Catalunya
Vuelve Aznar: el PP, partidario de ilegalizar partidos independentistas
El portavoz popular Casado explicó que le parecería bien "a título personal" que la Ley de Partidos de Aznar incluya a aquellas formaciones que defiendan la independencia.
Tiempo de crisis, tiempo de oportunistas políticos. La situación de colapso en las relaciones entre Catalunya y España ha dado lugar al empoderamiento de Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP y uno de los portavoces del partido.
Ayer, Casado amenazó veladamente a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, con un final como el de Lluís Companys, en un ejercicio retórico que dejó "congelados" a los periodistas del Congreso, según palabras del periodista Enric Juliana.
Pero las ocurrencias de Casado no terminaron ahí. El portavoz popular se mostró partidario "a título personal", según Europa Press, de incluir en una reforma de la Ley de Partidos la ilegalización de las fuerzas políticas que promuevan la independencia. En la misma comparecencia, Casado destacó como positiva la ilegalización de Batasuna en 2002.
Ley de partidos, ley anti-Batasuna
La Ley de 2002 fue controvertida desde sus inicios. El bloque que la aprobó formado por PP, PSOE, Coalición Canaria, el Partido Andalucista y –curiosamente, ya que en estos tiempos podría volverse contra el PdeCat– Convèrgencia i Unió, justificó la derogación de la ley anterior del 78 para impedir la concurrencia a elecciones de partidos que apoyaran "políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".
En contra estaban los partidos soberanistas de Catalunya y Euskadi, Iniciativa Per Catalunya y la Chunta Aragonesista. También organizaciones como Amnistía Internacional o un relator de Derechos Humanos de la ONU pusieron en duda la ley por su posible interpretación restrictiva de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en democracia.
Los juristas y hoy concejales del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Assens y Gerardo Pisarello escribieron posteriormente que la ley había ejercido como "una peligrosa arma contra el pluralismo político".
La Ley de Partidos del final de la época de Aznar –de la Aznaridad como la calificó el escritor barcelonés Manuel Vázquez Montalbán– tuvo largo recorrido durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
El ámbito de influencia de ese texto impidió a la izquierda abertzale presentarse a las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 y 2009 y se trató de exportar a partidos no vascos como Iniciativa Internacionalista para evitar que se presentase a las elecciones europeas de 2009, una medida que se paró en el Tribunal Constitucional.
Todavía en vigor, la Ley de Partidos (Ley Orgánica 6/2002) establece los motivos para la ilegalización de una formación. Motivos en los que no queda explícito, por supuesto, las ideas políticas de corte independentista. Algo a lo que, "a título personal", ha abierto la puerta Pablo Casado.
Pero Casado no está solo. En agosto, el periódico monárquico ABC alertaba de un "riesgo inminente de 'batasunización'" en Catalunya y explicaba que "la ley de Partidos Políticos permite ilegalizar un partido una vez que se demuestra que practica conductas antidemocráticas y anticonstitucionales, sin necesidad de tener que imputarle un delito concreto". En 2015, el pseudosindicato Manos Limpias, cuyo líder está hoy a la espera de juicio, inició acciones legales para ilegalizar a las Candidaturas d'Unitat Popular (CUP), una iniciativa que no prosperó.
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La ley de partidos tambien sirvió para ilegalizar un partido de ámbito estatal, el PCE-r acusado de ser el brazo político de los GRAPO. En cambio nunca nadie ha ilegalizado partidos violentos de ultraderecha, a pesar de que grupúsculos como Democracia Nacional tenga a casi todos sus dirigentes en la cárcel por terrorismo o violencia callejera
Dios me libre de defender a un partido de ultra-derecha, por los que no siento simpatía alguna, pero he decir que tú mismo te respondes.
La mayoría de sus dirigentes y militantes son detenidos y cumplen las penas apropiadas a sus delitos. La ultra-derecha en España por suerte es casi testimonial. Sí, cometen barbaridades como el otro día ocurrió en Valencia, pero es difícil que en una ciudad de varios millones de habitantes no haya algún radical delincuente. Pero a parte de que eso la extrema derecha en España prácticamente no existe y no tiene representacion en las instituciones, en suma no resultan los suficientemente relevantes para resultar un peligro que no se pueda contrarrestar con la aplicación de las leyes comunes. Mientras que la ilegalización de un partido por ser algo tan grave es una medida que se utiliza con mucha cautela para los casos más extremos y relevantes, con poder social suficientemente como para crear un clima de violencia reiterada y constante en las calles.
No es que se proteja a la ultra-derecha ya la ultra-izquierda de la persiga más.
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