CIE de Aluche
“Rompen” una de las paredes del CIE de Aluche para denunciar el racismo institucional

Un grupo de activistas ha colocado varias pancartas en una de las paredes exteriores del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, para denunciar “la privación de libertad de las personas provenientes de las excolonias europeas, los malos tratos y las torturas que padecen y que han sido ampliamente documentadas por diferentes organizaciones”, explican.

En una de las pancartas se lee “Ni nuevas ni reformadas, cárceles racistas cerradas”, en alusión a la reforma iniciada en este CIE y por la que lleva cerrado desde el pasado 13 de enero. El grupo de activistas exige que el cierre no sea temporal, para acometer las obras de rehabilitación, sino que sea una clausura definitiva como se viene reclamando desde los movimientos antirracistas.

El de Aluche es uno de los siete CIE que hay actualmente en el Estado español y que se suma a los de Barcelona (Zona Franca), Murcia (Sangonera), València (Zapadores), Algeciras (La Piñera), Tenerife (Hoya Fría) y Las Palmas de Gran Canaria (Barranco Seco).

La falta de transparencia, el hacinamiento, las malas condiciones de salubridad, la ausencia regular de un médico, la separación de menores de sus padres, la forma inhumana de las visitas (vigilancia extrema y sin contacto físico) y también la falta de protocolo en las sanciones que conlleva a la arbitrariedad e indefensión son algunas de las vulneraciones denunciadas, no solo por organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes, también por el propio Defensor del Pueblo, quien se ha pronunciado en esta línea hace más de una década, sin que se hayan producido cambios.

Desde el grupo promotor de la acción señalan a los CIE como parte de “un engranaje del racismo institucionalizado que sirve para retener y expulsar a aquellas personas migrantes que carecen de situación administrativa regular. Allí acaban no solamente personas recién llegadas al país, también quienes llevan años tratando de regularizar su situación y que son víctima de redadas policiales por perfilamiento racial, siendo arrancados de proyectos de vida en construcción e incluso separados de familiares y amigos para ser colocados en vuelos colectivos de deportación”.

Para finalizar, señalan que el debate no debe estar orientado hacia el tipo de CIE que ha de existir, sino cuestionar su propia existencia: “La única alternativa respetuosa con la dignidad y los Derechos Humanos es su cierre”, concluyen.