Memoria histórica
Urtasun inicia los trámites para disolver la Fundación Francisco Franco por apología de la dictadura

El Ministerio de Cultura ha acordado iniciar un periodo de actuaciones previas con la finalidad de obtener la información y elementos de juicio que puedan motivar el inicio del procedimiento para instar judicialmente la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco. El acuerdo ha sido firmado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha justificado esta actuación en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y en el marco de las funciones del Protectorado de Fundaciones de competencia estatal.

En concreto, la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, establece en su disposición adicional quinta que “al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.f) de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, concurrirá causa de extinción cuando las fundaciones no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo”.

A lo que añade que, “a estos efectos, se considera contraria al interés general la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales”. En estos casos, según señala la norma, corresponde al Protectorado de Fundaciones instar judicialmente la extinción de la fundación por concurrencia de esta causa.

Urtasun ha anunciado que su ministerio va a solicitar un informe a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática sobre el posible incumplimiento de la ley de Memoria Democrática por la Fundación Francisco Franco. Se abrirá un periodo de recopilación de información en el que participarán las asociaciones memorialistas. 

Después tendrá lugar la apertura del procedimiento, que comenzaría con la comunicación del expediente a la mencionada fundación y la apertura del correspondiente periodo de alegaciones. Por último, se solicitaría un informe a la Abogacía General del Estado, a partir del cual el Ministerio de Cultura elaboraría una resolución para instar judicialmente la extinción. Finalmente, la resolución del procedimiento será decisión de los jueces.