Opinión
El caso Carapolla: pegatinas, municipales y hashtags
Esta es la historia de un vecino de Vicálvaro. Uno más de los que en las fiestas de su barrio se pusieron una pegatina en la que se podía leer: Almeida Carapolla. Pero también es la historia de un exceso policial, el que cometieron agentes identificando a este vecino y amenazándole con una sanción.
Esta es la historia de un vecino de Vicálvaro de 32 años que el viernes bajó a las fiestas populares del distrito. Cerca del recinto ferial se cruzó con un grupo de gente que repartía pegatinas en las que se leía “Almeida Carapolla, seremos tu peor pesadilla”.
Ni tres semanas lleva el alcalde en el sillón y ya ha hecho los méritos suficientes para que la gente de Madrid encuentre un puñado de formas de opinar sobre su política tirando de un humor mejor hilado y a través de una chufla más elegante. Sí. Pero la historia viene de más lejos y el “carapolla” de la pegatina se entiende solamente después del ridículo que el señor alcalde hizo en el mismo distrito en tiempos de campaña electoral, cuando se presentó rodeado de prensa con la intención de borrar —aunque acabase puliendo— una pintada que expresa las siglas A.C.A.B. ¿La reacción a esta visita? Otra pintada por la que el actual alcalde ya ni pasó y que reza eso que estos días ha terminado haciéndose viral: #AlmeidaCarapolla.
“Las pegatinas me hicieron muchísima gracia y me la puse en la camiseta. Sin más”, cuenta BKV (las siglas corresponden a su usuario en una red social, donde ha colgado un post para denunciar los hechos que ya casi ha dado la vuelta al mundo). “Me hizo gracia además ver a mucha gente con ellas puestas”. B no tuvo ningún problema en acceder al recinto en un primer momento, pero fue al pasar por segunda vez por el control de acceso cuando un funcionario de la policía municipal le pidió el DNI y le preguntó qué hacía con esa pegatina. La policía le interpeló: “¿Sabes quién es?”. Su primera respuesta fue “no”, pero corrigió al instante: “mira, no te voy a mentir, sí sé quién es”. Es entonces cuando “empieza a sacar fotos de mi DNI junto a la pegatina, con su móvil personal”. Después le informaron de que iba a ser denunciado por insultar a una autoridad competente y que le caería una sanción administrativa.
“El policía me dice que si tengo algún problema lo recurra y que a ver si nos enteramos ya”. B. se queda allí, no se cree que vayan a multarle por llevar una pegatina.
Esta es también la historia de un exceso policial. “El policía me dice que si tengo algún problema lo recurra y que a ver si nos enteramos ya”. B. se queda allí, no se cree que vayan a multarle por llevar una pegatina. El policía le devuelve el DNI y le dice que buenas noches. Tres días después, este lunes, acude a comisaría por entender que la actuación de los agentes el sábado podría ser contraria a la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Todo bien hasta que explica a otro agente qué le ha llevado hasta allí: “En ese momento el tono cambia, se echa las manos a la cabeza y me dice que deje ese tema”. Le cuentan que la actuación de los policías en todo momento fue legal, que las fotografías se sacan con el teléfono personal porque no tienen teléfonos corporativos “al igual que no tenemos bolígrafos corporativos”. Que lo hacen para agilizar los procesos. También pregunta por la denuncia. La conversación, según B., transcurre más o menos así: “¿Mi compañero te dijo que te iba a denunciar? Pues entonces te llegará la sanción, o no. Te toca esperar, pero a ver si dejamos ya este tema”.
Expresa BKV que salió de comisaría “con poco resuelto, con la sensación de que unos se cubren a otros y con la sensación de que me habían tomado por tonto por el símil entre tener una foto en un móvil personal para hacer su trabajo y usar un bolígrafo personal para hacer su trabajo”. De momento no hay más noticias sobre la sanción. Toca esperar para saber si a él como a otros a quienes identificaron el pasado fin de semana en Vicálvaro por la misma pegatina les llegará finalmente la multa. O no.
Del insulto a una “autoridad competente” al efecto Streisand
El insulto a un alcalde no está recogido como infracción administrativa, por lo que el argumento que la policía utilizó el viernes —en nombre del ayuntamiento— carece de base legal. No deja de ser curioso que haya que recordar esto a la policía municipal de Madrid, que este mismo año ha visto cómo se archivaba definitivamente la causa abierta contra los tres agentes que, en 2017, calificaron de “vejestorio despreciable” a Manuela Carmena desde un chat con más de 200 miembros a la vez que bramaban que “lo terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros”. En esta ocasión los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid entendieron que el ayuntamiento no podía ejercer la acción penal por injurias y calumnias, ya que debía ser iniciada por la propia alcaldesa al referirse a “hechos concernientes en el ejercicio de su cargo”.Almeida es una autoridad competente porque es un cargo público con capacidad para dictar documentos con fuerza de ley, pero ha olvidado en estas semanas que la limitación de la libertad de expresión no le va con el título de alcalde. Mucho menos por vía administrativa. Con lo sucedido en las fiestas de Vicálvaro el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid puede apuntarse ya su primer ridículo viral, y es que ni siquiera la retirada de Madrid Central ha podido competir con el tráfico que estos días ha tenido el hashtag #AlmeidaCarapolla, convirtiéndose ayer, 3 de julio, en trending topic en las principales ciudades del Estado a pesar de que Twitter no lo reflejase en su columna de tendencias.
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