Trabajo sexual
Silencio, hablan las putas

Quienes asistimos el pasado 24 de noviembre por la tarde en Cáceres a la charla “Feminismo y prostitución”, tuvimos la ocasión de escuchar un discurso claro, directo y bien fundamentado sobre la lucha de un colectivo, el de las prostitutas, para que, de una vez por todas, le sean reconocidos los derechos humanos que la Declaración Universal considera como iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, tal y como establece en su preámbulo, sin que exista distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición (artículo 2).

Ese discurso, que impele a nuestra sociedad en todas sus formas —de a pie, política, legislativa— a procurar el bien de los derechos humanos de las prostitutas por encima de cualquier otra motivación, trasciende el discurso sobre el patriarcado y las circunstancias que impone a la mujer, no ya como prostituta, sino como prostituida por un sistema capitalista que convierte su cuerpo en moneda de cambio y transforma el sujeto individual en objeto de consumo.

Una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución

La charla fue impartida en el local del sindicato CNT de Cáceres por Paula Sánchez Perera, del Colectivo Hetaira de Madrid, Rocío Medina Martín, del Colectivo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona y Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, justo un día antes de que las plazas y las redes sociales se llenaran de multitudes y mensajes reclamando la eliminación de la violencia contra las mujeres, y ante un auditorio de apenas 70 personas que, como señaló Rocío Medina, profesora asociada del área de Filosofía del Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ejercían con su asistencia a una charla donde se reclaman derechos laborales, cívicos e individuales para las prostitutas, un acto de disidencia y de desobediencia frente a unas leyes que criminalizan el ejercicio de la prostitución, de muchas y muy diversas formas, y una sociedad que recurre a una doble moral en la que se legitima y legaliza la venta de armas a países que violan los derechos humanos, permite que mueran ahogados en el Mediterráneo miles de personas que huyen de la miseria y de la guerra, sin distinción de sexo ni edad, o establece políticas laborales que propician la miseria, precarización y explotación del sector más vulnerable, el de las mujeres, ocasionando lo que se ha dado en llamar la feminización de la pobreza, que obliga a esas mismas mujeres a buscar ingresos económicos a través de la prestación de servicios sexuales.

La descriminalización, el modelo de prostitución que piensa en las trabajadoras

Ter García

7

Trabajo sexual

La descriminalización, el modelo de prostitución que piensa en las trabajadoras

Ter García

7

En 2003, Nueva Zelanda aprobó la Reforma de la Ley de Prostitución, con la que descriminalizaba el trabajo sexual. Hablamos con Catherine Healy, fundadora de la NZPC.

“En condiciones de pobreza, los hombres delinquen y las mujeres se prostituyen”. Esta frase, traída a colación por Paula Sánchez Perera, del colectivo Hetaira de Madrid, licenciada en Filosofía y premio extraordinario del Máster en Teoría y Crítica de la Cultura, pertenece a una de las antropólogas que mejor ha estudiado la relación entre pobreza y mujer, Dolores Juliano, autora de libros como Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, Las que saben…subculturas de mujeres o La prostitución: el espejo oscuro. Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización.

Paula Sánchez repasó los cinco modelos jurídicos que ha adoptado el Estado a lo largo de la Historia frente a la prostitución: reglamentarismo, abolicionismo, prohibicionismo, regulación y despenalización

El primero, el reglamentarismo, entiende la prostitución como un mal necesario. Fundamenta su discurso en la protección de la sociedad y no de las prostitutas, a quienes se ve en unas ocasiones como focos de ETS, enfermedades de transmisión sexual, y en otras como mal ejemplo moral para una comunidad que pretende proteger a los menores del exhibicionismo sexual pero que no les impide acceder a otro tipo de malas influencias, como puede ser a una violencia prestigiada por los medios de comunicación y de ocio (ahí está, sin más, la publicidad indiscriminada de las casas de apuestas). Impone la zonificación, los registros y los controles médicos, así como una tarjeta sanitaria para las prostitutas. El proxenetismo es considerado una actividad ilegal y está, en principio, prohibido.

El prohibicionismo, propio del siglo XIX y aún vigente en Estados Unidos, a excepción del Estado de Nevada, fomenta la clandestinidad y la criminalización de mujeres que, a pesar de ir contra la ley, seguirán ejerciendo esta práctica como modo de subsistencia, lo cual favorece su dependencia del proxenetismo, al que también persigue, y las aboca a un mundo submarginal. Considera la prostitución como un vicio inmoral y trata como delincuentes a las mujeres que lo ejercen.

El abolicionismo, también considerado como modelo nórdico, por su implantación en Suecia, convierte a la prostituta en víctima y en objeto constante de acoso policial, desalojos y desahucios, deportaciones y retirada de la custodia de los hijos e hijas. Es un modelo defendido a veces por el feminismo que pretende la erradicación absoluta de la prostitución por considerarla efecto de un sistema patriarcal. Afirma no perseguir a las prostitutas, sino a la organización de la prostitución y a la explotación de las mujeres como víctimas de un comercio de personas. Sin embargo, tal y como expuso Paula Sánchez, este modelo criminaliza también a las mujeres que lo sufren y no ofrece una alternativa clara a la prostitución.

Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen

Ejemplo de ello es el documental Allí donde las putas no existen, que se puede ver en youtube, de la directora Ovidie, en el que se relata la tragedia de Eva-Marie Kullander Smith, de 27 años, que también fue "escort", a la que se le retiraron sus hijos y que acabó asesinada por su expareja con treinta puñaladas. Su historia refleja la política de un país, Suecia, que exporta una imagen idílica del respeto a los derechos humanos y de erradicación de la prostitución mientras desarrolla una verdadera caza de brujas contra quienes la ejercen. 

Estos tres modelos (reglamentación, prohibición y abolición), en opinión de Paula Sánchez, criminalizan a la mujer prostituta, al mismo tiempo que le niegan protección y seguridad jurídica, no le procuran alternativas laborales e impiden el ejercicio de sus derechos civiles, sociales y humanos, las tres reivindicaciones que ha enarbolado desde siempre un movimiento organizado en defensa de las prostitutas que cuenta ya con más de 50 años de existencia en Europa y con 23 en España, la edad del Colectivo Hetaira.

El modelo jurídico de la regulación propone un control estatal de las mujeres y favorece el trabajo a terceros. No es defendido por las prostitutas, pero es el modelo jurídico que prevalece en el Estado español a través de diversas sentencias que establecen la actividad en clubs de alterne, como una dictada por el Tribunal Supremo a principios de 2017 en la que consideraba que existía una relación laboral entre quienes ejercían dicha actividad y quien regenta el local donde se produce. Es el modelo propio de países como Holanda y Alemania, donde se considera la legalización como un mal necesario y se comienza a hablar de las prostitutas como de “trabajadoras”.

Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector

Por último, Paula Sánchez habló del modelo jurídico de despenalización, también conocido como modelo neozelandés, modelo idóneo que centra el foco en el respeto a los derechos humanos. En este modelo, propio de Nueva Zelanda, las prostitutas no precisan inscribirse en registro alguno, salvo que ejerzan la actividad más de cuatro juntas, gozan del derecho a la confidencialidad en las revisiones sanitarias, que eligen por propia voluntad, existen inspecciones periódicas y controladas a los burdeles, dirigidas por un Comité de Prostitutas, que impone sanciones por cuestiones como no ponerse condón a la hora de mantener relaciones sexuales e incluso estima la denuncia hecha contra el cliente tras haberle prestado el servicio sexual. Desde 2003 existe una ley reguladora elaborada y evaluada por ese Comité de Prostitutas de Nueva Zelanda, que ha venido a sustituir un sistema punitivo por otro basado en los derechos de las personas y que procura un sexo seguro para las trabajadoras del sector. Ello ha facilitado que las prostitutas se sientan más seguras y capaces para denunciar maltratos y casos de explotación, rechazar a clientes indeseables y negociar condiciones dignas en la prestación de sus servicios. Según Paula Sánchez, Nueva Zelanda es hoy un país que entiende que el respeto a la persona no depende de su reputación sexual.

Por supuesto, a decir del colectivo Hetaira, el modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio.

En España, la prostitución, según Paula Sánchez, que habla con una voz consensuada por muchos otros colectivos, no es ilegal, sino alegal. El modelo español es un modelo tripartito donde se combinan el reglamentarismo, el prohibicionismo y el abolicionismo. Con esta visión coincide Rocío Medina Martín, del colectivo Antígona, quien afirmó que existe una macropolítica conformada por los cientos de ordenanzas municipales que tratan de regular la prostitución en los distintos municipios españoles, integrando una red que supera, en gran medida, cualquier legislación estatal. El colectivo Antígona, de la UAB, desarrolla un proyecto de investigación conocido como DEORGE (Desarrollo de los Derechos Fundamentales en las Ordenanzas Municipales: límites y vulneraciones de derechos desde la perspectiva de género). En este estudio se evidencia que la sanción administrativa municipal se ha convertido en un nuevo modelo de penalización de la prostitución. En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos. Por otra parte, algunas prácticas de alcaldes, alcaldesas y ayuntamientos reflejan la miseria que les caracteriza. Como anécdota, Rocío Medina narró el caso de una primera edil que ordenó rociar con desinfectantes y repelentes de pipí de perros una rotonda donde solían ponerse las prostitutas para evitar que lo siguieran haciendo.

El modelo neozelandés no supondría la panacea en la cuestión de la prostitución en nuestro país, como tampoco acabaría con la práctica de la trata, una práctica alimentada por la Ley de Extranjería y el fuerte control inmigratorio

Otra legislación utilizada para la persecución de las prostitutas es la conocida como Ley Mordaza, que en ningún momento habla de derechos de las mujeres, sino de penalización de las mismas, sobre todo en lo referente a sus artículos 37.5 y 36.6. El primero establece infracciones por “actos de exhibición obscena”, mientras que el segundo multa claramente por desobediencia a la autoridad. Se penaliza tanto la apariencia física, el cómo van vestidas, como la falta de documentación o de domicilio reconocido.

Todo ello conlleva, en boca de las ponentes, a que la interpretación de la ley quede en manos exclusiva de la policía, quien hace una interpretación arbitraria de la misma, no sujeta a derecho, que constantemente ejerce acoso verbal e identificaciones, transformando la represión que tradicionalmente se hacía a través de la vía penal en represión a través de la vía administrativa, de tal modo que la respuesta que en muchas ocasiones se le da a la prostituta cuando pregunta por qué se la sanciona es que “la multa te la ponemos por ser lo que eres”. En otras ocasiones, cuando la sanción se impone al cliente, obliga a la prostituta a buscar nuevas estrategias de captación, lo cual aumenta su riesgo e invisibilidad pública.

Frente al discurso elaborado de que casi toda la prostitución es trata, siendo muy escasa la que es elegida por voluntad propia, el colectivo Hetaira señala la falsedad de las cifras que en ocasiones se han dado en torno a este oficio. En un artículo publicado en septiembre de 2018, el periódico El País informaba de que, según la policía, el 80% de las mujeres dedicadas a la prostitución en España eran víctimas que ejercían esta práctica de modo forzado. Sin embargo, al preguntarle Hetaira a El País cuáles eran las fuentes, en qué estudio se basaba dicha cifra, este medio contestó que no existía ningún estudio ni referente serio que avalara ese porcentaje. De hecho, el único estudio fiable sobre prostitución en España es uno de la ONU ya desfasado, del 2010, que establecía la cifra de víctimas de trata en el 14%. El resto de mujeres ejercían la prostitución por elección propia y por causas que se desconocen, salvo la de la pobreza. Aun así, Paula Sánchez, del colectivo Hetaira, concluye: “las cifras no son argumentos”.

En muchos casos las prostitutas que hacen la calle son sancionadas en atención a esa reglamentación local con fuertes multas que son saldadas por sus proxenetas, lo que incrementa la deuda que mantienen con los mismos

El lenguaje fluctúa entre trabajadoras sexuales, trabajadoras del sexo, prestación de servicios sexuales, putas, meretrices, prostitutas, chulos. Pero también hay otro lenguaje más cercano, que habla de mujeres de la calle, hermanas, colectivos, compañeras y compañeros, parejas…

Marijose B. Márquez, del Colectivo de Prostitutas de Sevilla es muy clara hablando. Denuncia qué es lo peor para una puta: el estigma social, algo en lo que coinciden claramente Paula Sánchez y Rocío Medina. Se ve a la legua que las tres están unidas por lazos fraternales, lo que el feminismo conoce como sororidad, un feminismo a veces de salón que centra su preocupación y su lucha en la abolición del patriarcado y olvida la lucha por los derechos humanos de quienes han elegido ejercer su sexualidad libremente, sea por la causa que sea. Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas… y porque asustaban a otras mujeres que también querían ser feministas y luchar contra ese patriarcado que las oprime. Ahora, dice Marijose, “las feministas se han unido a las comunistas, y como nosotras solo somos putas no nos quieren a su lado, porque queda feo eso de exigir derechos laborales y reconocimiento de la profesión. Asustamos”.

Marijose conoce la realidad de la calle. Sabe de persecuciones, acoso, rechazo. No de los clientes, sino de las instituciones. La llamada Ley Mordaza andaluza las tiene fritas. Dice que si un acto como al que ha venido lo hiciera en Sevilla, ya habríamos sido desalojados y multados. Habla también del engaño que existe sobre lo que cobra una prostituta y lo que se lleva el dueño del club de alterne, y de la doble moral e hipocresía que hay en cuanto a los beneficios económicos que genera la prostitución, de los cuales solo se cuestionan lo que gana la puta, que es la que hace el trabajo.

Marijose narra las peripecias de su colectivo cuando pretendieron acercarse a los colectivos feministas, que pronto las repudiaron por ser putas convencidas…

Esa doble moral permite que existan asociaciones legales, reconocidas y no cuestionadas, como la ANELA, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne, y se persiga o estigmatice a los colectivos de prostitutas que exigen un reconocimiento institucional. Curiosamente, uno de los altos cargos de la patronal del alterne lo es también de España 2000, un partido de ultraderecha.

La criminalización y alegalidad a la que se aboga a la prostitución le genera desconcierto e incertidumbre a un Estado como el español que es incapaz de saber cuánto dinero se mueve en torno a esta práctica. Según informó el diario El Mundo a principios de septiembre de 2018, cuando surgió la polémica por el posible y fallido reconocimiento de un sindicato de trabajadoras sexuales, existe una estimación del INE (Instituto Nacional de Estadística) de septiembre de 2014 que establece el sexo de pago en el 0,35% del PIB, si bien esos datos son solo a título informativo, resultando imposible cuantificar los millones de euros que mueve la prostitución y el negocio que la rodea. Tanto es así que, como afirmó Marijose B. Márquez a modo de rechifla contra el descontrol de la administración pública sobre este gasto, con el dinero que ganaron las putas se pagó en su día el rescate de los bancos.

Marijose no es una víctima de trata. Su elección de la prostitución fue voluntaria pero motivada por una situación de pobreza. Sabe del estigma, que lo siente en la piel. Pone sobre la mesa un testimonio real y cercano de lo que es la prostitución. Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza. También denuncia la hipocresía que existe en torno al execrable asunto de la trata: en los últimos 10 años solo se ha concedido asilo político a 25 mujeres por denuncia de las mafias que las mantenían secuestradas. Mismamente CCOO emitía recientemente un informe en el que llama la atención sobre el hecho de que solo una de cada cuatro mujeres peticionarias de asilo, sospechosas de estar siendo explotadas, es sometida a seguimiento mediante el protocolo establecido entre la Oficina de Asilo y Refugio y la Ucrif de la Policía Nacional (Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsificación). No obstante, frente a estos datos, el diario El Mundo tituló la noticia dada por CCOO el pasado 25 de Noviembre, con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, del siguiente modo: “Las mafias de trata de personas utilizan el asilo para traficar con mujeres”.

Llama la atención sobre el hecho de que cuando una prostituta es asesinada no se considera violencia de género, no se contabiliza

Ni Paula, ni Rocío, ni Marijose, en nombre de los colectivos a los que representan (Hetaira de Madrid, Antígona de la UAB y Prostitutas de Sevilla) niegan en ningún momento que la prostitución sea una institución patriarcal, alienante, opresora. Tampoco defienden un sentido romántico de la misma, aunque sí desmontan muchos mitos y tabúes creados por la ignorancia. Ponen negro sobre blanco la vulneración de los derechos de unas personas que son estigmatizadas por su reputación sexual, y en función de ese estigma criminalizadas, perseguidas y represaliadas, desprovistas de derechos. Hablan de una clara vulneración de derechos laborales, cuyo reconocimiento exigen como puerta de entrada de todos los demás, de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, a la integridad, a la seguridad jurídica, a la libertad deambulatoria, a la igualdad y no discriminación, a la atención sanitaria, al acceso a la vivienda... y tantos otros olvidados cuando se las silencia porque se entiende que su voz particular y colectiva no cuenta.

Como dejó escrito Ruth Toledano en un artículo publicado en el libro grupal coordinado por Mamen Briz y Cristina Garaizabal, del colectivo Hetaira, La prostitución a debate. Por los derechos de las prostitutas (Talasa Ediciones, 2007), “hay que defender los derechos de quien ejerce este trabajo, defenderlo de sus accidentes y de los peligros de la moral aquella (la doble, la falsa, la mentirosa, la rancia, la represora, la injusta, la machista, la triste). Defender una moral alegre, segura y libre, una moral puta. Como todas”.

Tienen voz. Ya es hora de que se las escuche.