El conflicto catalán y la pulsión autoritaria

No es sencillo escribir sobre el conflicto catalán y sus consecuencias. La intensa aceleración de lo real en la que hemos vivido en los últimos tres meses, la previsibilidad de nuevos acontecimientos y la pléyade de análisis políticos y jurídicos (muy raramente político-jurídicos) sobre el caso dificultan decir algo que evite el riesgo de la cacofonía.

Tal vez por nuestro compromiso desde hace lustros con los derechos humanos y la moderación del control social, uno de los interrogantes que más nos ha interesado es el de cómo responderían el Gobierno español y su bloque hegemónico en términos de castigo.

Hoy ya tenemos buena parte de la respuesta. En un contexto en el que la política ha tenido un papel muy secundario, la respuesta estatal ha combinado momentos de intervención policial aguerrida con la imputación de gravísimos delitos a dos docenas de líderes catalanes –la mayor parte electos– y el procesamiento de cientos de personas por sedicentes conductas de odio.

En el momento de escribir estas líneas, diez líderes políticos y sociales catalanes están o han pasado por prisión, y cinco más han buscado refugio en Bruselas. Todo ello en el marco de la suspensión de los poderes autonómicos catalanes, vehiculada mediante una interpretación probablemente inconstitucional de una norma, el artículo 155, cuya legitimidad y sentido son hoy, cuarenta años de evolución federalizante del Estado después, altamente cuestionables.

La similitud de esta respuesta con lo sucedido en octubre de 1934 –componente militar aparte– evidencia que, al menos en el caso español, Norbert Elias y toda la narrativa moderna del progreso parecen tener escaso sentido. Frente a ello, la crisis del bloque histórico que ha gobernado el modelo político del 78 se acomoda más bien a la famosa frase de Gramsci sobre las consecuencias de las crisis políticas.

La deriva autoritaria es una pulsión especialmente latente en los estados de democratización tardía

Las consecuencias de todo ello son gravemente desoladoras para toda la colectividad, con independencia de que nos sintamos o no parte de los sedicentes bandos del conflicto nacional subyacente. La principal de ellas es que estamos viviendo una forma arquetípica de política patriarcal, a saber, la transformación de conflictos políticos –reconocidos como tales en otros estados de nuestra órbita– en asuntos de orden público y, más específicamente, en materia de criminalidad.

Límites del sistema

En ese punto emergen los límites de nuestro sistema político, como recuerdo permanente de su tardía democratización y de las largas etapas autoritarias que la precedieron. De hecho, lo sucedido aparece como una extraña pervivencia de lo que el pensamiento (post-)foucaultiano ha analizado como una tecnología de poder soberana, es decir, una racionalidad de gobierno que se sustenta esencialmente sobre la Ley, el establecimiento de prohibiciones y la imposición de castigos. Para atravesar las perplejidades que genera esta situación, sugerimos tres posibles claves de lectura.

La primera de ellas tiene que ver con las anomalías políticas. Es bien sabido que los importantes sismos políticos a los que ha estado sometida la UE en la última década han dado lugar, en particular en el pasado más reciente, a dos tendencias de distinto signo. La mayor parte de la UE ha experimentado un preocupante deslizamiento hacia la (extrema) derecha.

Por el contrario, los países del sur se han escorado –con matices- hacia posiciones más consonantes con la justicia social y la gestión equitativa de la crisis iniciada en 2008, perceptibles en los actuales gobiernos griego y portugués, pero no menos en el surgimiento de Podemos y en los ayuntamientos del cambio. No requiere gran esfuerzo fundamentar que el movimiento independentista catalán –sin perjuicio de su complejidad– ha encontrado una extraordinaria ventana de oportunidad en este contexto antiaustericidio.

Algo más difícil es entender que, en un marco político agónico, la respuesta del Estado se inscribe en el deslizamiento reaccionario que recorre Europa. España parece ser una excepción en la medida en que nunca ha contado con partidos de extrema derecha electoralmente relevantes. Sin embargo, esa conclusión es claramente apresurada, en la medida en que no logra captar la inadecuación de esas etiquetas partidarias en un caso como el español, donde el amenazante acting out autoritario se enfoca prioritariamente en la gestión securitaria de territorios (y poblaciones) internos.

Una democriacia "normal"

La segunda mirada se refiere al deslinde de los componentes del régimen político. Tienen razón los diversos autores que han señalado que España es hoy una democracia europea “normal”. Diversos indicadores, señaladamente los Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial  muestran que España está por debajo de los principales países de la UE y de Portugal en cuestiones como estabilidad política o gobernanza, pero claramente por encima de otros estados meridionales, como Grecia o Italia.

España presenta el peor o el segundo peor registro de la UE de efectividad de los derechos fundamentales ante el castigo estatal en casos de alta densidad política durante períodos democráticos

No obstante, si se acepta la lectura de lo real a través de números e indicadores, no puede perderse de vista que los principales índices internacionales (humanrightsdata.com; politicalterrorscale.org) revelan que España presenta el peor o el segundo peor registro de la UE de efectividad de los derechos fundamentales ante el castigo estatal en casos de alta densidad política durante períodos democráticos.

Vale la pena reiterar, durante periodos democráticos. Desde este prisma, la necesaria lucha anamnética por la memoria democrática solo tiene sentido en la medida en que sea genealogía y no arqueología, de modo que pueda dar respuesta a las preocupantes inercias que se han extendido después de 1975-1977. No en vano, ello permitiría entender la singular capacidad de innovación que se ha dado en lo que Luigi Ferrajoli denomina el “subsistema penal de excepción”, que hoy se plasma en la recuperación de delitos decimonónicos como rebelión y sedición, inéditos durante largas décadas y manifiestamente fuera de tiempo.

El carácter político de la persecución

La tercera clave de lectura, conectada con la anterior, tiene también que ver con la obsolescencia de las categorías con las que estructuramos nuestra comprensión. El debate sobre el carácter político de la persecución y encarcelamiento de los líderes independentistas, y sobre la posibilidad de que cinco miembros del derrocado gobierno catalán puedan poner en jaque el procedimiento simplificado de extradición que impulsó el gobierno Aznar hace casi veinte años, ha mostrado los límites de las nociones construidas en el siglo pasado.

No parece tener excesivo sentido –teórico, pero tampoco político– hablar en términos de encarcelamiento político, aunque solo sea porque tal concepto consolida su significado antes de que la denominada tercera ola de democratización iniciada en los años ’70 y ’80 (en la que se produce la transición española) cambiase por completo las premisas de cualquier taxonomía de los regímenes políticos. Precisamente por ello resultan tan inanes los argumentos sobre la inexistencia de persecución política en regímenes democráticos de separación de poderes. En una etapa en la que la democracia liberal es el sistema extendido a nivel planetario –con escasas excepciones–, las categorías previas no sirven para entender lo que tenemos delante.

En un contexto democrático en el que cerca de una veintena de los próximos diputados catalanes estarán en prisión o sometidos a procesamientos que amenazan penas materialmente perpetuas por una interpretación políticamente fundada de sus acciones estamos ante algo nuevo, y más preocupante de lo que las nociones aludidas nos permiten percibir. Ese fenómeno nuevo ayuda a entender que las etapas históricas se sedimentan, no se reemplazan, y que la deriva autoritaria es una pulsión especialmente latente en los estados de democratización tardía, más aún en aquellos que vivieron transiciones con fuertes componentes lampedusianos.

El último presidente catalán será encarcelado en cuanto pise territorio español. En la cárcel se encontrará con el próximo presidente catalán, que ya está en prisión sin juicio, también por actos puramente políticos que no son rebelión ni sedición. La pulsión autoritaria es nuestro futuro anterior, que –desafortunadamente- hemos acabado metabolizando como sociedad.