Colombia
Desplazados con nombre en Colombia

Colombia es el segundo país con más desplazados forzados después de Siria. La historia de la pequeña localidad de Charras, en el corazón de Colombia, es la historia de 50 años de conflicto armado, de desplazamientos forzados, asesinatos y anhelos de vivir en paz.

Campesinos de Charras, Colombia
Campesinos de Charras, Colombia Jaume Gil
Guaviare (Colombia)

publicado
2017-11-15 16:34

El 24 de noviembre de 2016, en el Teatro Colón, Bogotá, se firmaba el acuerdo de paz que ponía fin al conflicto armado más longevo del continente americano. Desde 1964 las FARC-EP y el Estado colombiano han mantenido un enfrentamiento militar que ha dejado millones de víctimas. Detrás de esta firma quedan millones de personas desplazadas, millares desaparecidas, millares muertas y una historia detrás de todas ellas.

Nos situamos en Charras, un caserío de unas 60 familias, una calle con casas de madera a los lados al más puro estilo western. Este pequeño poblado, aislado, donde apenas llega la luz, fue testimonio directo de la crudeza del conflicto colombiano. “Charras no existe”, titulaba en 2003 el diario colombiano El Tiempo. Este titular reflejaba gráficamente el desplazamiento forzado que sufrieron todos los habitantes del caserío entre 2002 y 2003. Poco más de 250 personas tuvieron que huir de los combates entre ejército, paramilitares y FARC-EP. La guerrilla colocó minas antipersona por todo el pueblo para que nadie pudiese ocuparlo.

En Colombia hay más de seis millones de desplazados internos, según las cifras de ACNUR. Colombia, un Estado que se define como una república democrática

En Colombia hay más de seis millones de desplazados internos, según las cifras de ACNUR. Colombia, un Estado que se define como una república democrática, es el segundo país del mundo con más desplazados. Siria es el único país que lo supera con más 7,6 millones personas desplazadas de sus hogares, país sumido en una guerra civil des del 2011.

El desplazamiento forzado ha sucedido en muchas regiones del país, pero no todas lo sufrieron con la misma intensidad. Tal cómo relata la antropóloga y politóloga de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Gloria Naranjo Giraldo, “dadas las diferencias regionales y las dinámicas bélicas de la guerra en Colombia, los desplazamientos no son simultáneos en las regiones y se presentan destiempos muy marcados”. Aunque sí que ve unos motivos comunes en cuanto al desplazamiento forzado: “Las presiones por la tierra, los intereses que van surgiendo en torno a los megaproyectos del Estado o la lucha por el control sobre zonas ricas en metales preciosos y productos energéticos o por territorios donde se cultivan plantas alucinógenas”.

“El Estado nunca se ha preocupado por nosotros, por eso no nos parecía mal que las FARC abrieran trocha (construir caminos)”, relata un habitante de Charras

Charras fue una vereda históricamente dominada por las FARC-EP. “El Estado nunca se ha preocupado por nosotros, por eso no nos parecía mal que las FARC abrieran trocha (construir caminos)”, relata un habitante de Charras. Este es uno de los muchos testimonios que manifiestan que el abandono del Estado provocó que las FARC-EP se convirtieran en un “Gobierno de facto” en la región. Como cuentan los mismos exguerrilleros ellos ofrecían “los servicios básicos del Estado, como agua, salud y seguridad”. Actualmente el caserío tiene a menos de cinco minutos un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación donde las FARC-EP están haciendo su paso a la vida civil.

Este arraigo de las FARC-EP en el territorio provocó la aparición de los grupos paramilitares. Estos grupos armados al margen de la ley han sido utilizados por las fuerzas del Estado para combatir por todos los medios a la guerrilla. Varias sentencias judiciales han demostrado los vínculos entre estas organizaciones armadas con militares, policía, políticos y empresarios. Tal como dice el periodista y experto en el conflicto colombiano Alfredo Molano, “el paramilitarismo es un arma recurrente de la extrema derecha”.

En 2007, la población del caserío de Charras comenzó a volver paulatinamente, ya que no encontraron en muchas ocasiones una vida mejor fuera de sus casas

En 2007, la población del caserío de Charras comenzó a volver paulatinamente, ya que no encontraron en muchas ocasiones una vida mejor fuera de sus casas. En una misión de 2013, Naciones Unidas manifestó que este retorno se produjo sin la asistencia del Gobierno, en un entorno donde había una alta presencia guerrillera y paramilitar. El informe recomendaba con énfasis tres intervenciones básicas: la construcción de un internado, la reparación del tanque de agua de la vereda y dotar la comunidad de un centro de salud.

Pocas de las recomendaciones de las Naciones Unidas se han cumplido. Actualmente la comunidad usa casi siempre los servicios médicos de la zona donde están los exguerrilleros de las FARC-EP. El internado se ha construido, aunque no fue lo esperado. “El Gobierno no nos construyó casi nada, tuvimos que suprimir una clase y colocar ahí las literas”, se queja Marcela Salazar, una de las maestras de la escuela. “Tampoco tenemos duchas ni donde lavar la ropa. Lo poco que tenemos es gracias a que los alumnos lo han construido”, añade.

“Por aquí ha venido mucha gente, miran y miran, pero todo sigue igual”, me cuenta un alumno de unos 15 años de la escuela

La falta de inversión estatal ha provocado que “algunos alumnos dejen de venir”, agravando aún más la situación de analfabetismo de la región. Desde la escuela invitan a todo el mundo a ir ver su realidad, en especial a los políticos, y demandan que cumplan sus promesas. “Por aquí ha venido mucha gente, miran y miran, pero todo sigue igual”, me cuenta un alumno de unos 15 años de la escuela. Un alumno que ha vivido con intensidad el conflicto: con 13 años tuvo que ayudar a cargar los muertos de una matanza en su pueblo y ver cómo los perros se comían cuerpos muertos de paramilitares que nadie quería enterrar. Además de tener que huir de clase cuando había conflictos entre las FARC-EP y los paramilitares.

Hoy día para llegar a Charras desde la capital de la región, San José del Guaviare, situada a 106 km, se tarda más de cuatro horas a través de una carretera terciaria, buena parte construida por las FARC, según aseguran los excombatientes y los habitantes. Una vez superados los miles de baches, llegas a un pueblo que no parece haber huido en masa 15 años atrás. Hay varios bares donde se respira un ambiente agradable, gente jugando al billar, tomando cerveza, riendo, mirando el televisor, hasta hay un músico que ameniza la tarde. Gente afable y risueña te recibe, y te invita a una cerveza.

“Ahí, en esa antena de televisión, los paramilitares mataron a uno de mis hijos”, dice Don Claudio, tumbado a diez metros de la antena

“Ahí, en esa antena de televisión, los paramilitares mataron a uno de mis hijos”, dice Don Claudio, tumbado a diez metros de la antena. Un hombre de 72 años, aunque parece que tenga 90. Un hombre que es víctima viva del conflicto colombiano. En 1957 fue desplazado del Tolima. En 1983, de Magdalena Medio. En 1997, la "fuerza pública, camuflada de paramilitares" lo echaron otra vez de su casa. Este mismo grupo perpetro varias masacres en la región, según relata. El último desplazamiento lo sufrió en 2002 y se dirigió a Bogotá. En la capital no encontró fortuna y tuvo que volver a Charras: “Cada desplazamiento nos obligó a empezar de nuevo, cada vez que teníamos dos vacas nos teníamos que ir y dejarlo todo atrás”. Aunque, tal como dice Jorge Caballero, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Charras, “un bien material se puede recuperar, pero un ser querido no se va a poder recuperar nunca”.

desaparecidos

El Centro Nacional de Memoria Histórica en 2016 publicó un informe donde decía que entre 1970 y 2015 se habían producido más de 60.000 desaparecidos forzados, tres personas por día. Esto sitúa a Colombia por encima de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay. Los asesinatos documentados en Colombia se elevan hasta la cifra de 220.000 personas desde 1955, según un informe del mismo Centro en 2013. Molano explica así la tragedia: “En Colombia casi todo campesino puede decir que algún familiar fue asesinado por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas”.

Las víctimas del conflicto han sido un punto importante de los Acuerdos de Paz entre FARC-EP y Gobierno. Además de ayudas económicas, los acuerdos recogen una serie de leyes y la creación de instituciones que permitan esclarecer lo sucedido en estos más de 50 años de conflicto. La idea es condenar a todos los responsables de crímenes contra la humanidad, y a la vez obtener toda la información posible sobre estos crímenes para reparar a las víctimas.

“Hay dudas sobre la voluntad real del Gobierno para que se esclarezca la verdad ya que hay muchos políticos, militares y empresarios involucrados”

Las organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos no están contentos con el proyecto de reparación de víctimas. “Hay dudas sobre la voluntad real del Gobierno para que se esclarezca la verdad ya que hay muchos políticos, militares y empresarios involucrados”, cuestiona un defensor de los derechos humanos en Colombia.

Desde 2011 hay una ley para satisfacer a las víctimas, y no se está cumpliendo, según varias voces del movimiento social. En los presupuestos del Estado colombiano de 2017, por cada peso invertido en víctimas se invierten 30 en la fuerza pública. Por ahora, el hecho más palpable para los civiles es que “ya no se escuchan ni se sienten los bombardeos”. 

Sobre el artículo
Artículo escrito durante la experiencia con las Brigadas de Solidaridad de la Associació Catalana per la Pau. Más información sobre derechos humanos en Colombia y el movimiento social campesino en International Action for Peace.

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