

El efecto contaminante de las emisiones no se limita al aire sino que afecta también al suelo y al agua, y se potencia al mezclarse con otras contaminaciones actuales.

En realidad, que se logre o no sentenciar jurídicamente que la incineradora afecta a la salud de la población vecina, Glefaran es de todos modos inaceptable. La generación de energía por combustión de biomasa es una actividad depredadora de recursos naturales, que resulta absurda en términos sistémicos. Es el último escalón del proceso de capitalismo industrial basado en la explotación de los bosques. El capital que está detrás de Glefaran, pertenece a una familia vasca que ha florecido en el siglo pasado gracias a la industria maderera. El negocio se ha basado y se basa en la tala masiva de bosques, y la plantación de pinos y eucaliptos, para distintos fines. Hace algunas décadas esos árboles se utilizaban para producir muebles y materiales de construcción, luego papel y pasta de celulosa. Ahora resulta más rentable quemarlos para producir energía eléctrica.

Es un eufemismo que la energía procedente de biomasa se defina como “renovable”, pues los árboles, incluso los eucaliptos y los pinos, tardan años y décadas en crecer. Se plantan y mantienen bosques artificiales para talarlos y quemarlos, y así producir una mercancía de consumo tan inmediato como la electricidad. En un lugar donde podría fácilmente importarse energía procedente de otras fuentes, es absurdo hacerlo con una actividad tan invasiva. Y aun menos sensata parece la lógica de Glefaran desde el punto de vista del cambio climático, pues la combustión de biomasa produce un doble daño respeto a otros combustibles: no solo emite anhídrido carbónico sino que a la vez elimina árboles que lo metabolizan y lo transforman en oxígeno.

El capital que está detrás de Glefaran, pertenece a una familia vasca que ha florecido en el siglo pasado gracias a la industria maderera.

Glefaran tampoco tiene mucho sentido desde una perspectiva económica. La comarca de Encartaciones, donde se ubica la fábrica, era una zona industrial hasta hace algunos años. Ahora es una de las regiones más deprimidas de Bizkaia, con altos índices de desempleo, e índices bajos en cuanto a salud y calidad del ambiente. Durante la campaña electoral, las palabras claves en lo relativo a esta zona eran “empleo” y “tecnología”. Glefaran se instaló con el proyecto de poner en marcha tres actividades relacionadas con la madera: la producción de celulosa, la producción de pellets y astillas, y la co-generación de electricidad. Han ocupado las herrumbrosas instalaciones de una antigua papelera y planta de celulosa, cerrada definitivamente hace años, y con pocas adaptaciones de las estructuras se han dedicado hasta ahora solo a la combustión para generar y vender energía. No es una actividad de mucho desarrollo tecnológico, ni que produzca un número significativo de empleos.

En otros conflictos ambientales existe una contradicción aparente entre la importancia de mantener las industrias para conservar los puestos de trabajo, y las prioridades relacionadas con la salud y el ambiente. Y en esa contradicción, muchas empresas contaminantes basan su poder de negociación y fortalecen su imagen pública. En este caso, sin embargo, este problema parece secundario. Glefaran genera treinta y cinco empleos directos y unos cien indirectos, según datos de la empresa, pero el conflicto laboral no es un elemento principal en el debate público. Tal vez porque aquí todavía hay memoria de los centenares de despidos que provocó el cierre de la papelera y, en comparación, los números actuales parecen insignificantes. Tal vez porque, en un principio, Glefaran había prometido más de trescientos empleos directos. En todo caso, la cuestión del aparente reparto entre daño ambiental y generación de empleo no está en juego. Aquí es aún más evidente que el beneficio de algunos se realiza directamente a costa de un daño general.

Glefaran significa Global Efficiency Aranguren, pero su negocio no es para nada “eficiente”, ni desde un punto de vista ambiental ni económico. Lo eficiente sería otra cosa. Por ejemplo dejar de quemar árboles, y promover usos de largo plazo de la madera. Invertir en energías realmente renovables. Dejar de plantar pinos y eucaliptos y reconstruir ecosistemas de bosques cuanto más naturales posibles. Invertir en la descontaminación, el desarrollo rural en pequeña escala y la puesta en valor del paisaje. Hay muchas posibilidades, pero implican una decisión de fondo: cuestionar la idea de eficiencia y negocio que encarna Glefaran, y optar decididamente por modelos más benéficos para las personas y el ambiente.