CIE de Aluche
Piden a Marlaska el cese inmediato del director del CIE de Aluche

El anterior juez responsable del centro de internamiento de extranjeros ya ordenó en 2018 abrir una investigación sobre Antonio Montes Rodríguez por negarse a aplicar las medidas ordenadas por su juzgado en cuanto a los derechos humanos en el centro.

Patio CIE Aluche
Patio del CIE

publicado
2019-05-31 11:30

Colectivos sociales vinculados a la defensa de los derechos humanos, los derechos de las personas migrantes y el antirracismo enviaron este jueves una carta al ministro de Interior, Fernando Marlaska, solicitando “el inmediato cese del actual responsable policial del CIE de Aluche” hasta tanto se clarifiquen los hechos apuntados en el auto del Juzgado Penal número 19, que investiga un “posible “delito de tortura” en la actuación policial del 18 de abril.

El auto dictado por la titular del Juzgado Penal número 19, en funciones de control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, Inmaculada Iglesias Sánchez, ha originado una rápida respuesta de parte del tejido social, que desde hace años lleva denunciando la situación de vulneración de derechos que se vive tras los muros de este centro de internamiento de extranjeros. “Ha de señalarse que, lejos de tratarse de un hecho aislado, el director del CIE de Aluche ha sido apercibido en reiteradas ocasiones por negarse sistemáticamente a cumplir las resoluciones de los juzgados de control, habiéndose deducido testimonio contra él por posible delito de desobediencia”, afirma el escueto escrito de dos párrafos que lleva la firma del párroco Javier Baeza Atienza en representación de una veintena de colectivos.

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El actual director del CIE de Aluche, Antonio Montes Rodríguez, ocupa puestos de responsabilidad en el centro desde hace al menos una década. En un inicio se desempeñó como jefe de Seguridad para luego pasar a ocupar el cargo de director.

Un ascenso al menos “curioso”, atendiendo a que durante su gestión como mando de Seguridad del CIE, no solo se han reiterado las denuncias por violación de derechos fundamentales contra las personas internas, sino que incluso se produjo el fallecimiento de la congoleña Samba Martine, ocurrido tras 38 días de encierro en que no recibió la asistencia médica adecuada pese a solicitar ver a los facultativos en, al menos, once ocasiones.

Como señala el libro Mujeres en el CIE. Género, inmigración e internamiento, de la jurista Margarita Martínez Escamilla, en su apartado sobre el caso Samba Martine, “en derecho penal no solo mata quien dispara, quien clava el cuchillo o quien imprudentemente atropella a otro, sino también quien tiene la obligación de proteger un bien jurídico, quien, encontrándose en lo que se denomina ‘posición de garante’, no lleva a cabo la conducta debida para salvaguardar el bien jurídico a su cargo, en este caso la vida”.

El nombre de “Antonio” se repite en muchos testimonios que las organizaciones han recogido a lo largo de la última década, tal como se refleja en diferentes libros e informes publicados. Al punto que quien fuera titular del Juzgado de Instrucción número 6, en funciones de control CIE, Ramiro García de Dios, reveló en una entrevista a eldiario.es que lo llamaban “el sádico”.

“Ahora llaman ‘el sádico’ al jefe de Seguridad. Se refieren al servicio médico como ‘los doctores ibuprofeno’... Si eso se repite en diferentes momentos, es que algo pasa”, afirmó el magistrado ahora retirado y que oportunamente fue uno de los responsables en Madrid de dictar diferentes autos que posibilitaron mejoras concretas en la situación de las personas migrantes allí encerradas.

En enero de 2018, pocos días antes de jubilarse de la actividad judicial, fue García de Dios quien ordenó una investigación contra Antonio Montes Rodríguez en su condición de director del CIE de Aluche, por un presunto delito de desobediencia por “incumplir sistemáticamente” los autos mencionados.

En aquel escrito el magistrado instaba al director del CIE “a cumplir literal e íntegramente” las medidas dictadas en diferentes autos dictados por los juzgados de control entre octubre de 2016 y julio de 2017. Su decisión se produjo al comprobar que no se había implementado un “registro de peticiones de asilo”. Para García de Dios, la denuncia interpuesta por cinco mujeres migrantes internas en el CIE de Aluche ponía de manifiesto que “el director del CIE está incumpliendo intencionadamente los autos dictados”.

Ahora son los colectivos sociales los que alzan la voz y piden al Ministerio de Interior que proceda al cese de sus funciones del director del CIE, mientras continúan bregando, como último fin, por el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros del Estado español.

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