Argentina
Hambre en el supermercado del mundo

Al presidente centroderechista de Argentina, Mauricio Macri, le iba eso de lanzar promesas en su campaña electoral hacia la Casa Rosada, en 2015. Aseguró, por caso, que su Gobierno iba a colocar al país en “pobreza cero” y convertirlo en “el supermercado del mundo”. “Argentina produce alimentos para 400 millones de personas y aspiramos a duplicarlos en los próximos cinco a ocho años”, aseguraba.

Sin embargo, a casi un año de que culmine mandato, aquellas promesas se evanescen. La pobreza trepa al 32% de la población (62,5%, en niños), según el Observatorio de la Deuda Social (ODS), y el ‘supermercado del mundo’ no alcanza a alimentar a los 44 millones de argentinos. En el país de la carne y los cereales, el fantasma del hambre muestra los dientes: se calcula que entre uno y tres millones de ciudadanos lo padecen, según el ODS y otras mediciones.

En consecuencia, los movimientos sociales —agrupaciones no dependientes de partidos políticos, que nuclean a parados y demás excluidos del sistema— han vuelto a las calles. El plan de lucha “Fuera el FMI. Basta de Hambre” arrancó, el pasado jueves 5 de septiembre, con unos 20.000 manifestantes frente a la sede central de la AnSeS (Seguridad Social) y se prevé que las protestas duren todo el mes.

“El gobierno —agrega— hace una campaña para estigmatizarnos a los pobres y diciendo que todos somos rateros. Por eso le da vía libre a la policía para que ejecute el ‘gatillo fácil’”

Muchos de estos movimientos —Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Barrial 19 de Diciembre, Frente Popular Darío Santillán, Movimiento Evita, etc.— nacieron en la resistencia ciudadana al derrumbe de 2001-2002, cuando Argentina suspendió pagos de su deuda, la economía se desplomó 11%, y la pobreza trepó al 52%. Las fuerzas de seguridad asesinaron entonces a 32 manifestantes.

En medio de aquella catástrofe social, en 2002 el entonces Gobierno del presidente peronista Eduardo Duhalde concedió un paliativo: los “planes laborales”, un subsidio para que los excluidos se organizaran en emprendimientos cooperativos. Pasadas tres décadas de aquel plan, ideado como algo que iba a ser excepcional y pasajero, ni los gobiernos Kirchner (2003-2015) ni el de Macri se atrevieron a quitar las ayudas por temor al ‘incendio social’.

Pero ahora, con la recidiva de la crisis económica y el pedido de auxilio al FMI, los “planes laborales” se van devaluando. “Hoy cobramos 5.500 pesos mensuales (110 euros). En nuestros barrios tenemos talleres textiles, carpintería, herrería, comedores y merenderos, mejoramiento en barrio, cuadrilla de la construcción”, explica a Diana Sánchez, portavoz del Frente Dario Santillán (joven asesinado a escopetazos por la policía en 2002).

“Exigimos un ‘aumento ya’ de los planes porque el Gobierno de Macri lo único que hace es ajustar cada vez más a los pobres. Hay despidos y cada vez más desempleados se acercan a alimentarse en nuestros comedores populares”, continúa.

“La necesidad es mucha” 

“Lo común es que cocinemos guiso de fideos con hueso. No tenemos dinero para otra cosa. Servimos unas 400 raciones. Ahora la situación es más grave y extendimos el horario a la tarde para que también puedan comer a la noche. ¿La merienda?, y bueno… tratamos de sostenerla como podemos”, confía Sánchez.

Flavia, una madre de tres hijos que vive en la Villa 21 y colabora en el comedor popular, cuenta a este periódico que en ese barrio de chabolas abastecen a 400 familias: “Y se acercaron muchas más porque se quedaron sin trabajo. No tiene un plato de comida para sus hijos y ellos. A veces vienen hasta los maridos a comer porque la necesidad es mucha”.

“El gobierno nos recortó la provisión para el comedor y tratamos de mantener el menú a guiso. Hoy estamos peor que con el anterior Gobierno (de Cristina Fernández de Kirchner). El país está para atrás, hay despidos y un ajuste impresionante”, describe.

En el barrio de La Boca, primer asentamiento de inmigrantes italianos en Buenos Aires, el Gobierno de Macri —hijo de un calabrés— pretende relanzar la zona como un polo turístico. Joni, uno de sus vecinos y miembro del FDS, afirma que “hay muchos desahucios de familias que llevamos ahí hace años y no tenemos otro sitio adónde ir”.  

“El Gobierno —agrega— hace una campaña para estigmatizarnos a los pobres y diciendo que todos somos rateros. Por eso le da vía libre a la policía para que ejecute el ‘gatillo fácil’ (ejecución sumarísima)”.

El ejemplo más claro de “gatillo fácil” en La Boca —donde a veces pululan descuidistas y ladrones que atracan a turistas—, ha sido el asesinato de Juan Pablo Kukoc, de 18 años, de cuatro balazos por la espalda disparados por el policía Luis Oscar Chocobar, de 30 años y fuera de servicio en ese momento, luego de que el joven supuestamente robase una cámara de fotos a un paseante y huyera.

Ivonne Kukoc, mamá de Juan Pablo y asistente a la manifestación, se lamenta de que “el Estado le dio de nuevo el arma oficial al asesino de Chocobar, que sigue trabajando en la policía”. Y añade que para ella “es muy difícil recordar. En internet está el vídeo y es contundente: se ve que a mi hijo le dispara cuatro proyectiles y finalmente muere en el hospital Argerich, muy mal atendido”.

Luego de aquella ejecución, Macri recibió al uniformado Chocobar en un acto público en la Casa Rosada y lo felicitó por su ‘faena’. “Estoy orgulloso de que haya un policía como vos”, lo ensalzó ante las cámaras de televisión. En cambio, para la madre del joven asesinado se trató de “un gesto ridículo, confuso y muy triste. ¿Qué quiere el Presidente, avalar el gatillo fácil y los asesinatos?”.