Centros de menores
La Purísima, el fetiche de Ventura contra los niños de Melilla

Me acerco de nuevo al centro de menores La Purísima, en la Ciudad de Melilla. Llegar a la puerta del centro es enfrentarse de golpe a todo lo que se esconde bajo la alfombra del sistema de acogida de niños y jóvenes. Y en general a todo lo que se esconde en la alfombra de nuestro país, en Ceuta y Melilla. Allí, desgraciadamente, pasa todo lo que no queremos ver en la península.

No es fácil llegar al centro. Aunque una vez que vas la primera vez es imposible olvidarse del camino. Situado al final de la pista, después de atravesar un túnel y siguiendo el peregrinaje constante de niños y jóvenes que caminan por el descampado, ese camino que es el lugar preferido para aquellos que tratan de tener relaciones sexuales con los niños a cambio de dinero.

Llegar a la puerta no es un alivio, como tampoco lo es para muchos de los niños y adolescentes que llegan hasta aquí. Allí les reciben con la amabilidad que caracteriza a este tipo de instituciones —"esto no es un hotel"— y, tras pasar el primer arco, se vislumbra el escudo pre constitucional preservado como patrimonio en un gesto hacia la única memoria que existe en este país.

Estremece ver a los niños realizando bailes o actividades impostadas. Pintando murales o 'ayudando' en algunas obras del centro. Fingiendo normalidad. Para muchos niños, sin embargo no se trata ni de lejos de un hogar. Se trata de un espacio torturante en el que se les maltrata física y verbalmente, en el que son vejados y humillados diariamente, tratados cruelmente y expulsados. En el que no son, ni de lejos, tratados como personas autónomas con deseos y voluntad. Son institucionalizados. Perseguidos y criminalizados cuándo deciden huir de ese entorno y tratar de conseguir su objetivo: llegar a la masa de tierra continental.

Nos sorprendían recientemente los anuncios del consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura, de construir un nuevo módulo que de alguna manera combinara régimen abierto y régimen cerrado para los niños que suelen huir del centro. Diferenciando entre los niños buenos y los niños malos, como los responsables del centro los nombran con normalidad. Sin embargo ese anuncio en poco parece concretarse. Si el consejero de Bienestar Social aseguraba que el centro o módulo se construiría en el interior de La Purísima, tanto director como subdirector hablaban de un módulo anejo totalmente independiente o incluso de un nuevo uso para otro cuartel de la ciudad. Lo que seguro sabemos es que este tipo de soluciones lejos de atacar la raíz del problema entran a formar parte de la propia espiral de la problemática de los niños y jóvenes.

La respuesta que da la Ciudad Autónoma a la huida de los centros de los niños, lejos de profundizar en las causas de la huida, es recluirlos en ese mismo entorno del que huyen

La respuesta que da la Ciudad Autónoma a la huida de los centros de los niños, lejos de profundizar en las causas de la huida, es recluirlos en ese mismo entorno del que huyen. Se trata de niños y jóvenes que, no nos cansaremos de recordar, son niños. Que no han cometido infracción alguna y que sin embargo serán privados de libertad.

Estamos hablando de niños y jóvenes, no lo olvidemos, a los que se propone encerrar por mostrarse rebeldes o disconformes con la institución que los maltrata. Hay un patrón con respecto a los malos tratos en Centros de internamiento por ejemplo. En ellos las denuncias de malos tratos con las que contamos recaen siempre sobre las personas que deciden no someterse ante las condiciones del internamiento; golpes, insultos, vejaciones, amenazas, etc.

Pero no es el único patrón que podemos asimilar. Los malos tratos también se disparan en situaciones de encierro o privación de libertad, habiendo además una estrecha vinculación entre las situaciones de malos tratos o torturas con aquellas personas encerradas en régimen de aislamiento (y sabemos que en la práctica ya se dan aislamientos de niños y jóvenes en centros de menores a modo de castigo).

Deducimos entonces que las mayores vulneraciones de derechos se dan en situaciones de privación de libertad. Y esto es un hecho: a mayor régimen de privación o aislamiento, mayor impunidad y por tanto mayores vulneraciones de derechos. Qué supondrá entonces un régimen de encierro como el que propone el señor Ventura. Difícilmente lo sabremos.

Por si fuera poco, esta última semana el anuncio iba en otra línea. La creación de un Centro Europeo de Investigación y Acción con Menores Migrantes (CEIAMM) en colaboración con el Consorcio Rector del Centro Universitario UNED Melilla que dependerá de la Consejería de Bienestar. Así lo anunciaba el propio Ventura en el III Seminario Internacional sobre MENA (menores extranjeros no acompañados) que se celebraba en la Ciudad Autónoma. El objetivo del centro será, en palabras del propio consejero, “aunar todo el conjunto de producción de conocimiento científico y el estudio de menores migrantes”. De esta manera, la presidencia de la Ciudad Autónoma, el consejero de Bienestar y otros actores que desprecian a la infancia y juventud migrante podrán tener datos hechos a su medida que avalen cualquier declaración o medida que decidan tomar.

De esta manera se va armando y consolidando un sistema represor, en el que los niños se van viendo como algo a combatir y en el que se va permitiendo y justificando las vulneraciones de derechos y el trato inhumano. Dónde la permisividad ante los comentarios y conductas por parte del Consejero de Bienestar o cualquier otra institución va aumentando, y por tanto aumenta la impunidad con la que pueden hacerlo. La conocida como “solución final” no ocurrió de un día para otro, de la misma manera que, sin irse tan lejos, la “gran redada” no llegó de forma aislada sin políticas previas contra el pueblo gitano.

La solución no es encerrarlos, ni devolverlos a Marruecos con nocturnidad y alevosía, ni detenerlos para llevarlos de vuelta al lugar en el que los maltratan —conocido como centro de menores—. La solución es tener un consejero de Bienestar, un Gobierno de las ciudades autónomas y comunidades competentes y un Gobierno estatal que quiera mínimamente a la infancia y no desprecie sus vidas de esta manera. Y que trabaje por unas políticas públicas de respeto a la infancia migrante respetuosas con sus derechos y sus vidas.