Tribuna
Alquiler: ¿problema o burbuja?

Si estás buscando piso o tienes previsión de hacerlo en los próximos meses, te habrás dado cuenta de que encontrar un alquiler asequible resulta realmente imposible. La tendencia alcista de los precios está siendo imparable y los “castings” que los caseros te realizan para acceder a una vivienda son, cada vez, más abusivos. Además, no dejan de aumentar los casos de vecinas que reciben una notificación informándoles de que el fondo que ha adquirido su bloque quiere echarlas de su vivienda para multiplicar los precios un 100%, un 200% o incluso un 300%; los casos Sant Joan Despí, Argumosa o Rivas son tan solo algunos ejemplos de esta situación.

Así, con todo esto, la inseguridad habitacional se ha establecido como algo cotidiano en la vida de las ciudadanas de nuestro país. Las cifras nos describen una situación realmente angustiosa. Entre 2014 y 2017 los precios del alquiler se han disparado un 25% en el conjunto del país, un 33% en Madrid y un 54% en Barcelona. Además, en el primer trimestre de 2018 ya hemos registrado un incremento de casi el 9%.

La dificultad de hacer frente a los pagos de la vivienda es ya insoportable para los hogares, cuya tasa de ahorro ha caído a su mínimo histórico —5,7%—, y se les está abriendo, de nuevo, la puerta del  endeudamiento. Sin embargo, quienes tienen que ocuparse de aportar soluciones a este despropósito nos dicen, como si de un azar meteorológico se tratase, que todo se debe al accionar natural de la ley de la oferta y la demanda.

Pero no es cierto. Eso que algunos ha decidido llamar libre mercado, no es más que especulación con un bien de primera necesidad, la vivienda. Las razones que alimentan la burbuja del alquiler poco o nada tienen que ver con las leyes de un mercado autorregulado. Muy al contrario, es el control oligopólico ejercido por unos cuantos especuladores lo que les permite generar escasez artificial, retirando viviendas del mercado del alquiler residencial y originando, así, una discrepancia irreal entre la oferta y la demanda que provoca que los precios se incrementen a un ritmo desorbitado.

Ya no solo se trata de que la especulación no se persiga y se permita el uso antisocial de un bien con función social, sino que, además, desde las instituciones se ha facilitado la acción de bancos, fondos de inversión y grandes capitales extranjeros, poniendo en el centro de las políticas y del modelo productivo el rendimiento del suelo y la vivienda, y legislando para dar viabilidad jurídica y fiscal a las operaciones inmobiliarias a costa del bienestar ciudadano.

Lo que algunos han decidido llamar “problema del alquiler” no es una cuestión aislada ni ajena. El oligopolio inmobiliario de los grandes tenedores constituye el sostén fundamental de los mecanismos de acumulación por desposesión, es decir, de la transferencia de rentas de los de abajo hacia los de arriba. ¿De dónde salen sus rentabilidades astronómicas? De nuestros precarios bolsillos.

¿Por qué ahora?

Que el boom de la subida de los precios del alquiler se esté produciendo ahora no es casualidad. En 2013, el Gobierno del Partido Popular reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), reduciendo la duración de los alquileres de cinco a tres años, agilizando el procedimiento de desahucio por impago de la renta, eliminando el derecho al tanteo y el retrato, y desvinculando la actualización de la
renta del índice de precios al consumo (IPC), con lo que el propietario puede aumentar la renta por encima del coste de vida si así lo desea.

Si el decreto Boyer, que liberalizó completamente el mercado del alquiler, supuso que el arrendamiento fuese visto como un régimen de tenencia inestable, precario y transitorio, la reforma de la LAU de 2013 nos ha llevado a una agravada situación de permanente inseguridad y emergencia habitacional. ¿Para qué vas a alquilar si pueden echarte al cabo de tres años o multiplicarte la renta un 200%?

La LAU responde a las exigencias de los fondos de inversión y de los grandes tenedores de vivienda, que pretendían que el mercado del alquiler se flexibilizase para que especular y obtener altas rentabilidades fuese mucho más sencillo. Esto se tradujo en que en 2016, tres años después de la reforma de la LAU, el precio del alquiler se disparara en torno a un 16% en Madrid y Barcelona, lo que nos ha conducido a que, en este último año, el 60% de los desahucios —35.666— se hayan producido por impago de la rentas del alquiler, porcentaje que se eleva hasta rondar el 80% en Madrid y Barcelona. Esto sin contar a todas esas personas que se marchan sin hacer ruido de su vivienda ante la imposibilidad de hacer frente al incremento de la renta, eso que llamamos desahucios invisibles.

La asfixia de las inquilinas es evidente. Cada vez más personas se están viendo obligadas a pagar precios inasumibles para no verse expulsadas de su barrio. Sometidas a una suerte de nomadismo habitacional, un número creciente de arrendatarias transitan de una vivienda a otra dentro de su mismo municipio, tratando de permanecer próximas a su entorno residencial de origen y asumiendo, para ello, el pago de unos alquileres absolutamente desorbitados.

La característica fundamental de la actual fase de la burbuja del alquiler no es el éxodo periférico de las vecinas expulsadas del centro de la ciudad, sino el insostenible esfuerzo económico que tratan de hacer para evitar ese fenómeno. Así lo demuestran algunos datos: el 37% de la población española que vive de alquiler dedica más del 40% de su renta al pago de la vivienda, el 53% dedica más de un 30% y, entre el 20% con menos ingresos, un 75% dedica más del 40% de su renta, siendo estas las cifras más altas. Miemtras, la OCDE recomienda que el esfuerzo salarial no supere nunca el 30% y ve prudente mantenerlo entre un 20% y un 25%. En el caso de Madrid el 41% del salario bruto mensual se dedica a pagar las rentas inmobiliarias, cifra que se eleva al 46% en el caso de Catalunya. Además, para el caso de Barcelona contamos con un dato muy esclarecedor: la tasa de autocontención residencial —porcentaje de personas que cambian de vivienda dentro de un mismo municipio—  se mantiene por encima del 70%.

Como vemos, el estrangulamiento económico de las residentes es el paso previo que pone en marcha unos procesos de gentrificación que se desarrollan durante ciclos más largos. La conclusión es mucho más cruda, los precios han subido más o menos al mismo ritmo en todos los sitios, lo que demuestra que la burbuja y el negocio especulativo no se circunscriben al centro de la ciudad, sino que también inundan las periferias y están generando un insoportable ahogamiento financiero sobre las vecinas.

¿Quién me expulsa de mi barrio?

Durante todo este tiempo, han intentado imponernos un relato según el cual, para dinamizar el mercado inmobiliario y generar seguridad a los propietarios —para que éstos introdujesen sus viviendas en el mercado del alquiler— era necesario proporcionar facilidades legislativas y beneficios fiscales. Sin embargo, la realidad lo contradice, ya que los activos que se pretenden movilizar en el  mercado del alquiler no están en manos de pequeños particulares, que dependen de ese inmueble para obtener una renta y, por tanto, no pueden mantenerlo fuera del mercado, sino que son las entidades financieras, los fondos buitre, los multipropietarios y, ahora, un nuevo actor, las socimis, que monopolizan los activos inmobiliarios y los utilizan para especular y obtener rentabilidades  desorbitadas a costa del ahogamiento financiero de las ciudadanas.

Así lo demuestra que, de las 90.060 compraventas acreditadas en el mes de enero, 60.282 fueran pagadas al contado. ¿Conocéis muchos particulares que puedan permitirse esto? Yo tampoco, los únicos que se lo pueden permitir son esos grandes tenedores que se dedican a extraer rentas a través del parasitario método de la especulación.

Entre el elenco de especuladores que se acaba de enunciar, las socimis son las que mayor relevancia están tomando en el momento actual. Las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (SOCIMI), que nacen en 2009 bajo la ya mencionada excusa de dinamizar el sector, se dedican principalmente al alquiler de activos inmobiliarios y cuentan con un régimen fiscal especial que les exime de pagar, entre otras cosas, el Impuesto sobre Sociedades —esto ha sido la razón por la que, por ejemplo, la inmobiliaria Colonial dejase de pagar 100 millones de euros al convertirse en socimi—. El verdadero motivo de su existencia reside en posibilitar que los bancos puedan derivar aquellos activos que no les reportan beneficios en su balance de cuentas y sacarles, así, una mayor rentabilidad sin tener que venderlos a unos fondos buitre que los compran por el mínimo precio posible.

Así, podemos encontrarnos con que los grandes tenedores de vivienda, desde las entidades financieras a los multipropietarios, pasando por los propios fondos buitre, son inversores principales de múltiples socimis. Son ellos quienes más beneficio están sacando de una burbuja del alquiler que está estrangulando económicamente a las vecinas, tanto en el centro como en la periferia.

La actual situación de permanente emergencia habitacional no es, por tanto, producto de un azar meteorológico o de la acción natural de un mercado autorregulado. Ni tan siquiera se debe principalmente a la desregulación del alquiler turístico, que permite que se abran 330 ofertas nuevas cada mes en Airbnb —cuyo impacto es importante, más todavía si tenemos en cuenta que un 51% se abren en distrito centro, algo insostenible para la población local—, pero que no constituye el único ni el mayor problema habitacional en nuestro país.

Es la especulación y el rentismo inmobiliario, al que se dedican los capitales extranjeros y los fondos de inversión, que incluso han invadido Airbnb —el grueso de la oferta de la plataforma está controlada por grandes tenedores de vivienda—, lo que supone el gran problema habitacional que viven nuestros barrios.

La batalla por el relato de las soluciones

En medio de esta situación, en la que los alquileres se incrementan a un ritmo desmedido y están reactivando la compraventa —en tres distritos de Madrid los precios de compraventa ya superan los de 2008 y el BBVA está rebajando sus requisitos y concediendo hipotecas del 100%—, se está produciendo una fuerte disputa por ponerle voz y darle sentido a lo que ocurre.

Si la realidad fuese eminentemente objetiva, los datos hablarían por sí solos y no tendríamos la necesidad de politizar lo cotidiano, pues no se produciría el litigio que da lugar a la política. Pero esto no ocurre nunca así, la política no es más que la constante disputa por “crear” una verdad, por lograr que los esquemas lógicos y morales, a través de los cuales nos dotamos de un sentido concreto a cerca de lo que ocurre a nuestro alrededor, definan la vida a nuestra manera. Por tanto, ante la necesidad que toda sociedad tiene de proveerse de un orden concreto que rija los ritmos de la convivencia social y otorgue seguridad y tranquilidad a la comunidad, no podemos quedarnos parados esperando a que los datos convenzan a quien todavía no piensa como nosotras.

No tenemos que mirar lejos para encontrar una referencia, la propia historia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) nos muestra ese camino. Antes de la irrupción de la plataforma, el drama de los desahucios era vivido como un problema individual que respondía a la irresponsabilidad de unas ciudadanas que habían vivido por encima de sus posibilidades. Sin embargo, tras su aparición, la subjetividad que define esta problemática cambia sustancialmente y los desahucios pasan a concebirse como una cuestión concerniente al conjunto de una sociedad que había sido estafada por los de arriba.

Se produjo, en ese momento, una sensibilización que cambió radicalmente el régimen de visibilidad de los desahucios en nuestro país. Un cambio generado a través de la intervención en el espacio público, de la politización de un dolor antes silenciado. A través de las luchas a pie de calle, pero, también, de la capacidad de generar todo un imaginario, atravesado por un potencial discursivo de consignas y lemas, que modificó exponencialmente el relato que condiciona la forma de exponer los planteamientos y la disputa mediática.

Necesitamos medidas concretas que nos permitan empezar a revertir la situación actual, que conviertan el alquiler en un régimen de tenencia asequible y estable,  que eliminen los privilegios fiscales de las socimis o que pongan fin a los desahucios sin alternativa habitacional. Pero, sobre todo, para lograr que estas medidas sean realmente funcionales y exitosas, tenemos que ser capaces de articular un imaginario que haga deseable vivir de otra manera. La lucha está en transitar hacia un modelo de sociedad que conciba que poner orden no es legislar para los bancos, sino para las personas. Queremos una comunidad que vuelva a cuidarse.