Vuelve Aznar: el PP, partidario de ilegalizar partidos independentistas

Tiempo de crisis, tiempo de oportunistas políticos. La situación de colapso en las relaciones entre Catalunya y España ha dado lugar al empoderamiento de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y uno de los portavoces del partido.

Ayer, Casado amenazó veladamente a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, con un final como el de Lluís Companys, en un ejercicio retórico que dejó "congelados" a los periodistas del Congreso, según palabras del periodista Enric Juliana.

Pero las ocurrencias de Casado no terminaron ahí. El portavoz popular se mostró partidario "a título personal", según Europa Press, de incluir en una reforma de la Ley de Partidos la ilegalización de las fuerzas políticas que promuevan la independencia. En la misma comparecencia, Casado destacó como positiva la ilegalización de Batasuna en 2002.

Ley de partidos, ley anti-Batasuna

La Ley de 2002 fue controvertida desde sus inicios. El bloque que la aprobó formado por PP, PSOE, Coalición Canaria, el Partido Andalucista y –curiosamente, ya que en estos tiempos podría volverse contra el PdeCat– Convèrgencia i Unió, justificó la derogación de la ley anterior del 78 para impedir la concurrencia a elecciones de partidos que apoyaran "políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".

En contra estaban los partidos soberanistas de Catalunya y Euskadi, Iniciativa Per Catalunya y la Chunta Aragonesista. También organizaciones como Amnistía Internacional o un relator de Derechos Humanos de la ONU pusieron en duda la ley por su posible interpretación restrictiva de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en democracia.

Los juristas y hoy concejales del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Assens y Gerardo Pisarello escribieron posteriormente que la ley había ejercido como "una peligrosa arma contra el pluralismo político".

La Ley de Partidos del final de la época de Aznar  –de la Aznaridad como la calificó el escritor barcelonés Manuel Vázquez Montalbán– tuvo largo recorrido durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. 

El ámbito de influencia de ese texto impidió a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 y 2009 y se trató de exportar a partidos no vascos como Iniciativa Internacionalista para evitar que se presentase a las elecciones europeas de 2009, una medida que se paró en el Tribunal Constitucional.

Todavía en vigor, la Ley de Partidos (Ley Orgánica 6/2002) establece los motivos para la ilegalización de una formación. Motivos en los que no queda explícito, por supuesto, las ideas políticas de corte independentista. Algo a lo que, "a título personal", ha abierto la puerta Pablo Casado. 

Pero Casado no está solo. En agosto, el periódico monárquico ABC alertaba de un "riesgo inminente de 'batasunización'" en Catalunya y explicaba que "la ley de Partidos Políticos permite ilegalizar un partido una vez que se demuestra que practica conductas antidemocráticas y anticonstitucionales, sin necesidad de tener que imputarle un delito concreto". En 2015, el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo líder está hoy a la espera de juicio, inició acciones legales para ilegalizar a las Candidaturas d'Unitat Popular (CUP), una iniciativa que no prosperó.