San Salvador Atenco: las mujeres supervivientes de tortura sexual seguimos luchando por verdad y justicia

En ambos días se arrestaron a 207 personas de forma arbitraria, las cuales sufrimos tortura física y psicológica, algunas mujeres además fuimos sometidas a tortura sexual; dos jóvenes fueron asesinados por la policía y nos sometieron a procesos penales que duraron hasta tres años.

El despliegue mediático fue tan poderoso como el operativo represivo: televisoras, la radio y medios escritos se alinearon a la estrategia de Estado, criminalizar al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra –quienes en 2002 habrían detenido la primera intentona de construcción del Nuevo Aeropuerto en sus tierras de cultivo- y los colectivos y organizaciones adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona; la estrategia mediática se completaba con la transmisión en vivo de los operativos, las golpizas, el despliegue policial por miles, el horror se transmitió en cadena nacional, el miedo se diseminó.

Fuimos 21 mujeres las que denunciamos la tortura sexual, siempre fue más fácil hablar de la tortura física y psicológica, describir las posturas forzadas, las golpizas, la simulación de ejecuciones; sin embargo, desde la primera vez que tuvimos contacto con agentes operadores del sistema de justicia, hicimos nuestra denuncia incluso de las violaciones sexuales durante los traslados, exigimos atención médica, dictámenes médicos- ginecológicos y psicológicos, exigimos que se documentaran las huellas de la tortura sexual. La respuesta a nuestras demandas fue siempre la misma: ignorarnos, burlarse y ser omisos.

La violencia del Estado también se tradujo en criminalizarnos y atentar contra nuestra honra y dignidad, las declaraciones de altos funcionarios tras nuestras denuncias fueron las siguientes:
“Hay que dar la dimensión al tema […] También es conocido que los manuales de los grupos radicales dicen que hay que declararse violadas, en el caso de las mujeres y en el de los hombres haber sido objeto de abusos y maltrato” (Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México).

“El gobierno mexiquense no está en condiciones de iniciar una investigación por las presuntas violaciones sexuales cometidas contra mujeres por parte de policías” (Humberto Benítez Treviño, entonces secretario de Gobierno del Estado de México).

“Si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar (por los doctores), fue porque nadie les había hecho nada” (Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal).

Nos negaron la atención médica y el acceso a la justicia, y usaban esa obstaculización a nuestra denuncia como argumento para afirmar que mentíamos sobre los hechos.

Para nosotras fue muy importante en 2006 dimensionar a la tortura sexual como una forma diferenciada de torturar a las mujeres, pieza angular de una estrategia de control social diseñada para generar un impacto permanente y prolongado en el plano individual y colectivo, para fragmentar el tejido colectivo solidario.

Nosotras y nuestras familias lidiamos con un gran dolor emocional, con el estigma y la vergüenza, debido al escarnio público que implicaron las declaraciones del Estado frente a la vulnerabilidad que implica hablar públicamente de violaciones sexuales tumultuarias. Tuvimos que enfrentar el señalamiento de “mentirosas”; sufrimos el descredito; y la prensa comenzó a llamarnos las “violadas de Atenco”.

Cuando no pudimos más con los señalamientos y la discriminación, tuvimos que dar un giro en nuestra percepción de lo ocurrido, comenzamos por reivindicar nuestro propio nombre, exigir que dejaran de victimizarnos y rechazar el estigma que el Estado y la sociedad patriarcal nos asignaron.

Desde 2006 insistimos en buscar justicia y romper la impunidad, fue tan extenuante y difícil de afrontar el miedo a la persecución y a que los hechos de Atenco se repitieran, y no falto mucho para que notáramos que la estrategia de represión contra la protesta social había sido diseminada por todo el país en la guerra que el Estado emprendió, supuestamente contra el narcotráfico, pero que en la realidad el blanco fue la sociedad mexicana.

Las detenciones arbitrarias y tortura sexual en contra de mujeres en todo el país, nos motivó a impulsar la Campaña “Rompiendo el Silencio: Todas juntas contra la tortura sexual”, con dos ejes fundamentales: 1) solidarizarnos y acompañar a otras mujeres sobrevivientes, intentando reproducir la solidaridad maravillosa que nos ha acompañado a nosotras 2) Visibilizar una práctica sistemática del Estado mexicano en todas las regiones del país, perpetrada por policías, militares y marinos.

Nuestra lucha por verdad y justicia implicó una pelea jurídica que salió del ámbito doméstico, y acudimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin embargo, nuestra fuerza radicó en la denuncia social en la búsqueda de construir lazos de solidaridad, vincularnos con colectivos y organizaciones, romper la estigmatización y hablar sobre las finalidades de la represión y cómo podemos organizarnos contra estos mecanismos de Estado.

Once años después, el 16 y 17 de noviembre de 2017, logramos llevar al banquillo de los acusados al Estado mexicano, durante la audiencia pública que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. El Estado mexicano hizo todo lo posible por evitarlo, ofreció una solución amistosa y presiono para que aceptáramos dinero a cambio de impunidad; la presión política y el dinero no pudieron romper nuestra cohesión y el anhelo de hacer escuchar nuestra voz y la verdad, en un contexto de represión, impunidad y silencio que prevalece en México.

Cinco mujeres ofrecimos testimonio ante la Corte Interamericana, en una sala repleta de estudiantes de derecho, personas solidarias, los representantes del Estado, las representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra representación legal abogadas del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. (Ver vídeo en http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/court-today/galeria-multimedia ).

Se escuchó nuestra voz: con palabras sencillas y claras describimos el horror de la detención, la tortura y la cárcel; explicamos lo tortuoso que ha sido la búsqueda de justicia; evidenciamos el desprecio y las humillaciones a las que nos hemos enfrentado; y describimos las estrategias de los representantes del Estado para agravar los impactos que ha tenido la represión en nuestras vidas.

Hablamos sobre la solidaridad y cómo nos organizamos para seguir luchando y continuar con nuestra vida, cada una enunciamos nuestra fuerza, nuestra forma de sobrevivir, la importancia de la solidaridad para sostener una lucha por más de una década.

El Estado en su retórica de soberbia e impunidad, repitió hasta el cansancio que nosotras no hemos querido aceptar su paquete de reparaciones, pero omitieron decir que se oponen a investigar a los responsables materiales e intelectuales de los operativos y a la cadena de mando, considerando la responsabilidad penal de todos los implicados incluyendo las autoridades políticas.

La tortura sexual en México es una práctica sistemática, nuestra denuncia jurídica y social busca evidenciarla y que organismos internacionales condenen esta herramienta usada por el Estado.
Nuestra pretensión última es evocar la memoria; romper el silencio que atenta contra la impunidad y el aislamiento; y junto a otras mujeres sobrevivientes construir comunidad donde la represión y la cárcel han roto los vínculos solidarios.

Nos queda mucho camino por recorrer, sin embargo, la audiencia en Costa Rica, nos renueva las fuerzas y el ánimo para continuar con nuestra lucha.

Materiales complementarios:
Material Centro PRODH
Trabajo de Regeneración Radio
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37514239