Derecho al agua
Trasvase Tajo-Segura, ¿vuelve la ‘Guerra del Agua’?

400 hectómetros cúbicos entre los pantanos de Buendía y Entrepeñas. Es el limbo bajo el cual la paz está asegurada —aunque haya escasez de agua— pero por encima del cual la guerra entra dentro de lo probable.

La actualización de los datos de agua embalsada que tuvo lugar el 20 de marzo, tras las tan bienvenidas lluvias de las últimas semanas, señalaba que el límite se había traspasado por primera vez en 2018, y que el conflicto se acercaba de nuevo. Desde entonces, once meses después del último traspaso de agua de la cuenca del Tajo a la del Segura, la prohibición de realizar un nuevo trasvase quedaba levantada.

La Cuenca del Tajo se encuentra al 62,7% de su capacidad, un porcentaje similar a la media de los últimos diez años, del 63,6%. Sin embargo, el agua caída del cielo no ha sido igual para todos y la del Segura no puede decir lo mismo. La cuenca que riega la totalidad de la Región de Murcia, el sur de Alicante, el sureste de Albacete y las zonas limítrofes con Murcia de Almería y Jaén, aunque ha duplicado sus reservas desde comienzos de año, solo está al 24,5%, menos de la mitad de las reservas habituales en estas fechas.

Con esas cifras, y si se dejasen de lado las importantes cuestiones medioambientales derivadas de reducir el caudal de un río como el Tajo, pocos podrían negarse a un nuevo trasvase Tajo-Segura. Pero las variables son mucho más complejas. En realidad, los dos embalses de cabecera del canal que une ambas cuencas, a pesar de haber superado el límite de los 400 hm³, siguen en cifras exiguas. Mientras Entrepeñas tiene 186 hm³ y se encuentra al 22,2%, Buendía tiene 245 hm³, un escaso 14,95% de su capacidad.

Anuncian tormenta

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunciaba el 22 de marzo, dos días después de superarse el límite de los 400 hm³, que un nuevo trasvase podría realizarse a partir del 1 de abril, una vez se reuniese la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.

El consenso alcanzado en 2013 entre Gobierno y comunidades afectadas, que rebajó la tensión de la llamada 'Guerra del Agua' y aumentó el nivel mínimo en los embalses de cabecera para un trasvase de 240 a 400 hm³, señala que, para que que la transfusión pueda efectuarse, la Comisión deberá dar su visto bueno. Será este martes 3 de abril cuando se celebre esa reunión del ente formado por representantes de los organismos de gestión de cada una de las cuencas implicadas, que evalúa la situación siempre con datos del primer día de mes.

Julia Martínez: “Por cada metro cúbico de agua que llegó con el trasvase Tajo-Segura, se creó regadío por el doble o más”

La probable luz verde de Comisión y Gobierno se mira con recelo desde Castilla-La Mancha. Mientas que desde la cuenca mediterránea recuerdan el aumento del nivel mínimo para el trasvase acordado en 2013, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, señalaba el 28 de marzo que remitiría sendas cartas al Gobierno y a la Comisión de Explotación del Trasvase para “que se haga una revisión al alza del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable”, ya que, en su opinión, “con el límite actual de 400 hm³ no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños, como tampoco el abastecimiento a esta zona, que podrá verse en peligro de nuevo de cara al verano”.

El ejecutivo manchego levantaba así sus cartas y pedía un aumento del nivel mínimo de 400 —o lo que es lo mismo, el 16% de la capacidad conjunta de ambos pantanos— a 510 hm³ con el fin de “garantizar el principio de prioridad de la cuenca cedente”. El presidente de la Comunidad castellano manchega, Emiliano García-Page, añadía más leña al fuego tres días después de la declaración de la consejera, indicando que la infraestructura del trasvase Tajo-Segura “ideada y construida en época franquista, no habría sido posible en democracia porque los ciudadanos podrían haber dado su opinión antes y de manera libre”.

La escalada de tensión tenía su respuesta con las palabras del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia, Francisco Jódar, que repondía que “el agua del trasvase no se regala sino que se paga y muy bien, y [García-Page] debería explicar a qué ha destinado los más de 400 millones pagados por los regantes por el agua del Tajo en estos 39 años y que deberían haber sido destinados a infraestructuras hídricas”.

Pacto Nacional del Agua

El Ejecutivo central, por su parte, mantiene su apuesta por el Plan Nacional del Agua y anunciado recientemente, en una visita de Tejerina a Torrevieja, que la planta desaladora de la ciudad alicantina, la más grande de Europa, triplicará su producción anual —de los 40 a los 120 hm^3— para “poder garantizar el abastecimiento de la población, que es siempre la prioridad, y también complementar las dotaciones a los regadíos”, según señaló la propia ministra el 26 de marzo. Está previsto que la planta llegue a una capacidad de 80 hm³ en verano, mientras que el Gobierno ha publicitado una nueva inversión de 45 millones de euros para sufragar la ampliación que implicará llegar a los 120 hm³ anuales.

El intento del Gobierno del PP de rebajar el enfado de los agricultores mediterráneos, afectados por la escasez de una cuenca en sequía casi permanente que se ha lanzado al regadío en los últimos años, se ha aliñado con un aumento de las ayudas al precio del agua desalada, mucho más cara. A pesar de ello, la apuesta de Tejerina por el Tajo-Segura sigue ahí, entre otras cosas porque sabe que el agua desalada no es apta para muchos de los cultivos mediterráneos.

Por otro lado, las palabras de Tejerina y su defensa del trasvase no eran bien recibidas en Castilla-La Mancha, donde García Élez apuntaba este sábado: “Lo que no es de recibo es que la propia ministra reconozca en Alicante que la desaladora de Torrevieja ha salvado a los regantes y al Levante de la sequía”. 

Sobredimensión y agua incierta

Frente a la tradicional guerra del agua, sustentada por populares murcianos y socialdemócratas castellano-manchegos, una tercera vía se alza como posible solución a medio plazo. “En base a la experiencia existente y a los conocimientos técnicos y científicos recopilados, la política de trasvases no es una política ni social ni económicamente adecuada, y además tiene numerosos problemas para que pueda encajar con la Directiva Marco Europea del Agua y con la conservación de los ríos”, señala a El Salto Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Este ente es uno de los impulsores del Acuerdo Social del Agua, una iniciativa apoyada por decenas de colectivos que pretenden hacer frente al Pacto Nacional del Agua defendido por el Gobierno planteando un futuro a medio plazo diferente. Con una defensa del agua como bien público, de una agricultura sostenible y de la recuperación de unos ríos, humedales, lagos y acuíferos muy castigados por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático, el Acuerdo pretende detener el crecimiento del regadío —cuya superficie ha aumentado un 8,6% entre 2011 y 2016, según datos de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible—, redimensionar a la baja la superficie regada y los consumos urbanos, y revertir los procesos de mercantilización y privatización del agua.

“Mirando caso a caso encontramos mejores iniciativas que los trasvases, económicamente más baratas, ambientalmente con menor impacto y con menor conflicto social”, indica Martínez. Esta doctora en Biología indica que el Tajo-Segura no ha sido una obra que en términos netos haya sido beneficiosa para la cuenca excedente, y que, en el caso de la beneficiaria, también hay sombras”.

Tal como apunta, “por cada metro cúbico de agua que llegó se creó regadío por el doble o más”, aumentando el déficit hídrico y creando unas expectativas sobredimensionadas “sobre la base de un agua incierta”.

Políticas que no apagan la sed

“El trasvase demuestra que las políticas de oferta nunca apagan la sed”, remarca la directora técnica, quien recuerda que el funcionamiento actual del trasvase “no tiene un buen ajuste con la Directiva Marco del Agua” y que las reglas del Memorándum de Entendimiento sobre el trasvase Tajo-Segura se aprobaron al margen de los planes de cuenca del Tajo y el Segura, y de la participación pública, “y eso supone incumplir la Directiva”, denuncia.

Por ello, Martínez aboga por partir de cero y volver a integrar la gestión del trasvase en los planes de cuenca tanto del Tajo como del Segura, con un proceso de negociación entre todos los actores y un redimensionamiento a la baja de las expectativas de recursos y de la superficie de regadío intensivo. “Lo que tenemos que hacer es una hoja de ruta hacia la sostenibilidad de las dos cuencas, con una desconexión progresiva de la cuenca del Segura de la del Tajo”, expone, y vaticina que, de seguir con las mismas políticas en un mundo con un cambio climático cada vez más acusado, “el conflicto social no va a dirimirse, sino que va a ir aumentando”.

A corto plazo, esas políticas defendidas en el Acuerdo Social del Agua, según señalan desde la Fundación Nueva Cultura del Agua, deberían combinarse con medidas compensatorias para minimizar las pérdidas de los pequeños y medianos agricultores, aunque como señala Martínez, “ahora mismo ya se está produciendo una reconversión del regadío gobernada por el mercado por la que las grandes empresas de agroexplotación se quedan cada vez con más agua y tierras, y quienes se están quedando fuera de juego son los pequeños y medianos agricultores”.

Por ello, aboga por una transformación a un regadío más sostenible, y se muestra optimista: “Existe mucha disposición a entenderse entre pequeños y medianos agricultores de ambas cuencas, los problemas están más centrados en esa gran agricultura intensiva que no tiene ningún criterio social ni ambiental. Si se pone en marcha un proceso para entenderse, las posibilidades de llegar a una hoja de ruta consensuada son altas”.