Madrid
Los bomberos forestales esperan una solución tras 17 años de espera por un nuevo convenio

Desde 2008 con un convenio sin modificar, cuatro años con la actual empresa contratista, la corporación Pública Tragsa, y meses de manifestaciones, petición de reuniones y hasta una huelga. Así se resume la lucha de los bomberos forestales en la Comunidad de Madrid. “Tragsa nos hace ver como que hay una resolución del conflicto a largo plazo pero con todo el retraso que llevamos no podemos esperar a eso, es que no se puede sostener la vida con un salario de 1250 euros”, denuncia a El Salto Jesús Molina Pino, bombero forestal y presidente del comité de empresa. 

Con un discurso ya pulido porque son muchas las veces que han reivindicado la situación que viven desde hace años, Jesús enumera las necesidades de cambios que tiene la plantilla representada por CGT, UGT y el sindicato independiente Firet. Celebra que hay unidad sindical para todas las acciones reivindicativas con ironía: “Nos han cabreado por igual a todos”. El largo, medio y corto plazo está en su mente e indica que necesitan “cambiar el convenio, que lleva su tiempo, pero como protección frente a agentes cancerígenos o la conciliación debe ser a corto plazo”. 

“Parece que hay movimiento por parte de la Administración y de la empresa pero seguimos sin tener nada concreto ni tangible”, comenta Jesús Molina Pino

Algo que han intentado con múltiples manifestaciones, peticiones de reunión con el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, hasta encierros en la Dirección General de Emergencias o la huelga del pasado mes de abril. Paros que secundaron el 90% de la plantilla y que concentraron a 300 bomberos en la puerta de la consejería de Novillo. “Parece que hay movimiento por parte de la Administración y de la empresa pero seguimos sin tener nada concreto ni tangible”, comenta Molina Pino, que aunque no tienen fechas aún para nuevos actos, no lo descartan de cara al inicio de la temporada alta de incendios forestales. 

Siguen sumando razones para ir a los paros. “Un 40% de la plantilla solo trabaja cuatro meses en verano, con lo que supone eso para la inestabilidad. También denunciamos la mala gestión de recursos de la Comunidad de Madrid, ya que te estás gastando en EPIs (equipos de protección individual) y en formación de personas que acaban yéndose a otras comunidades o a otros sectores. Se pierde capital humano y económico, que es dinero público”.  

Denuncian que la Comunidad de Madrid no quiere dialogar

Respecto a los seis meses que llevan pidiendo a Novillo que se reúna con ellos, desde el comité de empresa consideran que es una muestra de que “no quieren abrir una vía de diálogo”. Explican que se sienten en medio de un juego entre la empresa y la Comunidad de Madrid, que se escuda en la subcontrata para no hacer frente a sus responsabilidades. “Tú tienes personal que trabaja para ti, tienes la responsabilidad de las condiciones laborales de esas personas subrogadas, como de cualquier servicio externalizado”, reivindica el portavoz. 

Sobre la mesa tienen problemas tan preocupantes como el riesgo para su salud. “En los incendios forestales hay partículas altamente cancerígenas a las que estamos expuestos”, menciona Molina Pino que señala que a ellos no les ha llegado ningún protocolo de prevención en este sentido. También explica que no hay medidas específicas para su protección y las que hay, no se cumplen. Pone de ejemplo el circuito de limpio-sucio que debería haber en casa base para limpiar el uniforme y el material y que las partículas tóxicas no entren, pero, asegura, no existe en el 95% de las bases de la comunidad.  “Cada vez que vamos a una intervención, estamos comportando papeletas para tener un cáncer mañana”, denuncia. 

Aunque les han confirmado que la Ley de Bomberos Forestales será aplicada en enero de 2026, no entienden el retraso ya que los demás bomberos no forestales ya tienen reconocidos derechos como la categoría

La falta de aplicación a este cuerpo de bomberos de la Ley de Bomberos Forestales estatal también está entre sus reivindicaciones. Señalan lo importante a raíz de esta normativa que se reconozcan “la peligrosidad, toxicidad y penosidad” de su profesión, algo que no ha pasado aún pese a que la norma entró en vigor el pasado año. Aunque les han confirmado que será aplicada en enero de 2026 por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, no entienden el retraso ya que los demás bomberos no forestales que dependen de la Comunidad de Madrid ya tienen reconocidos derechos como la categoría. “Ellos participan en labores de incendios también, trabajamos codo a codo con ellos, pero a los bomberos específicos no les han reconocido aún lo que marca su propia ley”, denuncian. 

Ante esta situación y el arranque de la temporada de incendios, los trabajadores eran tan su valía. Consideran que debe conocerse que su labor no se sitúa solo en los fuegos forestales del verano, si no que hacen una labor preventiva durante todo el año y que participan en emergencias como fue la tormenta Filomena o las inundaciones por la dana o hace dos años en la parte sur de Madrid. Todo ello desde las cuatro bases con helicóptero (situadas en Bustarviejo, Morata de Tajuña, Valdemorillo y Navas del Rey y con 80 bomberos en ellas aproximadamente), las 25 unidades terrestres con bombas y vehículos 4x4 además de los equipos de maquinaria pesada. 

Un trabajo que hacen sabiendo que España sigue siendo uno de los países europeos que menos gastan en prevención de incendios forestales. Según los datos de 2022, las administraciones españolas gastan un 0’4% del gasto público, una décima por debajo de la media de los 21 estados miembros. “Nos dan migajas y las recogemos, pero nos jugamos el físico y la vocación no es suficiente para mantener esto”, se muestra resignado Jesús Molina Pino.